El candidato de JuntsxCat a la Generalitat, Carles Puigdemont, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, han llegado a un acuerdo para iniciar la legislatura surgida de las elecciones del 21 de diciembre, manteniendo el status quo de la anterior legislatura, es decir, con Carles Puigdemont investido de nuevo presidente de la Generalitat mientras Esquerra asume la presidencia del Parlament.
En la reunión mantenida entre ambos políticos, el ex president Puigdemont, que no está dispuesto a volver a España, lo que supondría responder ante la justicia por los delitos de rebelión, sedición y malversación que le imputa la fiscalía del Tribunal Supremo, propuso dos alternativas para ser investido presidente: de forma telemática vía Skype o bien por la "investidura delegada", lo que supondría sortear el rechazo de la oposición -y de buena parte de la comunidad jurídica catalana- a la vía telemática nombrando como portavoz delegado a un diputado de su formación para que pronuncie el discurso de investidura, algo que los republicanos están estudiando con sus servicios jurídicos.
Después de la filtración del acuerdo, ERC ha querido poner de relieve este detalle. Según los republicanos, no se ha decidido que Puigdemont sea investido presidente, pero sí hay acuerdo para constituir la Cámara porque Puigdemont ha descartado bloquear el primer pleno de la legislatura promoviendo la ausencia de sus diputados, algo que ERC no quería, pero que aún hay que negociar la vía para la investidura del presidente --que se tiene que hacer en un pleno posterior--.
Ambos líderes se reunieron el martes por la noche en Bruselas para abordar la situación política catalana, mientras la atención mediática se centraba en el ex presidente de la Generalitat Artur Mas, que ayer anunció su dimisión como presidente del PDeCAT, partido de Puigdemont.
El meu compromís està intacte i treballaré per defensar la legitimitat de les nostres institucions. Tornaré amb tota la legitimitat a #Catalunya com a president escollit pel @parlament_cat 👉 https://t.co/ZSLgP1U5se
— Carles Puigdemont (@KRLS) January 9, 2018
El propio Puigdemont insistió ayer noche en un acto organizado en Montpellier -en el que intervino también de forma telemática- en que su objetivo es "volver con garantías y con toda la legitimidad como presidente elegido por un Parlament" abonando así la tesis de los últimos días, en los que juega con la posibilidad de regresar a España una vez investido. "Ahora no es posible", añadió Puigdemont, "porque existe una amenaza de impedirme convertirme en presidente" señaló en referencia a su segura detención por orden del Tribunal Supremo en cuanto regrese.
En twitter, el ex presidente y candidato a la investidura aseguró anoche que su compromiso "está intacto y trabajaré para defender la legitimidad de nuestras instituciones. Volveré con toda la legitimidad a Cataluña como presidente escogido por el Parlament".
La Mesa, sin Nuet
En el encuentro en la capital belga ambos pactaron tanto la investidura de Puigdemont como constituir una Mesa del Parlament con mayoría independentista, esto es, sin contar con Catalunya en Comú, la formación liderada por Xavier Domènech.
Los comunes rechazaron ayer una alianza con C's pero trasladaron a ERC y la CUP su deseo de que Joan Josep Nuet vuelva a tener un lugar en la Mesa como cuarto secretario, lo que podría poner en cuestión la mayoría independentista si esa designación se hace a costa de un representante de ERC o el PDCat. El próximo 17 de enero se votará la Mesa del Parlament y el 31 tendría lugar el debate de investidura.
Para hacer realidad ese acuerdo, JxCat y ERC necesitarán contar sin embargo con los votos de todos sus diputados electos, incluidos los tres encarcelados, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Joaquim Forn, una vez descartados los dos votos de Puigdemont y Antoni Comin, ambos fugados en Bruselas, puesto que las votaciones de constitución e investidura son nominales y presenciales y ninguno de los dos puede acogerse a los motivos fijados por el reglamento del Parlament para la delegación del voto.
En caso de que el juez Pablo Llarena rechazara conceder esos permisos penitenciarios, el bloque independentista deberá reconsiderar las aspiraciones de los comunes, puesto que el apoyo de CeC al bloque constitucionalista establecería un empate a 65 en la Cámara catalana.
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