El Gobierno vasco reclama desde hace años la desaparición de la política de dispersión que se aplica a los presos de ETA para que cumplan condena en cárceles cercanas a Euskadi. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu encargó el año pasado un informe para evaluar el impacto que el alejamiento que se aplica desde la década de los 80 tiene en los familiares de los etarras. El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, ha presentado el informe y ha asegurado que con él queda constatado el efecto “indeseable” e “injusto” que provoca en los familiares de los etarras.

El citado documento será remitido a instituciones penitenciarias, así como a los responsables de Interior de Francia, Estado en el que cumplen condena decenas de presos de la banda terrorista. Fernández ha defendido que existen muchas razones de carácter legal, político o de convivencia para proceder a erradicar la dispersión de los miembros de ETA pero ha subrayado que el impacto que ésta tiene sobre las familias de los reos “es lo más importante”.

El Gobierno vasco remitirá el informe a las autoridades penitenciarias de España y Francia para solicitar el fin del a dispersión

El informe, elaborado por el instituto de Derechos Humano Padre Arrupe de la Universidad de Deusto, se basa en entrevistas a familiares de presos de ETA con perfiles seleccionados por el colectivo Etxerat de familiares de presos de la organización criminal. En ellos se subrayan las consecuencias que tiene desplazarse largas distancias para poder visitar a sus familiares presos y el impacto que en especial tiene esta medida en menores de edad, personas de edad avanzada o de movilidad reducida, así como el impacto económico que supone o el riesgo de sufrir accidentes. El informe asume gran parte de las tesis que ha venido defendiendo Etxerat en contra de la dispersión de los presos de ETA.

"Es un sufrimiento añadido"

En sus conclusiones apunta que con la dispersión se altera una de las funciones que la propia legislación penitenciaria española adjudica al entorno social y familiar y que es la de favorecer la resocialización y reinserción de los reos. Denuncia además que la aplicación de la misma sólo aporta “sufrimiento añadido a las familias” y aboga por su eliminación y regreso a un abordaje individualizado de cada caso para determinar en qué centro debe cumplir la condena.

En el documento que se remitirá a las autoridades penitenciarias de España y Francia se apunta por ejemplo que alrededor de 200 familias deben realizar viajes de 1.200 kilómetros para poder visitar a sus familiares encarcelados o que incluso el desembolso que deben realizar ronda los 1.500 euros mensuales en muchos caso, “es un sufrimiento añadido”.

El informe subraya que 200 familias deben realizar más de 1.200 kilómetros para visitar a sus familiares en prisiones alejadas de Euskadi

El responsable de Derechos Humanos del Gobierno vasco ha defendido el acercamiento de los algo más de 300 etarras que siguen en prisión a cárceles alejados de Euskadi al “no tener costes y sí beneficios, se mire por donde se mire”. Ha lamentado que por el momento desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy no se perciba una voluntad de cambio de la política carcelaria, una cuestión que ha calificado como de "mero sentido común".

Los responsables de la investigación concluyen que el tratamiento “generalizado” de los presos de ETA como un colectivo uniforme y al que se le aplica la dispersión “es incompatible con la vocación de resocialización que plantea la legislación penitenciaria y en el que reserva un papel fundamental a las familias”.