¿Quién es Arturo Canalda? El presidente de la Cámara de Cuentas madrileña que ha dimitido tras ser imputado en el 'caso Lezo'

El presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, ha presentado a primera hora de este jueves su dimisión del cargo tras ser imputado junto a la cúpula del Gobierno autonómico de Alberto Ruiz- Gallardón en el marco de las investigaciones del caso Lezo. Canalda ya anunció el pasado 1 de diciembre durante su comparecencia ante la comisión de investigación por corrupción constituida en el Parlamento regional que, en caso de ser llamado como investigado, presentaría su renuncia.

Fuentes de la Asamblea de Madrid han confirmado a El Independiente que Arturo Canalda ha presentado a las 9 horas en el Registro su renuncia a seguir ocupando el cargo, al que accedió en junio de 2012 tras haber ejercido durante casi seis años como Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. Con anterioridad había sido viceconsejero de Asistencia e Infraestructuras Sanitarias, delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid y director-gerente del Canal de Isabel II, responsabilidad ésta de la que se deriva ahora su imputación judicial.

Canalda ha recordado que no tendría que dimitir al ser la Cámara de Cuentas un órgano de extracción parlamentaria y no depender de la Comunidad, por lo que no sería de aplicación el código ético que pactaron el PP y Ciudadanos para la investidura de Cristina Cifuentes. La Ley que regula la Cámara de Cuentas prevé la pérdida de la condición de consejero en caso de "sentencia judicial firme", no por la mera imputación.

"No obstante lo anterior, en el pleno convencimiento de que he actuado siempre conforme al ordenamiento jurídico, soy consciente de que mi permanencia al frente de la Cámara de Cuentas en estas condiciones puede suponer un importante perjuicio para la institución que he tenido el honor de presidir a lo largo de los últimos seis años", ha defendido Canalda en el escrito presentado a la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados. 

Canalda es uno de los 24 ex altos cargos de la Comunidad de Madrid que han sido imputados por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional en relación con la compra por parte del Canal del Isabel II del 75 % del capital de la sociedad colombiana Interamericana de Aguas y Servicios SA (Inassa) a finales de 2001. El instructor del caso Lezo aprecia un "cúmulo de irregularidades" en la adquisición de esta compañía, por la que la empresa pública madrileña pagó 83 millones de euros.

El magistrado Diego de Egea considera que Canalda fue uno de los tres directivos que tuvieron una "participación esencial" en la "gestión y ejecución" del proceso de adquisición de Inassa junto a José Antonio de Cachavera (director económico y de desarrollo comercial) y Pablo López de las Heras (subdirector de nuevos negocios). Los tres serán llamados a declarar como investigados tras las fiestas navideñas.

Empresa panameña

Entre los reproches que el juez formula en el auto de imputación a Canalda figura el hecho de que éste hubiera negociado la compra de la filial suramericana mucho antes de recibir las autorizaciones preceptivas por parte del consejo de administración del Canal de Isabel II y que para la adquisición se utilizara una empresa interpuesta radicada en Panamá (SAA), lo que presuntamente se habría ocultado al órgano de gobierno de la empresa de la Comunidad de Madrid y al Consejo de Gobierno cuando se solicitó la autorización para formalizar la operación.

De Egea también constata, a tenor de las actuaciones practicadas hasta el momento, una sobrevaloración del precio de compra de Inassa "claramente perjudicial" para los intereses del Canal de Isabel II, sin que conste que se realizaran los "controles necesarios" a fin de asegurar que el precio que se iba a pagar se correspondía con el "valor real" del activo que se pagaría.

Los grupos de la oposición en la Comunidad de Madrid habían pedido este miércoles la renuncia de Arturo Canalda como presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, entre ellos Ciudadanos. Se da la circunstancia de que otro de los últimos imputados en el caso Lezo (Juan María del Álamo) fue alto cargo del PP en el Ayuntamiento madrileño y hoy es asesor de la formación naranja en el Consistorio.

Fuentes del grupo municipal de Ciudadanos han explicado a este diario que Del Álamo es uno de los siete funcionarios que fueron adscritos a esta formación por el Ayuntamiento tras las elecciones municipales de 2015. Este empleado público, en concreto, está adscrito al área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto.