Ciudadanos hace valer su buena proyección en las encuestas y desde esta posición plantea sus exigencias al PP. El secretario general de Cs, José Manuel Villegas, ha pedido directamente al partido de Gobierno la dimisión de la senadora popular Pilar Barreiro, que ha sido imputada por el Tribunal Supremo por la trama Púnica. En caso de no hacerlo, el ejecutivo de Mariano Rajoy podría quedarse sin el apoyo de los naranjas a los Presupuestos Generales de 2018, imprescindibles para su aprobación.
"La senadora del PP Pilar Barreiro tendrá que declarar como imputada en la trama Púnica por fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada", ha afirmado Villegas en rueda de prensa este miércoles tarde en su sede madrileña de la calle Alcalá, donde ha instado al PP a forzar la salida de la dirigente. "El PP tiene que cumplir lo firmado en el pacto de investidura con Cs; Pilar Barreiro debe entregar su acta como senadora".
El pacto de investidura alcanzado con el PP [consultar aquí] contemplaba, en su artículo 93, el compromiso de "la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial". Villegas ha establecido una relación directa entre el cumplimiento de este acuerdo, que ya cumple un año y medio, y el de alcanzar futuros consensos, como las cuentas para 2018. "El incumplimiento del acuerdo tendría consecuencias en futuros acuerdos que podríamos tener", ha señalado. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, también se ha pronunciado en este sentido, y en un mensaje en su cuenta de Twitter ha reiterado la amenaza. "Cs cumplimos los acuerdos, el Gobierno debe cumplir, también contra la corrupción. Si no, no cuenten con nosotros", ha dicho.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tuvo que prorrogar la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos por la falta de apoyos. En este proyecto se incluyeron varias de las peticiones del partido de Albert Rivera, como la ampliación del permiso de paternidad a cinco semanas o la bajada del IVA en el cine. Estas medidas nunca llegarán a aplicarse hasta que el proyecto de Ley no se apruebe en el Congreso de los Diputados, sin que por el momento haya números para ello.
"No se puede acordar con alguien que no tiene palabra. Los acuerdos pendientes podrían verse afectados porque no se han concretado en una votación", ha continuado Villegas, que se refería sutilmente a la Ley más importante de la legislatura. En este sentido, ha criticado la actuación del PP en otros casos, como el del ex presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, también imputado en la trama Púnica, y al que los populares se resistieron a apartar hasta el final.
Fondos públicos para mejorar su imagen política
El Tribunal Supremo ha citado este martes como investigada para el 15 de enero a la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, a la que la Fiscalía atribuye la comisión de cinco delitos relacionados con el caso Púnica por utilizar fondos públicos para la mejora de su imagen.
La instructora de esta causa en el Supremo, la magistrada Ana Ferrer, la ha citado ese día a las 10.30 horas para tomarle declaración, han informado fuentes del alto tribunal.Según la exposición razonada que elevó el anterior instructor de Púnica en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, Barreiro pudo incurrir en delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.
Según el juez, la autorización que hizo del pago de cuatro facturas mensuales por importe cada una de ellas de 800 euros, pagadas a la empresa del considerado "conseguidor" de Púnica Alejandro de Pedro, "acredita que permitió y consumó el desvío de fondos públicos" que habrían planificado De Pedro y José Antonio Alonso, alcalde socialista de Cartagena hasta la llegada de la hoy senadora.
Velasco sostenía que la exalcaldesa se valió de su amistad con José Antonio Alonso para contactar con Alejandro de Pedro y que la empresa de éste "le realizase trabajos dirigidos a limpiar y cuidar su reputación en las reses sociales". Un "primer paquete" de trabajos consistía, siempre según el Juzgado de Instrucción, en la gestión de las redes sociales y en la puesta en marcha de un diario digital en la ciudad portuaria.
"Este ardid diseñado -añade la exposición razonada- permitía el pago subrepticio por el ayuntamiento de Cartagena de lo que debía ser un gasto personal de la alcaldesa".
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