El juez exigirá a Junqueras y 'los Jordis' que acaten la Constitución para excarcelarles

El magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa contra la cúpula independentista por el procés sólo excarcelará a los integrantes del destituido Gobierno de Puigdemont y a los líderes de las asociaciones soberanistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural si acatan de forma expresa la Constitución, lo que obligará a éstos a dar un paso más en su comparecencia ante Pablo Llarena respecto a los argumentos esgrimidos en el escrito con el que han pedido al juez que decrete la libertad provisional o les suavice las medidas cautelares.

El ex vicepresidente Oriol Junqueras; los ex consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Carles Mundó y Dolors Bassa, y los presidentes de ANC (Jordi Sànchez) y Òmnium Cultural (Jordi Cuixart) han comparecido ya o lo están haciendo en el alto tribunal este viernes para declarar ante el nuevo instructor que les investiga por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos -las diligencias las abrió la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que acordó inhibirse del conocimiento de los hechos en favor de Llarena- y para que éste tenga nuevos elementos de juicio que puedan llevarle a replantearse la medida de prisión preventiva.

El primero en declarar ante el instructor del Tribunal Supremo ha sido Oriol Junqueras. Las comparecencias están transcurriendo con mucha celeridad y se prevé que todos hayan terminado a primera hora de la tarde, tras lo cual se conocerá cuál es la petición que formulan los fiscales y qué decisión adopta el magistrado.

El ex vicepresidente y los otros ex 'consellers aceptan el 155 y aseguran que actuarán por la "vía del diálogo", pero no han hecho hasta ahora un acatamiento expreso de la Carta Magna

El juez Llarena y los fiscales tendrán que valorar si concurren los supuestos por los que Lamela ordenó el ingreso en la cárcel tanto de los Jordis -el pasado 16 de octubre- como de los miembros del último Govern, privados éstos de libertad desde el 2 de noviembre. La comparecencia judicial de este viernes es trascendental para el futuro inmediato de los imputados, algunos de los cuales dan por hecho -según fuentes penitenciarias- que abandonarán la prisión de forma inmediata: entre el viernes y el sábado.

Aplicando el mismo razonamiento que defendió el instructor cuando el pasado 9 de noviembre acordó prisión provisional eludible bajo fianza para la presidenta y los integrantes de la Mesa del Parlament imputados (Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet), el instructor no podrá invocar la persistencia del riesgo de fuga por cuanto los investigados no han eludido la acción de la Justicia al responder a la citación de la Audiencia Nacional a diferencia de Puigdemont y otros cuatro ex consellers.

La clave estará en la apreciación de la posibilidad de reiteración delictiva, otro de los supuestos invocados por Lamela para justificar la prisión preventiva de Junqueras y sus antiguos compañeros de gabinete. En el caso de los miembros del Parlament, Llarena ya vio conjurado ese riesgo, lo que justificó con la siguiente argumentación: "No es que hayan asumido [todos los querellados] la intervención derivada de la aplicación del artículo 155 de la Constitución española sino que han manifestado que, o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional".

"Discrepancia política y jurídica"

A la vista de las resoluciones del instructor, el acatamiento expreso de la Constitución es la línea que puede separar la prisión incondicional de la prisión eludible bajo fianza. Y eso obliga a los ex consellers a dar un paso más en su comparecencia ante el magistrado de la Sala Segunda del Supremo.

En el escrito presentado este lunes, días después de que Llarena reclamara la causa que se seguía en la Audiencia Nacional, la defensa de Junqueras y de otros tres ex consejeros más (Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa) esgrime como argumento para que el juez decrete medidas cautelares menos gravosas para sus representados que éstos "aceptaron y aceptan" la aplicación del artículo 155 de la Constitución "desde la más profunda discrepancia política y jurídica". Pero no hay un acatamiento expreso de la Carta Magna.

"Mis mandantes no renuncian a sus convicciones políticas, que pasan (como han defendido siempre) por un compromiso inquebrantable con los principios de la no violencia y la democracia, porque entienden que son legítimas y que la Constitución protege expresamente su derecho a defenderlas. Su proyecto político se enmarca en una lectura amplia, progresista y extensiva de la norma fundamental en la que, mediante la negociación y el diálogo, se permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Cataluña", expresan.

La lectura de las 18 páginas del escrito no permite concluir que Junqueras y los otros ex consellers reconocen de manera explícita la Constitución. Tan sólo dejan claro que no se han opuesto a las medidas autorizados por el Senado al Gobierno de Rajoy, después de que el Parlament declarara la independencia de forma unilateral el pasado 27 de octubre.

El juez Llarena no vio riesgo de fuga al decretar prisión eludible bajo fianza para la presidenta del Parlamento catalán porque había acudido a la citación judicial

El abogado de los imputados sostiene que éstos no pueden tomar decisiones "susceptibles de generar un riesgo de reiteración delictiva" por cuanto ya no ocupan responsabilidades institucionales tras la destitución del Govern y que, de formar parte del Ejecutivo que se constituya tras las elecciones del próximo 21 de diciembre, están "firmemente comprometidos a canalizar su actuación por las vías del diálogo y la negociación". Y a fin de "ratificar" ante el magistrado los "términos de su voluntad de actuación futura" es por lo que le piden que les cite a declarar.

Las fuentes consultadas por este periódico se muestran convencidas de que la Sala Segunda del Supremo no rebajará más el listón después de haber aceptado la vía Forcadell, lo que exige que los ex consejeros sean más explícitos en cuanto al reconocimiento de la Constitución y a expresar su voluntad de no trabajar en favor de la independencia fuera del marco legal. Si la presidenta del Parlament pudo eludir la prisión tras depositar 150.000 euros de fianza fue a raíz de que la diputada Ramona Barrufet declarara que no sólo acataba el 155 y no reconocía la declaración unilateral de independencia, sino que aseguró que respetaría en adelante la Carta Magna.

Material probatorio

Igualmente, la defensa de los ex consellers considera que tampoco concurre el riesgo de ocultación de pruebas, toda vez que ya no ocupan cargos de responsabilidad a nivel institucional y ya se ha hecho "acopio suficiente" de material probatorio en otros procedimientos judiciales en los que se dilucidan responsabilidades por la organización del referéndum ilegal. En este supuesto, Pablo Llarena también entendió disipado ese eventual riesgo en el caso de Forcadell por cuanto no se han constatado actuaciones o decisiones "orientadas a la hipotética destrucción de los vestigios derivados de su participación" más allá de una "inespecífica sospecha".

El instructor recordaba que las afirmaciones que se vieron obligados a realizar los integrantes de la Mesa del Parlamento catalán para no ingresar en prisión podrían ser "mendaces", lo que le llevaría -señaló- a modificar las medidas cautelares para que no tenga continuidad la actuación ilegal objeto de la investigación.

"Lo que haga falta"

El presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, ha pedido este viernes por la mañana a los ex consellers en prisión preventiva que hagan "lo que haga falta para salir" de la cárcel, una petición que ha extendido a los líderes de Òmnium, Jordi Cuixart, y la ANC, Jordi Sànchez.

"Os queremos en casa. Tenéis que salir de la cárcel porque no deberíais haber entrado nunca", ha publicado en un mensaje de Twitter el mismo día que el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros siete ex consellers comparecen ante el Tribunal Supremo con la esperanza de que el juez modifique su actual situación procesal, dictada por la Audiencia Nacional.