El juez descubre que el 'Govern' destinó 120.000 euros a pagar a los observadores internacionales

El Tribunal Supremo investiga si el Gobierno de Carles Puigdemont, a pesar de tener monitorizadas sus cuentas por el Ministerio de Hacienda, desvió fondos públicos para pagar a los observadores internacionales que se desplazaron a Cataluña con motivo de la consulta independentista del 1-O. Ello comportó un gasto de casi 120.000 euros.

En una providencia fechada este martes, el magistrado Pablo Llarena ha ordenado a la Guardia Civil que investigue tres transferencias bancarias concretas realizadas a través de cuentas corrientes de las que era titular la Delegación de Cataluña ante la Unión Europea en una sucursal del BBVA en Bruselas.

De acuerdo con la documentación aportada por los servicios jurídicos de la entidad bancaria, la Generalitat transfirió en dos pagos 119.700 euros al Centro de Estudios Estratégicos de La Haya (HCSS, por sus siglas en inglés), think-tank privado dedicado al análisis político al que pertenecían los observadores internacionales que se trasladaron a Cataluña el pasado otoño. El instructor quiere que se identifique al "ordenante y destinatario, concepto en que se realizaron, destino actual de los fondos y, en su caso, aplicación" del dinero.

De acuerdo con los indicios que manejan los investigadores, las transferencias se realizaron entre el 21 de septiembre y el 10 de octubre de 2017, con lo que el Ejecutivo catalán habría burlado al Ministerio de Hacienda. El pasado 15 de septiembre, la Comisión de Asuntos Económicos del Ministerio de Hacienda acordó el control de los gastos de Cataluña, a fin de evitar que pudiera destinar dinero público a financiar los gastos del referéndum de autodeterminación que el Tribunal Constitucional había declarado ilegal.

A preguntas de El Independiente, el líder de los observadores internacionales, el diplomático Daan Everts, aseguró que es la HCSS quien financiaba a los enviados para evaluar las garantías y el desarrollo de la consulta soberanista. La duda era quién inyectaba dinero al Centro de Estudios Estratégicos de La Haya, incógnita que el juez Llarena está próximo a despejar.

"No sé cuáles son sus fuentes de ingresos. Como equipo de observación hemos acordado con el Centro que no nos informarán de ello, con el objetivo de que permanezcamos libres de cualquier influencia y seamos capaces de trabajar con estricta independencia e informalidad", aseguró Everts.