La acusación popular que ejerce VOX en la causa que instruye el Tribunal Supremo contra la cúpula independentista ha pedido al juez Pablo Llarena que revoque la libertad bajo fianza de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, al considerar que su participación en los mítines de ERC con motivo del 21-D demuestra su "intencionalidad de reiteración delictiva" y es motivo para que ingrese en prisión.

El magistrado Llarena puso en libertad el pasado 10 de noviembre a Forcadell después de que ésta -más exactamente la Asamblea Nacional Catalana (ANC)- depositara la fianza de 150.000 de euros. La presidenta de la Cámara autonómica había ingresado el día anterior en la cárcel de Alcalá Meco tras declarar en el alto tribunal.

Si el instructor ofreció a Carme Forcadell la posibilidad de eludir la prisión fue por que la investigada declaró que la declaración unilateral de independencia tuvo "un valor simbólico", que acataba el artículo 155 de la Constitución y que renunciaba a la actividad delictiva vinculada al proceso secesionista.

La acusación popular de VOX ve fraude procesal en la actuación de Forcadell y riesgo de que siga delinquiendo

Esta acusación popular vuelve a pedir al instructor que revoque la libertad de la presidenta del Parlamento de Cataluña. Ya lo hizo el 16 de noviembre tras conocerse que concurriría a las elecciones del 21-D en las listas de ERC y este martes ha vuelto a registrar otro escrito con el mismo objetivo, tras trascender la participación de Forcadell en mítines de campaña.

"Forcadell forma parte de la candidatura de un partido con claros fines separatistas -ERC, partido que en su artículo segundo de sus estatutos manifiesta como objetivo principal lograr la 'independencia de la nación catalana'- y por lo tanto es evidente que la investigada ha mentido en su declaración y no tiene la más mínima voluntad ni intención de renunciar a la reiteración delictiva de la rebelión sediciosa de la que es autora junto a otros investigados", sostiene Pedro Fernández, vicesecretario jurídico de VOX.

Para esta acusación popular, el proceder del Parlament tras su comparecencia en el Tribunal Supremo supone un "fraude procesal con intencionalidad delictiva", por lo que procede -a su juicio- que el magistrado Pablo Llarena adopte medidas que conjuren el riesgo de que pueda seguir delinquiendo.

"Base operativa belga"

Al igual que la Fiscalía, VOX se ha posicionado en contra de la excarcelación del ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, al entender que, si gozara de libertad, "podría reanudar sus actividades delictivas" y "apoyarse en la base belga para para manipular y destruir pruebas".

"No ha desaparecido la posibilidad de nuevos ataques por parte del señor Junqueras, más bien al contrario. De ser liberado aumentaría exponencialmente el riesgo de que reanude sus actuaciones delictivas desde la posición de poder que para aquel se derive tras las próximas elecciones autonómicas", exponen los abogados de VOX.

Esta parte también considera "lógico" pensar que, en caso de ser excarcelado, Junqueras "podría apoyarse en la base logística y operativa belga para, junto con los allí fugados, destruir y obstaculizar la obtención de la documentación relativa al procés, que con toda probabilidad han trasladado a dicho país".