El juez que investiga el proceso secesionista en Cataluña, Pablo Llarena, ha imputado al ex president Artur Mas y a la número dos de Junqueras, Marta Rovira, por rebelión como responsables del plan soberanista. La Guardia Civil señalaba este jueves a los dos dirigentes, así como a la ex portavoz parlamentaria de la CUP Anna Gabriel y al resto de miembros del llamado 'comité estratégico' como las personas que "diseñaron, orientaron, dirigieron y controlaron" la implantación del plan soberanista.
La imputación también alcanza a la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boyá; a su portavoz, Anna Gabriel, y a la presidenta de la Asociación de Municipios por la Indepèndencia (AMI), Neus Lloveras.
En su escrito, Llarena explica que las diligencias que hasta ahora se han practicado muestran que los hechos que se investigan se han podido desarrollar bajo la dirección y coordinación de un conjunto de personas entre los que se encontrarían los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas del disuelto Parlamento de Cataluña, así como los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos independentistas y la presidenta de la AMI. Esas sospechas -según el juez- se fundamentan no solo se encuentra en que aparecen referenciados como integrantes del comité estratégico descrito en el documento Enfocats", "sino en otra serie de elementos que pudieran corroborar lo que en este documento se recoge".
En un informe remitido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga el proceso independentista, el Instituto Armado afirma que los integrantes del 'comité estratégico' no sólo controlaron la implementación de "sus planes para la creación de un estado soberano", sino que también "movilizaron los recursos humanos y materiales para ello".
Este comité, cuyos miembros eran los ideólogos del plan soberanista, apareció mencionado en el documento EnfoCats, intervenido al ex número dos de Junqueras, Josep María Jové, y considerado la hoja de ruta del procés. A Jové también se le intervino una agenda tipo moleskine en la que reseña todas las reuniones relacionadas con el proceso independentista.
Lo integraban una veintena de dirigentes independentistas, entre ellos los tres ya mencionados, el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, los Jordis y sus segundos en ANC y Òmnium, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal o la presidenta de la asociación de municipios por la independencia, Neus Lloveras.
También formaban parte de este comité estratégico la presidenta del Parlament Carme Forcadell, el vicepresidente Lluis María Corominas, el considerado arquitecto jurídico de la independencia, el jurista y exvicepresidente del TC Carles Vive Pi i Sunyer, o la exvicepresidenta de la Generalitat Neus Munté.
"Violencia y tumulto"
En el auto dictado por el que rechazó suavizar las medidas cautelares para el ex vicepresidente de Generalitat Oriol Junqueras, el ex conseller Joaquim Forn y los líderes de las asociaciones soberanistas ANC y Òmnium, el magistrado Pablo Llarena otorgó una gran relevancia al documento Enfocats. "Refleja la existencia de un grupo de individuos (comité estratégico) que han desempeñado una función definitoria de cómo y cuándo llevar a término cada una de las actuaciones del proceso y, consecuentemente, de la violencia y los tumultos que se detallaron en la anterior resolución (movilización ciudadana creciente, conforme a lo antes expuesto), y que son los elementos que constituyen la esencia de los delitos de rebelión o de sedición que se investigan", razonó.
Tan sólo cinco de los integrantes del citado comité estratégico están imputados en la causa por rebelión: el ex presidente del Govern Carles Puigdemont; el ex vicepresidente Oriol Junqueras; el vicepresidente del Parlament y presidente de Junts pel Sí (JxS), Lluís Corominas, y los líderes de Asamblea Nacional Catalana (Jordi Sànchez) y Òmnium Cultural (Jordi Cuixart). Pero ese órgano al que el magistrado del alto tribunal otorga tanta importancia está integrado por otros conocidos actores independentistas, según se detalla en el documento intervenido por los investigadores policiales en vísperas del 1-O.
La composición de dicho comité incluye a los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas, por lo que -de mantener su criterio el instructor- la responsabilidad penal alcanzaría eventualmente a la portavoz de JxS, Marta Rovira, y a la de la CUP Anna Gabriel.
Representantes "de prestigio social"
También integraban este órgano los secretarios generales y presidentes de los partidos políticos, como Artur Mas (PDeCat). El antecesor de Puigdemont fue inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a dos años en marzo de 2017 por la comisión de un delito de desobediencia, al tiempo que ha tenido que responder a una fianza preventiva de más de 5,2 millones de euros -no satisfecha íntegramente en el plazo concedido por el Tribunal de Cuentas- por los gastos derivados de la consulta ilegal del 9-N (2014).
Al comité estratégico también fueron adscritos los directores de las oficinas de desarrollo del autogobierno, representantes independentistas "de prestigio social" y líderes de otras entidades soberanistas al margen de la ANC y Òmnium, caso de la AMI. La Asociación de Municipios por la Independència está presidida por Neus Lloveras, alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y contra la que ya se querelló la Fiscalía el pasado 14 de septiembre por la presunta comisión de delitos de desobediencia, malversación de caudales públicos y prevaricación en relación con la convocatoria del referéndum ilegal del 1-O.
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