Propuesta de sanción de hasta un año a un 'Mosso' por negarse a rellenar atestados en catalán

La División de Asuntos Internos de los Mossos d'Esquadra ha propuesto sancionar con hasta un año de suspensión en sus funciones a un agente que se niega a redactar atestados policiales parcialmente en catalán cuando el denunciante es exclusivamente castellanoparlante, al entender que sólo así "preserva los derechos" del ciudadano. La Policía de la Generalitat, por el contrario, considera que la actitud mostrada por el funcionario supone una falta de consideración hacia sus superiores y es partidaria de castigar esta conducta.

El pasado 24 de octubre, tres días antes de su destitución como director general de la Policía Autonómica tras asumir el Ministerio las competencias de Interior en Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, Pere Soler acordó la apertura de un expediente disciplinario al agente 13.012 -destinado en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de la comisaría barcelonesa de Sant Andreu- por desobedecer la instrucción interna relativa a la confección de los atestados policiales que sus mandos habían dictado el 11 de noviembre de 2009. De no ser atendidas sus alegaciones, el funcionario se enfrenta a una sanción de entre 15 días y un año de suspensión de funciones y retribuciones por la comisión de una falta grave.

Esta postura con la mantenida por la dirección de este cuerpo policial con el ex mayor Josep Lluís Trapero, al que no abrió expediente ni mucho menos ha apartado de sus funciones tras ser imputado por la posible comisión de un delito de sedición por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Ésta le tiene retirado el pasaporte.

La Ley de la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, en vigor desde julio de 1994, permite suspender de forma cautelar o a adscribir a otro puesto de trabajo a un agente del Cuerpo investigado por cometer faltas graves o muy graves en el desempeño de sus funciones, lo que podría conllevar la "pérdida provisional del uniforme, el arma y la credencial del funcionario expedientado o sometido a procesamiento". Y el "incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución" es uno de los 23 supuestos tipificados como faltas muy graves en el régimen disciplinario de la Policía Autonómica.

Los hechos por los que el agente 13.012 se enfrenta a una sanción se remontan a octubre de 2016, a raíz de que el jefe de la citada OAC se reuniera con el agente ahora expedientado para recordarle las pautas a seguir a la hora de elaborar los formularios policiales. El comunicado interno decía textualmente: "Los atestados, a excepción de los ampliatorios de diligencias instruidas fuera del territorio de ámbito catalán o para extradición, siempre en catalán. Si el denunciante habla en castellano, escribir lo que manifiesta en castellano, pero no así el encabezamiento de las diligencias. No poner que solicita declarar en castellano".

El agente defiende que no preserva los derechos de los ciudadanos exclusivamente castellanoparlantes si rellena el atestado en parte en catalán

Tras hacer saber al mando que no estaba de acuerdo con la orden de utilizar el catalán para rellenar el encabezamiento en los casos de denuncias formuladas por castellanoparlantes, el agente redactó dos notas informativas -fechadas los días 23 de octubre de 2016 y 10 de enero de 2017- después de que aquél se negara a plasmar por escrito estas directrices para poder exhibírselas al ciudadano que eventualmente pudiera quejarse por la "mezcla de idiomas".

Así lo explicó el funcionario policial cuando compareció el pasado 16 de noviembre para exponer su versión de los hechos ante la instructora, a la que confirmó que utiliza el modelo en castellano que prevé la aplicación en aquellos casos en los que la persona es castellanoparlante exclusivamente. Y lo hace así, añadió, para "preservar los derechos del ciudadano" y evitar la "desinformación" y "confusión" que ello podría ocasionar.

En el pliego de cargos, fechado el pasado 22 de diciembre y al que ha tenido acceso El Independiente, la instructora reprocha al agente la "postura desafiante" que mostró ante su superior cuando el mismo 18 de octubre de 2016 pidió a otros tres mossos que le acompañaran al despacho del jefe de la OAC para que éste repitiera la orden que le acababa de dar a él. Estos agentes han contado ahora que el compañero se mostraba "nervioso" y "alterado" y que les generó una situación "incómoda" ante su exigencia de que el sargento repitiera las directrices en presencia de testigos.

Actitud "desafiante"

La instructora del procedimiento disciplinario sostiene que esa actitud desafiante quedó nuevamente "patente" cuando el agente redactó la segunda nota informativa en la que advertía de que dejaría de obedecer la orden verbal por cuanto no se le había motivado por escrito y porque consideraba que era arbitraria. El funcionario, sin embargo, reconoce que estuvo serio porque no entendía los motivos de la orden de su mando pero que "en ningún momento" faltó al respeto al sargento, al que siempre trató de "usted".

La División de Asuntos Internos de los Mossos d'Esquadra considera que el agente ha cometido una de las 16 faltas graves tipificadas en la Ley de la Policía de la Generalitat -"las faltas de respeto o consideración graves y manifiestas hacia los superiores, los compañeros, los subordinados o los ciudadanos"- sancionable con la suspensión de funciones por un periodo de entre 15 días y un año. El castigo incluye también la pérdida de las retribuciones correspondientes, la imposibilidad de ascender durante un periodo de hasta cinco años y el traslado a otro destino.

Defendido por el abogado Javier Aranda, especializado en Función Pública, el agente expedientado tiene de plazo hasta este miércoles para presentar alegaciones y aportar los documentos y solicitar la práctica de las diligencias que considere oportuno para su defensa antes de que se resuelva la propuesta de sanción.