A la espera de los intentos de intrusión que, sin duda, se producirán en la consulta electoral del 21 de diciembre, el Gobierno maneja informes poco tranquilizadores sobre la autoría real de esas injerencias y perfiles que llenan las redes sociales de informaciones falsas sobre el procés. El CNI apunta a Rusia como responsable de los ataques con origen venezolano, en torno a un 30% de los mismos. Además, la información procedente de Estados Unidos en poder de Exteriores, el Ministerio de la Presidencia e Interior es que "rusos y chinos han tomado el control del régimen de Maduro". Es por ello que los ataques e injerencias de Venezuela parecen tener autoría rusa, aunque el Ejecutivo pasa de puntillas sobre si la Administración Putin está detrás de ellos.
"Tenemos pruebas de las injerencias desde Rusia por informes del CNI que tiene Moncloa, pero no nos consta que detrás esté el Gobierno ruso", explican a El Independiente fuentes conocedoras de dichos documentos. El tema es lo suficientemente delicado como para ir con pies de plomo al objeto de evitar un choque diplomático, que es una de las cosas que más preocupa de la comparecencia de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el próximo jueves en la comisión de Gastos Reservados del Congreso a petición del PSOE.
El Gobierno quiere una actuación conjunta de la UE para parar un proceso que no va a hacer más que crecer
Rusia niega las acusaciones hasta el punto de activar a su diplomacia. El embajador ruso en España, Yuri Korchagin, remitió una carta al presidente de la Comisión de seguridad nacional del Congreso, el ex ministro José Manuel García Margallo, para reiterar el apoyo de su gobierno a la "integridad territorial de España" al tiempo que calificaba de "verdaderamente amistosas", las relaciones entre ambos países.
Se le atribuye a Rusia, utilizando además a Venezuela como plataforma en el caso de España, haber adecuado a las nuevas tecnologías una "guerra propagandística" que a través de la red posee un infinito poder de penetración y difusión, sin contar con el temor, fundado, de ciberataques que puedan tener como objetivo el recuento de la jornada electoral del 21-D, que es la gran preocupación de fuerzas políticas como Ciudadanos.
El 55% de perfiles falsos que difundieron informaciones aún más falsas sobre el referéndum independentista ilegal del 1 de octubre provenían de la Federación rusa y el 30% de Venezuela. También el presidente Maduro se subía al carro de las falsas noticias, muy en su línea, al afirmar que en España "hay presos políticos". Bien es cierto que el régimen venezolano ha sido de los pocos en apoyar el proceso independentista.
La "guerra híbrida" y el "ciberespacio"
Estados Unidos, Reino Unido y Holanda están investigando las campañas de desinformación y desestabilización en la red. La preocupación no es mera anécdota. Hasta un personaje como Donald Trump ha tenido que dar carta de naturaleza a una intromisión que minó las posibilidades electorales de su adversaria electoral, Hillary Clinton. Tras el Brexit, en el año 2006, se intervinieron más de 400 cuentas de Twitter falsas que se gestionaban desde San Petersburgo para apostar por la salida de Londres de la Unión Europea.
El tema está alcanzando tal intensidad que España cree que debe ser un asunto a abordar en el ámbito de la Unión europea con la colaboración de los operadores y de las redes sociales como Twitter y Facebook. Porque la previsión es que esto no ha hecho más que empezar y el nivel de noticias falsas (fakes) se va a incrementar exponencialmente en lo que se ha dado en llamar "guerra híbrida", esto es, una contienda no convencional que cambia los soldados por la red o por interferir en los mercados.
Precisamente, el pasado día 1 el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presidió la reunión del Consejo de Seguridad Nacional para aprobar la nueva Estrategia de Seguridad, que sustituye a la de 2013. En la misma se asume el concepto de "ciberespacio" como uno de los escenarios susceptible de amenazas y ataques como lo son el espacio marítimo y aéreo y ultraterrestre.
Desde el Gobierno aseguran no haberse puesto en contacto con twitter ni Facebook para poder atajar este fenómeno, sino que "debe ser una actuación conjunta de la Unión" a la que también quieren llevar, previo acuerdo de los Grupos Parlamentarios, la propuesta de acabar con el anonimato en la red para poner punto y final al acoso, los ataques y las amenazas escudadas en personas que ocultan su identidad.
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