El Gobierno vasco lo definió como el acuerdo que traía “15 años de paz fiscal”. Por ahora, la paz está por llegar y quizá tarde en hacerlo. Aquella firma del 13 de julio entre el ministro Cristóbal Montoro y el consejero de Hacienda vasco, Pedro Azpiazu, -por la que se cerraban las diferencias arrastradas desde 2007 y se pactaba el Cupo vasco hasta 2021- y su ratificación en el pleno del jueves pasado no han hecho sino aumentar los tambores de guerra. Sin proyecto de reforma de financiación autonómica a la vista, la rebelión en muchas de las comunidades autónomas, recelosas del acuerdo “singular” para Euskadi, ha vuelto a activarse.

La secuencia se ha repetido, con mayor o menor intensidad, cada cinco años. Lo ha hecho coincidiendo con la renovación de la Ley Quinquenal que rige el Concierto y el Cupo en Euskadi. En el lado de la acusación el argumentario contra el régimen foral vasco ha resurgido; “es un privilegio”, “es insolidario”, “es hora de revisarlo…”. En el de la defensa, también: “Es un derecho histórico”, “las críticas son fruto del desconocimiento”, “es solidario”, “es de riesgo unilateral”… La paradoja radica en que la casi unanimidad -294 votos a favor- del Congreso en favor del Cupo, con el voto en contra de Ciudadanos y Compromís, dista mucho de la oposición en amplios sectores de la sociedad española y política de nuestro país.

En 10 años el País Vasco ha pagado 10.500 millones para financiar su parte de las competencias del Estado

Es evidente que no es un tema sencillo. Ni comprenderlo, ni analizarlo. Ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo. Estos días han proliferado los cursillos express para entender qué es el Concierto Económico vasco y qué es el Cupo. En una evidente simplificación, se podría afirmar que el primero, el Concierto, es algo así como un acuerdo que marca las normas de convivencia (fiscal) que van a regir en una comunidad de vecinos. Un contrato que fija quién hace qué y quién paga qué. El segundo pilar, el Cupo, establece el importe, la cuota, la factura que pagará cada vecino por los servicios comunes.

Normas de vecindad fiscal entre Euskadi y España y cuotas anuales que además se revisan cada cinco años. Y ahora tocaba revisión. Hacía seis años que debía haberse hecho pero el acuerdo no fue posible y las liquidaciones anuales se arrastraban desde 2011.

Detalle del acta del acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y el Gobierno vasco por el que se fija el Cupo 2017-2021. Mikel Segovia

Competencias del Estado, 10.500 millones desde 2007

Hoy sabemos que durante los próximos años a los vascos y vascas les costará 1.300 millones, o menos, disfrutar de los servicios que el Estado presta en Euskadi y que no ha transferido, en muchos casos por tratarse de competencias de “interés general”. Un análisis de los últimos 10 años permite concluir que a la sociedad vasca disponer de la defensa del Ejercito español, los puertos, la Corona, las embajadas o el Tribunal Constitucional les ha costado a razón de 2,87 millones de euros diarios. La suma de todos los pagos desde 2007 suman un desembolso a la Administración del Estado de 10.482 millones de euros. Es el precio de la vecindad fiscal pactada en base al Concierto Económico.

Disponer de los servicios del Estado no siempre le ha costado lo mismo a los vascos. Así, el Cupo que pagará a partir de ahora Euskadi será de los más bajos de los últimos años. Los 1.300 millones de euros acordados como cupo base -que tras los ajustes podrían reducirse hasta los 850 millones- están lejos de los 1.595 millones de euros que aportó hace 10 años. Ya en 2008 el Cupo cayó hasta 1.168 millones para tocar fondo en 2009 con 716 millones. Fue el año más ventajoso. Desde entonces la cantidad ha oscilado entre los 857 millones de 2012 y los 1.148 que pagaron los vascos para el sostenimiento del Estado el año pasado.

El acta del nuevo Cupo apenas detalla las partidas que se han acordado

Las instituciones vascas insisten en que abonan una cantidad mayor de la que les correspondería por población y por PIB. Señalan que el 6,24% del coste de los servicios del Estado se costean con sus impuestos, porcentaje que está por encima del 4,8% que representan en población y del 6,1% de Producto Interior Bruto.

A quienes les acusan de privilegio, les recuerdan que el Concierto les obliga a pagar “sí o sí” el cupo acordado, independientemente de cómo se comporte la economía vasca cada año o la capacidad recaudatoria que tienen sus Haciendas. Si las cosas vienen mal dadas la factura no variará y nadie acudirá a su rescate. Es lo que se denomina sistema de “riesgo unilateral” y que al contrario que el resto de comunidades –a excepción de la Navarra- les impide pedir auxilio para sostener sus competencias a través del Fondo de Compensación Interterritorial.

Las voces que estos días han cuestionado el Concierto Económico, el acuerdo de relación fiscal Euskadi-España, han sido pocas. Blindado por la Constitución y el Estatuto de Gernika, del que el propio gobierno del PP hizo una defensa firme. El verdadero debate y fractura lo ha producido el Cupo, la factura que se cobra a Euskadi por los servicios que presta el Estado en el País Vasco.

