Carles Puigdemont "no va pisar Francia, porque en Francia no se andan con chiquitas", señalan fuentes gubernamentales respecto a la posibilidad de que el ex presidente de la Generalitat abandone territorio belga y se desplace al galo para celebrar, llegado el caso, algún acto electoral en la frontera con España. Puigdemont sabe que corre el riesgo de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena active la Orden Europea de Detención y entrega en caso de que se desplace a Francia "donde la legislación es mucho más dura que en Bélgica". El escenario que maneja Moncloa, es que, a diferencia de lo que decidió el juez belga, la justicia francesa le mantendría detenido hasta que se decidiera su entrega a España, por lo que no habría mítines por plasma ni bucólicos paseos por el bosque ni noches de ópera.
Es más, contra los amagos de su posible vuelta a España apenas unos días antes de las elecciones del 21-D para rentabilizar electoralmente su segura detención y puesta a disposición judicial o para una hipotética investidura si resulta ganador, hay miembros del Gobierno que están convencidos de que no se arriesgará a regresar para acabar en prisión, como, sin duda, pasará. Contemplan, por contra, un escenario en que el cabeza de lista de Junts pel Catalunya adquiera su condición de diputado, dado que no tiene porqué estar presente en la Cámara regional, "y se quede en Bruselas sin dejar que corra la lista".
En las sedes comunitarias bromean con la hipótesis de que le caduquen el DNI y el pasaporte o deba acreditar ingresos para permanecer en Bruselas
Es una hipótesis aventurada puesto que dejaría al bloque independentista con un diputado menos, sin contar con que los otros cuatro ex consejeros que le siguieron en la huida -Clara Ponsatí, Antoni Comín, Meritxell Borràs y Meritxell Serret- no hicieran lo mismo. Eso dependerá en buena medida de las posibilidades del secesionismo de volver a gobernar en un escenario que puede tener una enorme complejidad aritmética.
Y es que al margen de sus sonrisas y de frases lapidarias como que deben pesar "más los votos que las esposas", Puigdemont se ha metido en un laberinto al que no hay más salida que regresar a España y someterse a la Justicia o permanecer en Bélgica donde se ha ganado la posición de personaje incómodo para unas autoridades comunitarias que no ven el momento de su marcha. Desde allí bromean con la posibilidad de que "le caduque el DNI o el pasaporte". El primero sólo lo puede renovar en España. El segundo, en el consulado español, "donde suele haber agentes de la Guardia Civil" que procederían a su detención. Mientras tanto, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha pedido un informe a sus servicios jurídicos para seguir impidiendo la entrada del ex dirigente catalán a la sede comunitaria al estar en busca y captura en un estado miembro.
Además, si su estancia bruselense es superior a tres meses, y ya lleva uno y medio, debe acreditar que tiene ingresos propios e inscribirse en la comuna donde resida. El sueldo de diputado autonómico, de 2.800 euros al mes, se le acabará el 23 de enero, fecha límite para la constitución del nuevo Parlament. A partir de ahí, y tras haber renunciado a un bien remunerada retribución de ex presidente por no aceptar su cesantía, no tendrá más ingresos procedentes de España. Ahora bien, dada su buena interlocución con los nacionalistas flamencos del Alianza Neo-Flamenca o de los ultraderechistas del Vlaams Belang, podría encontrar un buen acomodo "como asesor en declaraciones unilaterales de independencia".
Polémica por el indulto
Dicho esto, nadie, ni siquiera entre sus filas, es capaz de aventurar qué pasa por la cabeza del candidato a la presidencia de la Generalitat imputado por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, listado al que ha añadido la condición de prófugo de la justicia. Lo cierto es que ha conseguido acortar distancias con la lista encabezada por Oriol Junqueras, mientras éste permanece en prisión donde no se sabe si es consciente del desastre en que se ha convertido la campaña de Marta Rovira, a la que esconden en los debates televisivos.
La última polémica respecto al futuro de Puigdemont, del resto de anterior Govern y de la mesa del Parlament, la ha protagonizado Miquel Iceta al abogar por el indulto en caso de que resulten condenados. El candidato socialista a la presidencia de la Generalitat ha explicado en una entrevista en RAC1 que “sin duda pediría el indulto porque en este país tendremos que cerrar heridas que tienen un origen político“, tras recordar que siempre ha calificado de desproporcionados los encarcelamientos de los que no se fugaron a Bruselas. Su posición no es compartida por Ferraz.
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