Interior reforzará el control sobre los clientes de empresas de alquiler de vehículos y hospedaje

Las empresas dedicadas al alquiler de vehículos y al hospedaje en viviendas vacacionales estarán obligadas a contar con un registro documental de los contratos, a fin de que las fuerzas de seguridad del Estado dispongan de información y puedan reforzar la vigilancia sobre posibles terroristas yihadistas. Ciudadanos demandará que el control se amplíe también a los okupas, tras la experiencia de la célula que atentó en Cataluña el pasado mes de agosto.

Así lo anunciado este miércoles el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, al término de la reunión de trabajo del Pacto contra el terrorismo yihadista, a la que no han acudido los partidos nacionalistas catalanes y vasco. Éstos habían sido finalmente invitados pese a no ser firmantes del pacto. Junto a PP, PSOE y Ciudadanos, también ha asistido Podemos en calidad de observador y una formación sin representación actualmente en el Congreso de los Diputados (UPyD).

Zoido no ha logrado plasmar la foto de la unidad de todos los partidos políticos en torno al compromiso contra la amenaza terrorista al ausentarse los representantes del PNV, ERC y PDeCat, lo que ha alargado la polémica que había envuelto los prolegómenos de esta reunión.

Los partidos nacionalistas catalanes y vasco no acuden a la reunión del Pacto Antiyihadista, en la que sí ha participado Podemos como 'observador'

De los partidos observadores tan sólo ha atendido la invitación Podemos, que no sólo se ha reafirmado en los argumentos esgrimidos en su día para no suscribir el acuerdo sino que ha dado a entender que seguirá sin poner su rúbrica al documento. En opinión del diputado Rafael Mayoral, la prioridad ahora debe ser buscar "puntos de encuentro" para que puedan participar de las reuniones de trabajo otras fuerzas políticas.

En este sentido, Zoido ha hecho un llamamiento a favor de la "unidad, la firmeza y la colaboración" de todas las fuerzas políticas para derrotar al terrorismo yihadista como ya se hizo con el de ETA y ha mostrado su voluntad de seguir invitando a los partidos no firmantes en calidad de observadores, pese a la posición que defienden PP y Ciudadanos. Estas formaciones demandan más compromiso y reclaman que sólo se sienten en torno a la mesa del Pacto Antiyihadista los grupos firmantes.

La reunión de este miércoles ha servido para que la dirección del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) presente las conclusiones preliminares del doble atentado terrorista cometido por el Estado Islámico el pasado mes de agosto en Cataluña -saldado con 16 fallecidos y más de 140 heridos- y para que el titular de Interior anuncie un paquete legislativo de 11 medidas con las que el Gobierno pretende combatir de forma más eficaz la amenaza del terrorismo yihadista. Muchas de esas reformas, que se prevé que entren en vigor en la recta final de la legislatura, tendrán que debatirse en el Congreso.

Entre otras, el Gobierno proyecta un real decreto que obligaría a las empresas de alquiler de vehículos y hospedajes vacacionales a registrar a sus clientes en una base de datos, lo que ayudaría a mantener bajo el radar de la Policía y de los servicios de Inteligencia a los sospechosos yihadistas.

Podemos se reafirma en su decisión de no firmar el pacto y dice que ahora lo importante es que otras fuerzas se incorporen a las reuniones de trabajo

Una furgoneta de alquiler, pilotada por Younes Abouyaaqoub, fue el método elegido por la célula terrorista instalada en Cataluña para cometer la masacre en La Rambla. Fue el mismo sistema utilizado por el Estado Islámico en los atentados perpetrados en otros puntos de Europa para provocar matanzas masivas.

Igualmente, se modificará también el reglamento de gases licuados de petróleo para mejorar el control de las bombonas de butano, a fin de dificultar su acceso a potenciales terroristas. El grupo que atentó en Cataluña llegó a acumular en la vivienda ocupada de Alcanar (Tarragona) más de un centenar de bombomas de butano y propano con las que pretendía llevar a cabo una matanza aún mayor, si bien fallaron en la manipulación y ello provocó que el citado chalé saltara por los aires.

Asimismom el Gobierno pretende avanzar en una nueva Ley General Penitenciaria y "algunas otras reformas" para dotar de mayor eficacia a las fuerzas de seguridad en su lucha contra el terrorismo.

Patrones de conducta

El resto de medidas persiguen unificar la legislación española con la normativa europea en el combate del yihadismo. En este conjunto, Interior incluye el anteproyecto de ley para la trasmisión de datos de reserva de vuelos, a fin de que los servicios de información puedan detectar patrones de conducta compatibles con la amenaza terrorista o el reglamento de precursores de explosivos y drogas.

En materia de extranjería, el Ejecutivo está también trabajando en algunas reformas para adaptar la norma a la de la UE, con el objetivo de que eviten que se repitan situaciones como la que impidió la repatriación del imán de Ripoll tras su paso por prisión.