Los letrados preparan un informe "durísimo" contra la investidura telemática de Puigdemont

El cuerpo de letrados del Parlament de Cataluña va a marcar las próximas horas en el escenario político catalán. La posibilidad de que Carles Puigdemont sea investido telemáticamente president de la Generalitat desde Bruselas, donde se encuentra desde octubre, plantea una serie de interrogantes jurídicos sobre los que los funcionarios de la cámara van a pronunciarse. Los letrados, según fuentes parlamentarias, están trabajando en un informe "durísimo" contra esta opción que daría oxígeno a ERC en su interés por la Presidencia catalana.

El partido de Oriol Junqueras, en prisión, ya se opuso a una investidura telemática y reclamaron que hubiera un president que pueda gobernar "desde el minuto uno". Según relatan fuentes de ERC a El Independiente, los republicanos han encargado a sus servicios legales un estudio sobre una posible investidura telemática. Sin embargo, no llegaron a hacer esta petición expresa al cuerpo de letrados, que ha actuado de oficio y que pretende presentar este informe antes de la constitución del Parlament, el próximo miércoles 17 de enero.

Los informes de los letrados se registran en la Cámara y se someten a debate en la Mesa del Parlament, donde hay representantes de todos los partidos y donde el independentismo gozaba de mayoría en la legislatura pasada. Al presentarse antes de la constitución de la Mesa, es previsible que se remita a la Diputación Permanente, que entre sus funciones tiene la de "tramitar las propuestas de resolución presentadas en relación con hechos de especial importancia sucedidos tras la disolución del Parlamento" y que coincide con las circunstancias actuales. En la Diputación Permanente hay un equilibrio total entre independentistas y no independentistas, con 11 representantes de ERC, Junts per Cat y la CUP y 11 entre PP, PSC, Cs y Podem.

El malestar entre los letrados

Los letrados vuelven al primer plano después de que el pasado septiembre fueran protagonistas de los primeros pasos del procés. La entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell, modificó el reglamento del Congreso para permitir la aprobación exprés de la Ley del Referéndum y la de Transitoriedad Jurídica, con las que se pretendía dar apariencia de legalidad al referéndum del 1 de octubre y la posterior proclamación de la independencia. El cuerpo de letrados se pronunció contra esta modificación y la presidenta desoyó estos criterios. Pero no fue la única intervención de los letrados.

A primeros de septiembre ya registraron un informe dirigido a la Mesa del Parlament alertando de que la tramitación de las leyes de ruptura choca con las advertencias del Tribunal Constitucional (TC) y reprochando la utilización del artículo 81.3 del reglamento para aprobarlas. El informe fue también desoído por la Mesa, que por entonces tenía mayoría independentista. En esta ocasión, con el informe de la Cámara negando la posibilidad de que Puigdemont sea investido por vía telemática o por delegación de su representación a otro diputado de JxCat, la presión volverá a recaer sobre ERC y quien, en su nombre, haya asumido la presidencia del Parlament.

En octubre, el enfrentamiento entre los letrados y la Mesa llegó a tal extremo que el secretario general del Parlament, Xavier Muro, dio órdenes a todos los funcionaros de la Cámara para que no se sellaran los documentos que contravenían los dictámenes del Tribunal Constitucional, obligando a los responsables políticos de la Cámara a asumir esa responsabilidad. Por entonces ya era evidente el malestar entre los letrados de la Cámara catalana y admitían sentirse “coartados” y “presionados” por Forcadell, y la mayoría independentista en la Mesa. Consideraban que no se les permitía ejercer sus funciones de asesoramiento legal.

En una reunión de la Junta de Portavoces ese mes, justo antes de iniciarse el debate sobre la Ley del Referéndum, Forcadell denegó la palabra al letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, cuando éste la ha pedido para posicionarse sobre una cuestión que se debatía en ese momento, según han confirmado varias fuentes presentes. El pasado 4 de octubre, Muro y Bayona, advirtieron a Forcadell de que tienen “el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa” que conduzca a una declaración unilateral de independencia (DUI). Tampoco fueron tenidos en consideración.