El Gobierno de Susana Díaz infló el anteproyecto de Ley de Formación Profesional de Andalucía con preceptos estatales referidos a un campo en el que carece de competencia normativa, lo que ha llevado al Consejo Consultivo de Andalucía a instar al Gobierno autonómico a podar el borrador antes de enviarlo al Parlamento para su aprobación y posterior entrada en vigor.

La aprobación de esta ley es uno de los puntos que formaban parte del acuerdo de investidura -denominado 'Medidas para la regeneración democrática, la transparencia y la participación ciudadana'- que el PSOE-A y Ciudadanos firmaron el 9 de junio de 2015 y que posibilitó la proclamación de Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía tras las elecciones celebradas el 22 de marzo de dicho año. Desde febrero, la formación que lidera Juan Marín venía apremiando el cumplimiento de este compromiso a los socialistas, que ha dado el primer paso al aprobar el anteproyecto en Consejo de Gobierno el pasado 5 de diciembre y cuyo inicio de tramitación se remonta a agosto de 2014.

El anteproyecto sigue así su curso, pero con un destacado lastre ocultado por los socialistas: el Consejo Consultivo de Andalucía lo ha analizado -en la sesión celebrada el pasado 22 de noviembre- y ha emitido un informe que supone todo un varapalo para la presidenta andaluza, al formular un total de 34 observaciones al borrador del texto. No hay precedentes de dictámenes con tantos reproches contra legem (contra la ley), según las fuentes consultadas.

El Consejo Consultivo 'tumba' el anteproyecto de Ley de Formación Profesional de Andalucía, incluida en el pacto de investidura que firmó el PSOE con Ciudadanos

Una de las advertencias que formula el órgano asesor deriva del abuso de la técnica normativa conocida como lex repetita, al reproducir en el texto diversas normas del Estado -dos leyes orgánicas, tres reales decretos, una ley y un texto refundido- cuando la comunidad autónoma carece de la competencia normativa. Y ello puede "generar confusión y duda sobre la observancia del sistema de distribución de competencias en materia de formación profesional".

"No se trata de la reproducción de normas básicas que hayan de ser desarrolladas por la Comunidad Autónoma, sino de normas legales y reglamentarias que únicamente pueden emanar del Estado, quedando vedada cualquier posibilidad de desarrollo normativo en sentido estricto", razona. Y concluye: "Debe, en todo caso, excluirse del Anteproyecto de Ley la reproducción de preceptos estatales de distinto rango referidos a la formación profesional para el empleo sobre la que el Estado posee una competencia normativa plena que excluye la intervención de otro poder legiferante", zanja.

Fragmento del dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía sobre el anteproyecto de Ley de Formación Profesional de Andalucía.

El dictamen recuerda que la finalidad que se busca con la reproducción de normas estatales no susceptibles de desarrollo por la autonomía puede conseguirse mediante "la publicación de un texto consolidado sin valor normativo o una guía en la que se compendien de manera sistemática las disposiciones estatales y autonómicas sobre la materia", pero no mediante un copia y pega de preceptos que le son ajenos y que no se justifica por el propósito "integrador y sistemático" invocado de que la formación profesional en el ámbito educativo y profesional constituya un "único sistema formativo".

El órgano censura que la formación de los empleados se limite exclusivamente a los sindicatos mayoritarios: "No existe fundamento"

En su informe, fechado el pasado 15 de septiembre, el Consejo Económico y Social de Andalucía (CES) advirtió también de esta misma circunstancia al apreciar que gran parte del articulado era una mera "traslación del contenido de normas estatales e incluso de normas autonómicas". Lejos de corregir esa observación, el Ejecutivo andaluz la mantuvo en el texto que envió un mes después al Consejo Consultivo.

No se trata de una ley más. Ciudadanos, la formación que sostiene a Susana Díaz como presidenta, considera que esta norma es "de máxima importancia", después de que unos 70.000 jóvenes andaluces quedaran fuera de la formación profesional en los dos últimos años por falta de plazas. Ello explica la presión que, desde hace casi un año, viene ejerciendo para que el Gobierno autonómico diera luz verde al anteproyecto y lo enviara al Parlamento para su discusión y aprobación.

Susana Díaz incluyó este proyecto en las medidas de lucha contra la corrupción que enumeró en el Debate sobre el Estado de la Comunidad ceebrado el pasado mes de noviembre. Para evitar que "episodios como el de los ERE no puedan tener ni el más mínimo resquicio legal para repetirse", la presidenta citaba el anteproyecto de una nueva ley de Formación Profesional "que va a unificar las distintas modalidades y que establece nuevos y rigurosos controles para las ayudas".

Cursos paralizados

Sin mencionarlo, Díaz se refería así al fraude de la formación en la comunidad, que ha paralizado los cursos para parados desde el año 2011, cuando la Junta hizo la última convocatoria de subvenciones. Andalucía, con un tasa de paro del 25,41%, ha perdido desde entonces 800 millones de euros de subvenciones de la Unión Europea para la formación.

La citada reproducción de preceptos estatales obligaba a la Junta -según el Consejo Consultivo- a reformular  también el artículo 1, toda vez que el alcance normativo debe circunscribirse al ámbito competencial autonómico. Y éste excluye la regulación de la formación profesional para el empleo.

El órgano también plantea otras observaciones, como la conveniencia de llevar a cabo una revisión del texto "desde el punto de vista gramatical" -básicamente para unificar el criterio en el empleo de las mayúsculas y de los signos de puntuación-, la inclusión de un índice y una mejora de la redacción de la parte expositiva "desde el punto de vista material y sistemático".

Revisión "gramatical"

Igualmente, el Consultivo también censura el objetivo anunciado por el Gobierno andaluz de limitar a los sindicatos "más representativos" la formación de los empleados, al considera que "no existe fundamento" para restringirla a UGT y CCOO. "La defensa y promoción de los intereses económicos y sociales se atribuye a todos los sindicatos sin distinción, permitiéndose la utilización del concepto 'mayor representatividad' en unos concretos ámbitos que no pueden interpretarse de forma expansiva", argumenta.

El dictamen también pone pegas a otros 29 artículos y tres disposiciones, sin que haya trascendido qué observaciones formuladas por el Consultivo -el informe no es vinculante- han sido atendidas por el Gobierno antes de enviar el anteproyecto al Parlamento.