Palau: Del 'caso Millet' a la pesadilla de la Convergència de Pujol y Mas

El caso Palau comenzó siendo únicamente la historia del desfalco orquestado por el empresario Fèlix Millet en el Palau de la Música, una de las instituciones culturales más simbólicas y representativas en Cataluña. Pero en cuanto la investigación avanzó y el propio Millet comenzó a hablar para reducir su pena, se convirtió a la fuerza en el caso Convergència.

La sentencia de la mastodóntica investigación se comunicará este lunes, 15 de enero, pese a que el caso quedó finiquitado en el mes de junio. Desde entonces, como contó El Independiente, su resolución se ha aplazado para no interferir en el panorama político. Pero ya no más. Y el PDeCat, heredero directo de Convergència, tiembla ante las conclusiones a las que haya llegado la juez de la Audiencia de Barcelona, Montserrat Comas. Con motivos.

"Ferrovial me pasaba el dinero y yo lo pasaba a Convergència", declaró Millet durante una de las sesiones del juicio, en el que trató de dejar claro que la constructora regaba de comisiones al partido político a cambio de concesiones de obra pública. Sobre esta idea se extendió para desmentir el famoso mito del 3%. En el caso Palau, por lo menos, la comisión habitual era del 4%. El 2,5% para Convergència, el 1% para Millet y el 0,5% para su colaborador Jordi Montull por las labores de intermediación, según confesaron los acusados durante la fase oral del juicio.

Millet insistió ante las preguntas tanto del juez como de la Fiscalía en que CDC, a través de su tesorero Daniel Osácar, era absolutamente consciente de que el dinero que llegaba desde las constructoras se agradecía posteriormente en forma de concesiones públicas. Sin embargo, durante el juicio Millet se negó a señalar a responsables políticos por encima del tesorero. No obstante, las fechas del desfalco en el Palau y las que contiene la investigación se circunscriben a los últimos años de los 90 y la primera década de los 2.000, por lo que concierne por igual tanto a Jordi Pujol como a Artur Mas, que ha empeñado su palabra en la defensa continua de Osácar, colocado en el puesto de tesorero por ser persona de su máxima confianza.

Las confesiones de Millet consiguieron que la petición de pena de 27 años y medio quedase reducida a 14 años y nueve meses. Sin embargo, el fiscal del caso Emilio Sánchez Ulled ha dedicado buena parte de sus esfuerzos a esclarecer el rol completo del partido en la trama. Y de Convergència, durante sus interrogatorios, llegó a decir que trataba la corrupción como una forma de pensar y dentro de un "esquema mental" según el cual sus dirigentes habían confundido por completo el partido con la Generalitat, que ocuparon durante décadas.

En este sentido, Anticorrupción cifra la cantidad total que Convergència recabó por comisiones en esta investigación en 6,6 millones de euros. Y una sentencia dura volvería a suponer un mazazo para el PDeCat, tras el impulso de los buenos resultados del 21-D con la marca diluida tras las siglas de Junts per Catalunya.

El panorama judicial de Artur Mas

Este martes, tras anunciar su dimisión, Artur Mas ha querido desligarla de la cercanía de la sentencia del caso Palau. En su lugar, ha aludido a su complicado panorama judicial. Ha anunciado también que horas antes de la ejecutiva del partido ha recibido la comunicación del Tribunal Supremo por la que se le cita como investigado en la causa ampliada que investiga el proceso independentista a raíz de la convocatoria ilegal del referéndum del 1 de octubre. Artur Mas, según la investigación, formaría parte del comité estratégico encargado de dirigir la hoja de ruta, por su cargo de ex presidente y de máximo responsable del PDeCat.

Por otro lado, Artur Mas fue condenado en marzo de 2017 a dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público por su rol como principal responsable de la convocatoria independentista del 9 de noviembre de 2014.

Por el posible daño patrimonial causado entonces en la organización del referéndum ilegal, fue condenado también por el Tribunal de Cuentas a abonar una fianza de más de 5,2 millones de euros que trató de abonar apelando a la solidaridad y a las cajas de resistencia de la Asamblea Nacional Catalana. La ANC, sin embargo, sólo pudo aportar 2,3 millones de euros a sumar a lo aportado por el ex presidente. Para cubrir los 2,4 restantes, Artur Mas puso como aval su domicilio en Barcelona, cuyo embargo fue ordenado el pasado mes de diciembre.