El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón investigará en una misma pieza la presunta financiación ilegal del PP de Madrid que afecta a los exdirigentes regionales del partido Ignacio González y Francisco Granados, imputados en los casos de corrupción Lezo y Púnica, respectivamente.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el juez evidencia un "solapamiento" entre la pieza de Púnica sobre la supuesta financiación ilegal del PP madrileño mediante el cobro de comisiones a adjudicatarias de contratos públicos, y la número 4 de Lezo, en la que investiga si el partido hizo lo mismo desviando fondos de Indra y de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM).

Por ello, ha acordado juntar ambas investigaciones, que a partir de ahora se instruirán dentro del caso Púnica, ya que éste se comenzó a investigar en primer lugar.

Para tomar esta decisión el juez se ha servido de un informe policial incorporado a la causa en el que se concluye que tanto en las elecciones de 2011 como en las de 2007 "se sobrepasó por parte del PP su techo de gasto electoral, recurriendo nuevamente a los mismos mecanismos ilícitos que ya venían utilizando en las campañas electorales anteriores".

La única diferencia entre ambas campañas investigadas reside, según el juez, en "la persona que ocupaba el cargo de secretario general del PP" regional (Granados en la de 2007 y González en la de 2011), "circunstancia esta que, en modo alguno, puede justificar la existencia de dos investigaciones paralelas sobre los mismos hechos".

Sin embargo, fuentes próximas a Ignacio González ha explicado a Efe que éste no era secretario general del PP de Madrid en mayo de 2011, cuando se celebraron las elecciones locales y autonómicas, sino que accedió al cargo meses más marte, en octubre de ese año. Las mismas fuentes han asegurado que González "ni antes ni después" tuvo "responsabilidad alguna respecto a la financiación del partido".

"Empresas instrumentales"

García Castellón explica en su auto que en las elecciones de 2011 fue ICM la que, a través de Indra (adjudicataria de sus contratos), afrontó "el pago de las deudas" de los "proveedores electorales" del PP, "canalizándose estos pagos a través de distintas empresas instrumentales" y eludiendo con ello "la fiscalización preceptiva de la Cámara de Cuentas de Madrid".

Dichas mercantiles estarían vinculadas a "administradores de hecho o de derecho de las empresas instrumentales utilizadas para canalizar los referidos pagos a favor bien de empresas de su grupo o de terceras empresas".

Además, el juez menciona en su auto "la identidad de los intervinientes en las campañas electorales investigadas", entre los que cita al exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez Moliner, al exconsejero delegado de ICM José Martínez Nicolás, consejero delegado de ICM; al exconsejero del gobierno regional de Ignacio González Borja Sarasola y a varios empleados de Indra.

En esta misma pieza también investigará el presunto desvío de fondos de Martínez Nicolás a cuentas de Liechtenstein con la colaboración de varios familiares.

De esta forma, el juez ordena que se incorporen al caso Púnica todas las diligencias llevadas a cabo en Lezo.

Entre ellas, los diferentes testimonios de los investigados, actas de entrada y registro en empresas y grabaciones de varias conversaciones telefónicas, como una mantenida entre González y su antecesora, Esperanza Aguirre, en marzo de 2017, un mes antes de que el expresidente regional fuese encarcelado.