Ajustes en la factura

Los técnicos tributarios del Gobierno de Iñigo Urkullu y el de Mariano Rajoy acordaron fijar ‘la factura’ en 1.300 millones anuales. Es el llamado cupo base que servirá de referencia para los pagos hasta el año 2021, con sus correspondientes índices de actualización. Se considera que esa es la aportación alícuota que corresponde a los vascos al sostenimiento de competencias como Defensa, las embajadas, la Corona, los puertos o incluso el Fondo de Compensación Autonómica del que no puede hacer uso.

La gran incógnita radica en el mecanismo de cálculo. El nivel de detalle que ambas partes de la negociación han facilitado para conocerlo es mínimo. Desentrañar cómo se llega a esa cifra de Cupo no es fácil. Analizando el acta del acuerdo, sí se descubren las grandes cifras que han llevado a los 1.300 millones. La cuenta del Cupo de 2017 arranca del importe del presupuesto de gasto del Estado, 276.152 millones de euros. A esa cantidad se le descuentan los 89.966 de “cargas asumidas” que se le reconocen al País Vasco por aquellos servicios o cargas que ha abonado y que correspondía pagar al Estado por sus competencias. En este punto de la ecuación, el resto es de 186.185 millones de euros, cantidad sobre la que se debe aplicar el índice de imputación fijado en el 6,24%. El importe resultante es de 11.617 millones de euros a los que aún queda por aplicar una larga lista de “ajustes y compensaciones”.

Los vascos aportan el 6,24% de coste de la Defensa, la Corona, las embajadas, los puertos o el Tribunal Constitucional

La lista de ajustes suma otros 10.313 millones a descontar. Corresponden a tributos no concertados, ingresos no tributarios, por el déficit presupuestario del Estado o por impuestos directos no concertados. Finalmente, el último descuento por 4,4 millones se refiere a unas compensaciones en Alava. Una vez aplicados todos los ajustes el “cupo líquido a pagar” resultante es de 1.300,1 millones de euros en 2017.

Un cupo que en realidad ni siquiera será el importe final ya que a ellos habrá que descontar el pago que por la gestión de políticas activas de empleo, alrededor de 344 millones, habrá que hacer y los alrededor de 100 millones por las obras del Tren de Alta Velocidad –en tramos financiados por el Estado- que ya ha adelantado el País Vasco. Para entonces la cifra habrá caído a un montante cercano a los 850 millones de euros de pago en concepto de Cupo. Una cantidad que Euskadi abonará al Estado en tres plazos; mayo, septiembre y diciembre.

Un acuerdo fiscal desde 1878

Además, los litigios contables que ambas administraciones arrastraban desde 2007, ejercicios en los que no hubo acuerdo sobre la cantidad que debía pagar el País Vasco también han quedado ahora resueltos en favor de las haciendas vascas. Euskadi reclamaba a su favor un acumulado de 1.600 millones en la última década por considerar que había asumido pagos que correspondían al Estado. Las negociaciones presupuestarias que derivaron en el acuerdo cerrado este jueves situaron el apretón de manos en un reconocimiento de saldo a su favor de 1.400 millones a devolver. Se entregarán de modo fraccionado cada uno de los próximos cinco ejercicios. El primero de ello se descontará del Cupo el 10%, es decir 140 millones. El año que viene será el 15% (210 millones), en 2019 el 20% (280), el 25% un año después (350 millones) y el 30% (420 millones) en el último ejercicio contable del acuerdo quinquenal, allá por 2021.

El acuerdo del Concierto Económico se remonta a 1878, cuando tras la abolición de los fueros vascos después de la II Guerra Carlista Cánovas del Castillo acordó un sistema de contribución de las provincias vascas a las finanzas del Reino de España. Para ello reconoció a las diputaciones vascas la facultad de recaudar impuestos y detraer después de todos ellos la parte para sufragar su parte alícuota a los gastos comunes del Estado. Y así se mantuvo el sistema vigente hasta que tras la Guerra Civil Franco decidió suspenderlo en Vizcaya y Guipúzcoa –y mantenerlo únicamente en Alava- por ser “provincias traidoras”. En 1981, durante la Transición, el Concierto Económico se recuperó en las tres provincias vascas.

En tiempos de Cánovas del Castillo se acordó el régimen singular de relación fiscal que desde entonces rige entre el País Vasco y el Estado

El otro pilar de la singularidad financiera del País Vasco se sustenta sobre el Cupo, el importe que Euskadi abona para financiar las competencias no asumidas y que ejecuta el Estado. Desde hace 36 años se considera que Euskadi debe financiar el 6,24% de los gastos comunes del mantenimiento del Estado, exceptuando las materias que tiene transferidas de modo exclusivo. Las tres haciendas vascas son competentes para fijar sus normas fiscales y recaudar los impuestos previamente concertados con el Estado (IRPF, Impuestos de Sociedades, IVA, sucesiones, especiales).

No todo lo que recauda el País Vasco va a engordar sus finanzas. Determinados impuestos, como el IVA, alcoholes o hidrocarburos deberá ajustarlos con el Estado para que Euskadi sólo se apropie de lo que en proporción le corresponde en función de su PIB. El llamado cupo base se calcula cada inicio de quinquenio. Es la estimación de lo que el País Vasco deberá asumir cada ejercicio. Sin embargo, a esa cantidad se le aplicarán diversos ajustes tributarios, así como los relativos al déficit presupuestario del Estado que no se financian con los impuestos recaudados.