Iglesias quiso convencer a Rajoy y a Sánchez para que aceptaran una Ley de Claridad

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, propuso a Mariano Rajoy y a Pedro Sánchez, con el visto bueno de la confluencia catalana, acordar una Ley de Claridad a imitación de la canadiense con la que poner las bases de un futuro, y pactado, referéndum de independencia. La iniciativa se planteó en septiembre pasado, pero lo único que trascendió de las distintas conversaciones cruzadas de tan convulso mes, que arrancó con la aprobación en el Parlament de las leyes de "desconexión", fue la invitación que el mismo Iglesias hizo a Rajoy y a Carles Puigemont para que concertaran el nombre de un mediador. Escaso éxito tuvo el secretario general de la formación morada en un caso y otro.

La propuesta de una Ley de Claridad a la quebequesa recibió el rechazo tanto del presidente del Gobierno como del líder socialista, admiten fuentes de Podemos, aunque no todo el mundo en el Ejecutivo "lo veía con malos ojos", sin especificar más. Aquello decayó, pero este lunes el candidato de En Comú Podem a la presidencia de la Generalitat, Xavier Domenech, lo ha resucitado como parte de su propuesta programática para el 21-D.

Durante una conferencia en Barcelona, el aspirante catalán ha defendido que dicha ley "debe tener elementos básicos como un reconocimiento vinculante de los derechos sociales, medioambientales, económicos, de justicia de género y laborales; definir las competencias exclusivas, las compartidas y las cedidas, y tener en su base un acuerdo fiscal, con una hacienda propia y solidaria que tenga en cuenta la equidad y la ordinalidad", así como establecer las condiciones para una consulta, esto es, el tipo de pregunta, el mínimo de participación o a partir de qué porcentaje de voto el resultado es vinculante, tal y como establece la legislación canadiense del año 2000, que endurece las condiciones de una nueva consulta tras la celebrada en 1995. Lo cierto es que el afán independentista de Quebec vive ahora sus momentos más bajos.

Los "comunes" creen que podría hacer una consulta pactada en un horizonte de 10 años

La nueva regulación, previo acuerdo entre las fuerzas catalanas, se votaría como ley orgánica en el Congreso de los Diputados. Significa que se necesitaría de una mayoría cualificada, reforzada, de dos tercios de la Cámara Baja, la misma que para reformar un Estatuto de autonomía. Domenech ha ido un paso más allá al apostar por un modelo confederal, superador del federal que defienden los socialistas.  Y la pretensión de los "comunes" de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, es incluirlo en un acuerdo parlamentario de "diez puntos" al que se puedan sumar ERC y los socialistas del PSC, para abrir la puerta a una "referéndum pactado en un horizonte de unos diez años".

Sin embargo, a tenor de las palabras de este lunes de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, no parece que Domenech vaya a encontrar eco entre los republicanos independentistas, al menos antes de las elecciones. Rovira, -con un gran protagonismo por el encarcelamiento de su jefe de filas, Oriol Junqueras, y también por su cada día más controvertidas declaraciones- no habla de nuevas consultas sino de "implementar" la República catalana en caso de que gane el bloque independentista y aboga por un gobierno amplio de concentración que incluya a los "comunes", seguros árbitros de una aritmética parlamentaria que no se prevé sencilla y amenaza, incluso, con repetición electoral.

Rajoy y Rivera no hablan desde finales de octubre y Sánchez e Iglesias desde septiembre

Tampoco tiene Domenech el favor del PSC. Iceta ha afirmado por activa y por pasiva que no ayudará a investir a un presidente independentista, al tiempo que se opone a cualquier fórmula de referéndum pactado de autodeterminación. Es verdad que también es reacio a apoyar a la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, para facilitar su camino al Palacio de Sant Jaume, convencido como está de que resultará el más votado entre los constitucionalistas y él puede conseguir, al menos, la abstención de los "comunes" para que prospere su investidura, cosa que no conseguiría la candidata "naranja".

La campaña de los comicios del 21-D encona la relación entre las distintas formaciones políticas, clima habitual en periodos preelectorales. No obstante, hay deterioros más acentuados que otros. Lo más destacable es que dichos deterioros se está produciendo no entre los dos bloques que definen el devenir político catalán, sino en cada uno de ellos. Uno es el que viven Rajoy y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que no hablan desde la aplicación del 155, el pasado 21 de octubre a pesar de contar el jefe del Ejecutivo con su respaldo para afrontar la crisis catalana.  Quienes han cortocircuitado también su relación son Sánchez e Iglesias, que no hablan desde septiembre, según las mismas fuentes. No deja de ser curioso el mal estado de interlocución entre dirigentes que se necesitan mutuamente, Rajoy para seguir en el Palacio de la Moncloa y Sánchez para llegar a él.