Los abogados de Puigdemont calculan que el juez belga no resolverá antes de una semana

Los abogados belgas que intervienen en la defensa del ex president Carles Puigdemont y de los ex consellers Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret calculan que el tribunal de Bruselas que tiene que fallar sobre la petición de detención y entrega cursada por la Audiencia Nacional tardará en torno a una semana en resolver. Es la estimación que realizan atendiendo a su "experiencia y conocimientos", según dijeron a este diario fuentes de las defensas.

La vista en el Tribunal de primera instancia de Bruselas para decidir sobre la entrega a las autoridades españolas del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de los cuatro ex consellers que le acompañan ha comenzado en torno a las 09:00 horas. "Todos se encuentran ya en el interior y la audiencia comenzará en unos minutos", han informado fuentes policiales, que han indicado de que la comparecencia podría durar horas y que a su conclusión los abogados de la defensa comparecerán ante los medios.

La Policía belga ha puesto en marcha un importante dispositivo de seguridad que ha impedido ver a los cinco políticos catalanes llegar a la sede del tribunal y que mantiene a los medios de comunicación y curiosos a distancia del edificio.

Puigdemont y sus cuatro ex consejeros estaban citados a primera hora de este lunes ante un juzgado de primera instancia belga, después de que se pospusiera la vista el pasado 17 de noviembre. Aquel día tan sólo tomó la palabra el representante de la Fiscalía, que apoyó la extradición de los miembros del Govern a las autoridades españolas para que respondan por la posible comisión de cuatro de los cinco delitos que les atribuye la magistrada Carmen Lamela: rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia. El Ministerio Público belga cerró la puerta a que puedan ser investigados también por prevaricación, como también planteó en la euroorden librada la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional.

"El juez belga tiene muchísima documentación que debe examinar. Además, la vista se celebrará sin límite de tiempo y sólo para las defensas, porque el fiscal ya agotó su turno en la anterior comparecencia. Tienen previsto hacer un receso para comer. Eso quiere decir que el juez belga se tomará su tiempo", explican las fuentes. Éstas aseguran que la intervención del representante del Ministerio Público duró tan sólo 15 minutos y que giró en torno a la aplicación de un artículo del Código Penal belga "en desuso desde hace 200 años": el relativo a la concertación de funcionarios o autoridades públicas para incumplir leyes que "está previsto para cuadros intermedios" y "choca abiertamente con los derechos fundamentales".

De esta forma, el tribunal belga resolverá cuando el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ya se haya pronunciado -notificará su auto este lunes a las 9 horas- sobre la eventual excarcelación de Oriol Junqueras, otros siete ex consellers y los líderes de las asociaciones soberanistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural (Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente) tras tomarles declaración el pasado viernes durante cuatro horas y media. La solicitud de entrega la formuló la juez Lamela y el tribunal belga responderá a ésta, aunque la magistrada de la Audiencia Nacional se haya inhibido ya en favor de Llarena del conocimiento de la causa que instruía por rebelión contra los miembros del Govern.

La decisión marco del Consejo de la Unión Europea que regula la orden de detención prevé 32 delitos en los que procede la entrega entre estados miembros en virtud de una orden de detención europea, siempre que el código penal del país emisor castigue ese ilícito con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad de un máximo de al menos tres años. Esta condición se cumple holgadamente, puesto que los investigados se enfrentan sobre el papel a penas de hasta 48 años de cárcel y de 17 de inhabilitación.

La vista de este lunes se celebrará sin límite de tiempo y con la intervención sólo de las defensas, puesto que el fiscal ya consumó su tiempo en la comparecencia anterior

En el caso del ex president, Lamela marcó en el formulario la casilla de ‘corrupción’, infracción en la que encajaría teóricamente la malversación de caudales públicos. Superado ya que los hechos por los que se solicitan su entrega tienen encaje en la citada lista de 32 delitos tasados, lo que se debate ahora es la doble incriminación y si verdaderamente hay falta de garantías, como sostienen los huidos.

Formulario enviado por la juez Lamela a Bélgica, donde detalla que la orden de detención es por 'corrupción'. EL INDEPENDIENTE

En este sentido, las defensas harán ver con total seguridad que, mientras en los autos de prisión la magistrada de la Audiencia Nacional sólo detallaba delitos de rebelión, sedición y malversación, en la documentación enviada a Bruselas para justificar la detención especifica también prevaricación y desobediencia. Y ello lo invocarán como una "arbitrariedad" que implica "falta de garantías para tener un juicio justo".

Como ya informó El Independiente, el Gobierno teme que las autoridades judiciales belgas accedan a entregar a España a Carles Puigdemont y a los cuatro ex consellers para que se les investigue sólo por la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos y no por rebelión y sedición, lo que generaría una situación paradójica: altos cargos de la Generalitat de Cataluña con menores responsabilidades que el ex president -casos del ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y de los otros siete ex consejeros que se encuentran en prisión preventiva desde el pasado 2 de noviembre- se enfrentarían previsiblemente a penas más severas pese a no haberse declarado en rebeldía judicial.

"Febrero o marzo"

A la espera de lo que resuelva el tribunal belga en primera instancia, se da por seguro que habrá recurso tanto si se deniega la detención y entrega -en ese caso por parte de la Fiscalía belga- como si la Justicia de este país accede a la pretensión de la Audiencia Nacional, en éste por Puigdemont y sus ex consejeros. La Corte de Apelaciones y posteriormente la Corte Suprema son los órganos jurisdiccionales del país centroeuropeo en los que se podría combatir el fallo en instancias sucesivas, lo que pospondría hasta "febrero o marzo" -según las fuentes consultadas- la resolución definitiva del caso.

En el supuesto de que no prosperase la petición formulada por la Audiencia Nacional, España ya no podrá reclamar la entrega de Puigdemont y de cuatro de los miembros que integraban su gabinete en países de la Unión Europea para responder por los mismos delitos. En ese caso, aquéllos podrían establecerse en cualquier país que pertenezca al espacio Schengen.

"Si se deniega la entrega no van a volver a España. No se fían de que el Estado español les persiga con otras cosas que se inventen. Quiero decir que, muy probablemente, no los veremos por España en mucho tiempo", añaden las fuentes.