El presidente de la empresa pública Adif descarta dimitir pese a su imputación en el 'caso Lezo'

Juan Bravo, actual presidente de la empresa pública Adif, rechaza dimitir pese a su imputación en el caso Lezo por su responsabilidad en la compra del 75 % del capital de la sociedad colombiana Interamericana de Aguas y Servicios SA (Inassa) por parte del Canal del Isabel II durante su etapa como consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid. El instructor aprecia un "cúmulo de irregularidades" en la adquisición de esta compañía, por la que la empresa pública madrileña pagó 83 millones de euros.

Alto cargo de Alberto Ruiz-Gallardón durante 19 años (1995-2014), Bravo es una de las 24 personas vinculadas a la Comunidad de Madrid que fueron imputadas el pasado 26 de diciembre por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. En concreto, el magistrado lo llama al procedimiento en calidad de investigado por participar en la reunión del consejo de administración del Canal de Isabel II celebrada el 14 de noviembre de 2001 en la que votó a favor de la adquisición de Inassa.

El máximo responsable de Adif no tiene intención de renunciar al cargo, al que llegó en noviembre de 2016 en sustitución de Gonzalo Ferre. Así se lo comunicó el propio Bravo a sus inmediatos subordinados el pasado lunes durante una reunión de la directiva de la empresa estatal, como han confirmado fuentes de Adif a El Independiente.

El encuentro tuvo lugar a las 14 horas con la presencia de miembros de la alta dirección, según varias fuentes. En la reunión, Juan Bravo leyó un comunicado en el que anunciaba a sus directores generales su voluntad de no dimitir pese a la imputación y agradeció el "apoyo" recibido de los directores de la compañía tras trascender su imputación.

El primer ejecutivo de Adif argumentó su decisión en el hecho de que ha sido llamado a declarar sin que se le impute "delito ni actuación ninguna merecedora de ningún tipo de consecuencia penal", por lo que ni se ha producido la "imputación formal" -ésta se concretará cuando comparezca ante el juez- ni está "encausado por delito de corrupción". Bravo añadió que su citación se produce "exclusivamente" por formar parte del consejo de administración del Canal de Isabel II en el que se dio luz verde a la compra de la compañía colombiana y no porque se le atribuya "ninguna responsabilidad individualizada" en los hechos que se investigan.

en este momento ha sido llamado a declarar sin imputarle delito ni actuación ninguna merecedora de ningún tipo de consecuencia penal, es decir, que no hay imputación formal ni está encausado por delito de corrupción

Juan Bravo alega en una reunión con sus directores generales que ni se ha producido la "imputación formal" ni está "encausado por delito de corrupción"

"Por tanto, su declaración como miembro del consejo en aquel momento se realiza, como dicta el propio auto, para concretar cuál es el alcance de las supuestas irregularidades y su relevancia penal, si la tuviera", explican desde Adif. Podemos, Ciudadanos y PSOE exigen la dimisión o destitución de Bravo.

La postura exhibida por Juan Bravo contrasta con la de Arturo Canalda, imputado también el pasado 26 de diciembre en el caso Lezo y que al día siguiente de conocer su situación procesal presentó su renuncia irrevocable como presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. El magistrado Diego de Egea, que refuerza el juzgado del que es titular Manuel García-Castellón, considera que Canalda  tuvo una "participación esencial" en la "gestión y ejecución" del proceso de adquisición de Inassa junto a José Antonio de Cachavera (director económico y de desarrollo comercial) y Pablo López de las Heras (subdirector de nuevos negocios). El ex presidente de la Cámara de Cuentas está citado para declarar el próximo día 23.

Juan Bravo es funcionario del Cuerpo Técnico de Administración General de la Comunidad de Madrid y la mayor parte de su carrera pública se ha producido a la vera de Alberto Ruiz-Gallardón. Fue director general, viceconsejero y consejero autonómico entre 1995 y 2003 (cuando Gallardón era presidente regional) y, de 2003 a 2011, fue el delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, durante la alcaldía del propio Gallardón. Éste, con posterioridad, lo nombró subsecretario de Justicia cuando Rajoy lo nombró a él ministro en diciembre de 2011.

A la sombra de Ruiz-Gallardón

Nombrado presidente de Adif a finales de 2016 por el ministro Íñigo de la Serna tras ejercer como consejero delegado de la sociedad Metro de Madrid SA durante casi 14 meses, dentro de la empresa cuenta con una opinión bastante positiva entre los veteranos de la casa: Juan Bravo heredó una decena de obras empantanadas, algunas bastante preocupantes como las obras interminables de la variante de Loja para llevar el AVE a Granada o el conflicto vecinal con el soterramiento de Murcia. De hecho, Bravo goza de buena fama entre los miembros de la Plataforma por el Soterramiento en la localidad huertana por dar la cara, a diferencia del PP murciano que no visita nunca la zona.

Para Sergio Pascual, diputado de Podemos, "a partir de hoy no hay excusas". "Es el ministro Íñigo de la Serna el que debe responder ante el Congreso por qué ampara y protege a un imputado en su equipo más íntimo", critica Pascual.