Fotos y vídeos sirven como prueba en la demanda colectiva contra Iberpistas y el Estado

Antonio Rodríguez salió de Madrid el sábado a las 5 de la tarde y llegó a Zamora el domingo a las 9 de la mañana. Como otros miles de conductores quedó atrapado por la nevada que colapsó la AP-6 ante la incapacidad de DGT e Iberpistas, la concesionaria del tramo de peaje, para prevenir y resolver el problema. Ya en plena madrugada, en el hashtag #AP6 en el que se trataban de informar los atrapados ante la falta de noticias, sus mensajes destacaban: anunciaba que lideraría una plataforma colectiva para demandar a los responsables del caos. Y ya está en marcha. Se llama afectadosporlanevada.es y comenzará a estudiar los casos uno a uno para agruparlos en una demanda colectiva dirigida contra Iberpistas y contra el Estado por su responsabilidad subsidiaria.

Antonio, responsable del despacho zamorano DyR, distingue entre dos tipos de afectados. Por un lado, los que puedan demostrar un perjuicio económico concreto y cuantificable. Cuando habla con El Independiente, acaba de despedirse de una chica que viajaba el sábado dirección Barajas para coger un vuelo a Holanda que finalmente perdió. Consiguió billete dos días después, a un precio mucho mayor, y además tuvo que costearse su estancia en la capital durante ese tiempo. En casos así, en los que median lucro cesante y daño emergente, el experto sostiene que puede ser recomendable una actuación individual. Lógicamente, tras conservar todas las facturas de los gastos emergentes a consecuencia de la negligencia sufrida.

La Audiencia Provincial de Burgos ya condenó en 2006 a una concesionaria privada a indemnizar a los conductores atrapados por una nevada

Para aquellos cuyo daño no sea más que el "moral", conviene agruparse en una plataforma colectiva por la baja cuantía de las indemnizaciones a las que se puede aspirar. Existe el precedente de la concesionaria Europistas, a la que la Audiencia Provincial de Burgos condenó en 2006 a indemnizar con 165 euros a los conductores que quedaron atrapados en la AP-1 entre Burgos y Armiñón, también por una nevada a la que la prestadora del servicio no pudo hacer frente. Se alegaron "daños morales" y los afectados entonces se organizaron bajo el paraguas de Ausbanc.

La particularidad de aquella ocasión es que la concesionaria no subió las barreras y los usuarios pudieron recoger un ticket que sirvió como prueba irrefutable. En el caso de la AP-6, Iberpistas levantó las barreras a instancias de la DGT, por lo que los conductores no tienen, a priori, pruebas concluyentes de su presencia en la carretera durante la tarde y la noche del 6 de enero y la madrugada y mañana del día 7.

Pruebas

El impulsor de la demanda colectiva insiste en la importancia de recabar todas las pruebas que sean posibles. De cualquier tipo. "Las fotos y vídeos que se hagan con el móvil suelen esconder metadatos que revelan la localización geográfica en la que se tomaron", ejemplifica. No las borre. Tampoco los mensajes o los registros de las llamadas a servicios de emergencia, si se efectuaron. Pueden servir también tickets de gastos en gasolineras o áreas de servicio realizados en las horas cercanas a las del colapso, que se inició pasadas las cinco de la tarde y no se resolvió hasta el mediodía del domingo.

Antonio Rodríguez, que liderará la plataforma pero no llevará el detalle jurídico del caso por su implicación personal en él, hace hincapié en otro aspecto clave. "Si en el coche van cuatro personas, son cuatro personas afectadas, no solo una", puntualiza. Sean mayores o menores de edad. Y en una jornada de operación retorno en plena Navidad, como la del día de Reyes, eran habituales en el atasco las estampas de familias completas metidas en el coche.

Trasladando el caso de Burgos en 2006 al de este fin de semana, en el que se estima que quedaron atrapados unos 3.000 vehículos, los denunciados podrían aspirar a una indemnización total cercana al medio millón de euros dando por buena la cifra de una persona por coche. Asumiendo que es mayor, el coste total al que puede hacer frente la concesionaria si la justicia termina dando la razón a los consumidores afectados superaría con holgura el millón de euros.

El responsable del despacho DyR justifica la idoneidad del formato de demanda colectiva y, para conseguir una adscripción mayor, anuncia que la plataforma funcionará de manera gratuita para el afectado y con "total transparencia". "Si se llegase a plantear una negociación antes de llegar a los tribunales, consultaremos con los miembros de la plataforma si aceptar lo que se nos ofrezca o no", anticipa Antonio, que subraya que además de contra la concesionaria, "lo ideal" es que la demanda se dirigiera también contra el Estado por su responsabilidad subsidiaria.

No obstante, insiste en agradecer el trabajo individual en las primeras horas, antes de la llegada de la UME, de los agentes de la Guardia Civil e incluso de la concesionaria, aunque no de sus responsables. "La sensación de abandono y de frustración es muy grave, y es la parte que entiendo que constituye el daño moral", explica Antonio. "Uno no tenía la sensación de que hubiese medios. Las cosas pueden ocurrir, pero uno tiene que ver que se intentan remediar. Y eso no sucedió para nada".

La OCU promueve otra acción colectiva

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) promoverá otra acción judicial colectiva ya que considera que los "graves perjuicios" que sufrieron los usuarios en la AP-6 y en otras carreteras tienen "responsables directos". Para la asociación, la responsabilidad también es compartida. "En primer lugar, de la concesionaria Abertis y, en segundo lugar, como subsidiaria, el Ministerio de Fomento", subraya la organización.

Para la OCU, Abertis debe responder e indemnizar a los afectados por las consecuencias de "su falta de previsión y la ausencia de medidas, que debió poner en marcha para evitar el desastre, ya que las previsiones meteorológicas eran claras para ese día". En el caso de los conductores afectados en otras carreteras nacionales o sin peaje, siempre que se pueda demostrar, la reclamación, según la organización, irá dirigida al Ministerio de Fomento, que es - sostiene- "el principal responsable del mantenimiento de las carreteras en nuestro país".