El Congreso debatirá la regla de gasto por 4 minutos de retraso en el veto del Gobierno

El veto parlamentario se ha convertido en uno de los protagonistas de esta legislatura. El Gobierno tiene capacidad para evitar el debate de cualquier iniciativa que pueda suponer un aumento presupuestario y con esta herramienta ha frenado una treintena de medidas. La normalidad y la confianza con la que el Ejecutivo ha utilizado en los últimos meses esta herramienta -en teoría excepcional- le ha jugado esta vez una mala pasada. Un error de forma, después de registrar cuatro minutos tarde este veto, le ha impedido a Mariano Rajoy echar atrás una de las medidas estrella de Unidos Podemos: la flexibilización de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, que fija el techo de gasto de las administraciones locales y que, tras este error, se debatirá en el Congreso de los Diputados. La medida se presentó para evitar que el  Ministerio de Hacienda pueda intervenir ayuntamientos con superávit como ocurrió en el Consistorio de Madrid. Es la primera vez esta legislatura que se anula un veto.

El encargado de interponer formalmente este veto parlamentario era la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, encargado de la comunicación habitual entre el Gobierno y el Congreso y dependiente de José Luis Ayllón. Efectivamente, este veto se presentó en el registro del Congreso, pero lo hizo cuatro minutos más allá del plazo de un mes que tenía para registrarlo, por lo que la Mesa, compuesta por representantes de los principales partidos, ha rechazado el escrito del Gobierno, y esta proposición de ley, con carácter vinculante, será debatida y previsiblemente admitida a trámite en el pleno de la próxima semana en el Congreso de los Diputados.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, organizaba una comparecencia en el Congreso una vez conocida la sorpresa, y en ella se felicitaba por la "incompetencia del Gobierno". "Es paradójico que por la torpeza del Gobierno de no presentar el veto en plazo vayamos a tener un debate crucial en el Congreso. Es la legislatura de los vetos"; ha defendido Iglesias, que ha denunciado la "manera ilegítima" de ejercer esta facultad por parte del Ejecutivo. "Tenemos que celebrar la incompetencia del Gobierno porque esta ley va a poder tramitarse y debatirse en el Congreso", ha agregado también Segundo González, diputado encargado del área económica de Podemos.

Desde el Gobierno han lamentado en el error. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, apelaba a la "cortesía parlamentaria" y lamentaba que no se hubiera aplicado en esta caso, puesto que, según ha destacado, es una práctica habitual abrir la mano cuando hay errores formales de este tipo. El propio secretario de Estado, Ayllón, ha atendido a los periodistas en los pasillos del Parlamento, donde ha señalado que "han sido muchísimos los escritos recibidos fuera de plazo", aunque ha señalado que "el Gobierno es siempre es respetuoso con las medidas que adopta el Parlamento". Ha especificado, eso sí, que esta medida, de aprobarse, supondría en las próximas cuentas "más de 100.000 millones de euros entre el gasto y la disminución de ingresos".

Una vez debatida en el Congreso esta iniciativa y admitida a trámite, el Gobierno podrá, según ha explicado Ayllón, introducir una enmienda de no conformidad, aunque posiblemente no sea aceptada por el resto de grupos. En este caso, el Ejecutivo no dudará en interponer el veto en el Senado, la Cámara tendría que ratificar la norma antes de salir a la luz. y donde el PP haría valer su mayoría absoluta para sacar este veto adelante.

Flexibilizar la regla de gasto

La proposición de Ley presentada por Unidos Podemos exime de cumplir la ley de estabilidad presupuestaria a los ayuntamientos que tengan sus cuentas más saneadas. Para ello, las corporaciones locales deberán contar con superávit, tener un nivel de deuda menor al 110% y cumplir con sus pagos a proveedores con tiempo inferior a los 30 días.

Esta limitación se deriva de la reforma del artículo 135 de la Constitución y de la consecuente Ley de Estabilidad Presupuestaria, que fija una serie de criterios y herramientas para controlar las cuentas de las diferentes administraciones públicas, entre ellas la regla de gasto. Con la iniciativa, Unidos Podemos trata de flexibilizar su aplicación para que los ayuntamientos puedan dedicar el superávit obtenido a inversiones públicas, pues creen que no tiene sentido fijar un tope de gasto en supuestos como los del Ayuntamiento de Madrid, donde a pesar de contar con 1.022 millones de euros de superávit en 2016 y haber reducido el nivel de deuda, el Ministerio de Hacienda y Función Pública cuestiona sus cuentas por haber superado su umbral de gasto en 234 millones de euros.