El acta de los Mossos para el 1-O ya preveía las incidencias registradas en los centros de votación

Los mandos de los Mossos d'Esquadra que diseñaron el operativo policial del 1-O ya sabían con anterioridad que el dispositivo con el que tendrían que haber evitado el desarrollo del referéndum de autodeterminación no se podría ejecutar. Existe una prueba documental que les compromete claramente: el acta tipo entregado a los agentes que debían personarse en los centros de votación, en el que ya preveían las circunstancias que posteriormente alegaron para justificar el incumplimiento de las órdenes dictadas por jueces y fiscales.

El Independiente ha tenido acceso a un acta cumplimentada por un policía de la Generalitat que estuvo de servicio el 1-O en el que se detalla cómo los responsables del cuerpo establecen de antemano como hechos cuatro de los supuestos que se registraron el día de la consulta ilegal. A saber: Negativa reiterada y manifiesta a desocupar el local, posibilidad de que se produjeran altercados con peligro para personas y bienes, imposibilidad de los agentes de acceder al colegio electoral y presencia de personas vulnerables (niños, gente de edad avanzada...).

Acta entregada a los Mossos en el que ya se preveían las situaciones registradas el 1-O. EL INDEPENDIENTE

Mossos consultados por este diario han mostrado su extrañeza por el hecho de que, "con anterioridad", los mandos previeran en el acta los supuestos que se encontrarían los agentes al llegar a los centros de votación en lugar de dejar el campo abierto en el formulario para que fuera el funcionario policial el que detallara la incidencia registrada en cada caso. Como el documento que se reproduce junto a estas líneas, son varios millares los cumplimentados aquel día, quedándose muchos agentes con un ejemplar fotocopiado en previsión de que de la manifiesta inacción del Cuerpo aquella jornada pudieran derivarse en el futuro responsabilidades penales por desobedecer una instrucción judicial. Ello es lo que tratan de dilucidar ahora diversos juzgados catalanes, que han abierto diligencias a raíz de denuncias ciudadanas y de sindicatos policiales.

Esta prueba documental alimenta la tesis que mantiene la Guardia Civil, que defiende la "connivencia" existente entre la cúpula de los Mossos d’Esquadra y los organizadores del referéndum de autodeterminación. Ello posibilitó que la consulta ilegal se llevara a cabo “con total normalidad" y que la Policía de la Generalitat pudiera "maquillar" los datos sobre sus actuación el 1-O para justificarse ante los jueces, como los investigadores han puesto de manifiesto en sus informes.

El formulario detallaba los supuestos que luego se encontraron los agentes en los colegios electorales, como la presencia de personas vulnerables

La investigación sobre el 1-O desmonta la versión ofrecida por los Mossos en el informe entregado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el que detallaba la intervención realizada aquel día en cumplimiento de las órdenes recibidas por jueces y fiscales para evitar que se celebrara el referéndum. Según la Policía Autonómica, el 1 de octubre detuvo la votación que se desarrollaba en 99 colegios electorales y se incautó de más de 400 urnas distribuidas en 141 centros de votación, además de papeletas, material informático y documentación relacionada tanto con el censo como con la preparación de las mesas electorales.

Frente a estas cifras, la Guardia Civil sostiene que 50 de los 99 colegios electorales en los que supuestamente la Policía Autonómica catalana habría detenido la actividad corresponden a municipios pequeños en los que sólo hay un centro de votación y, sin embargo, la Generalitat los incluyó entre los que hubo recuento de votos. No sólo eso. En el 82% de esos 50 centros (41) se contabilizaron más síes que personas censadas, lo que desacredita los resultados anunciados por la Generalitat.

Igualmente se ha constatado la existencia de tres localidades con dos centros de votación teóricamente cerrados por los Mossos cuyos votos a favor de la independencia constan también como contabilizados en los resultados oficiales del Ejecutivo catalán. Habrían intentado, de esta forma, "maquillar" los resultados para hacer creer a los jueces que, lejos de lo que mantienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sí actuaron el 1-O.

La inacción del Cuerpo dirigido operativamente entonces por Josep Lluís Trapero, documentada en decenas de vídeos aportados por la Guardia Civil al juzgado de la Audiencia Nacional que instruye una causa por sedición y que ha imputado al ex mando policial, va a tener responsabilidades penales para muchos de los agentes que intervinieron en el citado dispositivo. La División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos ha empezado ya abrir informaciones reservadas a los funcionarios que hicieron acto de presencia en los centros de votación aquel día.

¿Actuaciones particulares?

En este sentido, algunos sindicados con representación en los Mossos d'Esquadra han denunciado públicamente el golpe de timón de la dirección de la Policía de la Generalitat, que ha pasado de prometer que "los mandos asumirían toda la responsabilidad" a defender que "cada uno es responsable de sus actos y sabrá lo que ha hecho".

En este sentido, el Sindicato de Policías de Cataluña (SPC) ha advertido que la "finalidad última" de la actuación que sigue ahora la DAI es argumentar que los errores que se hubieran podido cometer el 1-O obedece a "actuaciones particulares" de agentes de los que se desmarca la dirección del Cuerpo, con lo trataría de blindar a los mandos. "No tiene sentido que se dupliquen las investigaciones mediante una División de Asuntos Internos que ya hace tiempo que quedó desprestigiada por su dependencia de la estructura jerárquica más política del Cuerpo", sostiene el SPC.