El Ministerio del Interior sigue manteniendo a Amand Calderó al frente de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat pese a manifestarse públicamente a favor de la excarcelación de los supuestos "presos políticos", motivo por el que ha pedido su dimisión el sindicato con mayor representación en el ámbito de Prisiones (Acaip).
El alto cargo catalán fue uno de los participantes el pasado 20 de noviembre en el acto convocado por la asociación soberanista Òmnium Cultural en la antigua cárcel Modelo de Barcelona para reclamar justicia contra el franquismo. Era la tercera vez que se desarrollaba pero este año tenía una significación especial, al aprovecharse la convocatoria para exigir la liberación de los encarcelados por el proceso independentista.
Amand Calderó aparece en primera fila con un cartel en la manos con la leyenda 'Libertad presos políticos' junto al ex alcalde y actual jefe de filas del PDeCat en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias. El portavoz de ERC en el Consistorio barcelonés, Alfred Bosch, y la diputada de la CUP Gabriela Serra fueron otros de los representantes políticos que participaron en dicha concentración.
El Gobierno ha eludido por ahora abrir siquiera expediente a Calderó, cuya dimisión ha pedido el sindicato Acaip por poner en duda la "independencia judicial"
El Independiente ha podido confirmar que Calderó no ha sido removido de su puesto, como demuestra el hecho de que en la mañana de este martes se encontrara visitando un centro penitenciario y por la tarde permaneciera en su despacho. Tampoco se le ha abierto por ahora expediente disciplinario, según fuentes de toda solvencia consultadas por este diario.
En aplicación del artículo 155, las competencias en materia penitenciaria en Cataluña las ha asumido el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido, que como primera medida acordó la destitución de Josep Lluís Trapero como mayor de los Mossos d'Esquadra por su imputación en la causa por sedición que instruye la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.
Las fuentes consultadas dijeron que algunos directores de centros penitenciarios han reconocido en privado su malestar por el hecho de que Calderó haya asistido a reuniones de trabajo portando en la solapa de su chaqueta el lazo amarillo, símbolo con el que el soberanismo catalán trata de mostrar su solidaridad con los encarcelados por su responsabilidad en la preparación del referéndum ilegal del pasado 1-O y la declaración unilateral de independencia. El alto cargo también aprovecha su cuenta personal en Twitter para retuitear mensajes a favor de la excarcelación de Oriol Junqueras, el ex conseller Joaquim Forn y los Jordis, que se mantienen en prisión preventiva.
El pasado 27 de noviembre, la sección en Cataluña de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) pidió por escrito al director general de Servicios Penitenciarios que dimitiera "de forma inmediata", al entender que con ese respaldo ponía en duda la "independencia judicial" y comprometía la "neutralidad" de los servicios penitenciarios en Cataluña.
"Siguiendo el ejemplo que usted da, [los presos podrían] declarar la ilegitimidad de su situación en prisión y hasta la legitimidad de nuestro propio ejercicio profesional”, razonaba en su escrito Acaip, que recuerda que Amnistía Internacional ya ha descartado que los miembros del Ejecutivo catalán sean "presos políticos" al estar sometidos a un proceso judicial con todas las garantías procesales.
También el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha rechazado la condición de "presos políticos" con que el independentismo se refiere a los ex integrantes del Govern y de las asociaciones soberanistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural -Jordi Sànchez y Jordi Cuixart- que continúan en prisión incondicional por su presunta participación en la comisión de delitos de rebelión o sedición. "Nadie está preso por pensar de una forma u otra, sino por incumplir la ley", ha declarado Zoido.
Casi dos años en el cargo
Cuando tuvo lugar dicho acto en la antigua prisión de la Modelo permanecían en prisión ocho ex consellers, entre ellos el ex titular de Justicia (Carlos Mundó). Fue éste quien propuso a Amand Calderó como director general de Servicios Penitenciarios, cargo al que accedió el pasado 26 de enero en sustitución de Pere Solé. Hasta ese momento, era el secretario de la Delegación Territorial del Gobierno de la Generalitat en Barcelona, responsabilidad que asumió en enero de 2000.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y diplomado en desarrollo directivo, Calderó está vinculado laboralmente a la Generalitat desde 1989, cuando cerró su etapa como abogado privado -especializado en Derecho Administrativo, Civil y Penal- para empezar a ejercer como técnico superior del servicio jurídico de la Secretaría General del Departamento de Bienestar Social. Con posterioridad fue jefe de la sección de Recursos de dicho servicio jurídico (1989-90), jefe del servicio de Rehabilitación de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y de Rehabilitación del Departamento de Justicia (1990-1994) y subdirector general de Asuntos Penitenciarios (1994-2000).
Cataluña es la única comunidad autónoma que tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria. En esta comunidad hay 15 prisiones, que acogen a cerca de 9.000 reclusos y que son atendidas por unos 5.000 funcionarios.
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