Carles Puigdemont, fugado a Bélgica hace casi un mes para sustraerse a la acción de la Justicia española, planea regresar a Cataluña dos días antes de la celebración de las elecciones autonómicas del 21-D en un golpe de efecto con el que pretende marcar el final de la campaña y que indecisos partidarios de la ruptura con España terminen apoyando la lista de Junts per Catalunya alentados por la imagen del candidato camino de prisión tras ser arrestado.
Éste es el plan con el que el ex president de la Generalitat pondría fin a su huida de España después de 51 días, según la información que maneja en estos momentos la Policía. Puigdemont regresaría dos semanas después de que un tribunal de Bruselas resuelva la orden europea de detención y entrega tramitada el pasado 3 de noviembre por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que le investigaba por la posible comisión de delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales junto al resto de consejeros que formaban su Gobierno hasta que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha reclamado este viernes la competencia para seguir instruyendo la causa.
El sucesor de Artur Mas al frente del Ejecutivo catalán viajó en coche en la madrugada del pasado 30 de octubre a Marsella junto a cinco consejeros (Joaquim Forn, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Meritxell Serret y Antoni Comín) para tomar un vuelo hasta Bélgica, horas antes de que la Fiscalía General del Estado interpusiera querella criminal contra todo su gabinete tras la declaración unilateral de independencia.
De consumar su plan, el ex 'president' forzaría su detención tras haber permanecido huido de la Justicia española durante 51 días
Según su relato, lo hizo porque en España no tenía "garantías" sobre su seguridad, presentándose como el presidente de los catalanes en un supuesto exilio. Días después de huir al país centroeuropeo, la juez Lamela decreta prisión incondicional para su vicepresidente, Oriol Junqueras, y siete consejeros más. Todos siguen de forma preventiva en la cárcel madrileña de Estremera.
Después de que la mayor parte de su gobierno y de la Mesa del Parlament haya abjurado de la declaración secesionista y haya acatado la aplicación del artículo 155, el mecanismo constitucional activado por el Gobierno previa autorización del Senado, Puigdemont busca ahora seguir alimentando el relato victimista para remontar en las encuestas ante los excelentes resultados que los sondeos demoscópicos auguran a ERC. Y el ex president, a la luz de la información que manejan los investigadores policiales, quiere sacar rédito electoral a su entrega.
Se da por hecho que la Justicia belga terminará entregando a las autoridades españolas a Puigdemont, aunque -en el mejor de los casos para el ex presidente de la Generalitat- sólo sera para ser investigado y eventualmente enjuiciado por un delito de malversación. Teniendo en cuenta que sólo es cuestión de tiempo que esté a disposición del Tribunal Supremo, ahora sí podría rentabilizar su detención y avivar las expectativas de voto para su formación ante la igualdad que las encuestas proyectan entre los partidos constitucionalistas y soberanistas.
Otra argumento que podría influir en esa decisión es el coste que está suponiendo una estancia tan prolongada en el extranjero, máxime cuando tanto la Generalitat como las asociaciones soberanistas están siendo monitorizadas tanto por el Gobierno como por la Justicia
Voto por correo
Puigdemont, que lidera la lista de Junts per Catalunya por la circunscripción de Barcelona por delante del hasta ahora líder de ANC (Jordi Sànchez), no se ha registrado en el censo de electores españoles que se encuentran temporalmente en el extranjero tras cerrarse el plazo el pasado miércoles a las 14 horas.
Con vistas a las elecciones del 21-D, los residentes en Cataluña tienen de margen entre el 28 de octubre y el 11 de diciembre para solicitar votar por correo. El plazo para remitir el sufragio abarca del 1 al 17 de diciembre, según el calendario establecido para estos comicios.
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