La suma de los partidos independentistas, JxCat, ERC y la CUP, logró una clara mayoría absoluta de 70 diputados en las pasadas elecciones del 21 de diciembre. Sin embargo, la mayoría parlamentaria nacionalista está en el alero por la complicada situación de ocho de sus diputados electos: tres están en prisión preventiva -Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sánchez- y cinco permanecen huidos de la justicia en Bruselas -Carles Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Toni Comín-. De esas ocho potenciales actas, cinco corresponden a las listas de Junts per Catalunya y tres a las de Esquerra Republicana.
Esta circunstancia complica bastante la aritmética parlamentaria de cara a una futura sesión para investir presidente y a la posterior legislatura. Aunque no a la constitución del Parlament como tal: los diputados electos pueden recoger su acta a través de una tercera persona. Sin embargo, este es un paso que probablemente no lleguen a dar todos los implicados, porque generaría complicaciones posteriores. Especialmente para los que permanecen en Bélgica.
Pese a que la recogida del acta pueda delegarse, ni el voto ni la investidura se pueden ejercer a distancia, salvo en casos muy específicos: baja por maternidad o paternidad y hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada. Con una Mesa con mayoría independentista, se podría hacer una lectura generosa de la norma y considerar incapacidad prolongada la circunstancia de los diputados en prisión preventiva. Pero difícilmente se podría aplicar esa interpretación a quienes permanecen en Bruselas por voluntad propia. Estos serían, por tanto, los escenarios posibles:
Todos asumen su acta
En el caso de que antes del 17 de enero los ocho diputados afectados recojan su acta, el independentismo partiría con una base de 62 diputados. A ellos habría que añadir casi con total seguridad a los tres que permanecen en prisión y que mantienen sus derechos políticos intactos al no existir sentencia firme. Es probable en ese caso que el juez les otorgue permisos para asistir, como mínimo, a los plenos de investidura, como ya sucedió en el precedente vasco del preso de ETA Juan Carlos Yoldi.
El independentismo contaría entonces con 65 votos fijos. Que son exactamente los mismos que suman Ciudadanos, PSC, Catalunya en Comú y PP. Esto es importante debido al sistema de investidura: en primera vuelta se requiere mayoría absoluta. En segunda, mayoría simple. Sin los votos de los ex consejeros huidos en Bruselas, el independentismo no alcanzaría siquiera la mayoría simple, y necesitaría de la abstención o el voto positivo de los comunes para investir a un presidente independentista.
También existe la posibilidad de que, además de asumir el acta, los cinco de Bruselas -o por lo menos uno de ellos- regresen a España para ser detenidos y previsiblemente puestos en prisión preventiva o libertad bajo fianza. En ese caso se encontrarían en la misma situación que Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sánchez y podrían asegurar la mayoría, simple o absoluta.
Renuncian a su acta
El PDeCat registró este miércoles como diputados electos a Joaquim Forn y Jordi Sánchez, que permanecen en las prisiones de Estremera y Soto del Real. Pero no a Carles Puigdemont, Lluís Puig ni Clara Ponsatí. Esto, de momento, deja la puerta abierta a que alguno o ninguno de ellos tome posesión de su acta y deje lugar a la siguiente persona en las listas electorales que se votaron el pasado 21 de diciembre. Lo mismo sucede hasta el momento en el caso de ERC con Comín y Serret.
Si ninguno de estos cinco decide regresar a España, la opción más lógica parece que renuncien a su acta y un compañero de lista ocupe su lugar. De esta forma, el independentismo mantendría intacta su mayoría absoluta de 70 parlamentarios. En este caso, podría optar incluso por mantener el acta de Carles Puigdemont como gesto simbólico, incluso aunque el ex presidente no regresase y no pudiese ejercer ni la presidencia ni su función como diputado. Pese a ello, el independentismo seguiría siendo mayoría con 69 escaños.
¿Qué pasa el resto de la legislatura?
La situación, probablemente, seguirá siendo complicada durante los próximos cuatro años. Porque aunque el juez permita a los encarcelados salir de prisión para los plenos de investidura, con seguridad no lo hará para el trabajo cotidiano y las sesiones ordinarias del Parlament.
Podría darse el caso, por tanto, de que aunque el independentismo pudiera sacar adelante la investidura de Puigdemont, Junqueras o cualquier otro candidato, no contase en las votaciones ordinarias con la capacidad suficiente para aprobar legislación o "hacer efectiva la República", como reclama insistentemente la CUP. En este sentido, cabe tener en cuenta que la situación cambiará radicalmente cuando arranque el juicio, probablemente a finales de año, y lleguen o no sentencias firmes de prisión, inhabilitación o absolución.
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