Santamaría vuelve a confiar en Junqueras para restituir la legalidad en Cataluña

Oriol Junqueras vuelve a ser la baza favorita de Moncloa para desatascar la investidura y la formación del gobierno de la Generalitat. De nuevo, el departamento de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pone su confianza en el líder de ERC para que frene los planes de Carles Puigdemont de ser investido telemáticamente y restaurar el "govern legítimo", el mismo que fue destituido con motivo de la aplicación de artículo 155 de la Constitución.

Fuentes gubernamentales destacan la posición "más moderada" de ERC frente a la de Junts per Catalunya, inmersa en un pulso por forzar la investidura del ex president. Tras los últimos movimientos protagonizados por dos figuras claves del partido republicano, esto es, el ex consejero de Justicia Carles Mundó y la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, Moncloa se reafirma en la idea de que los de Junqueras están ahora por "no abandonar los cauces legales frente a la radicalidad absurda" de JxC. La principal dificultad, radica, sin embargo,  en la permanencia en prisión preventiva del ex vicepresidente de la Generalitat.

Moncloa aspira a que "se imponga ERC" frente a los planes de Puigdemont

Es más, llegan a decir que Junqueras "ha sido coherente" al sufrir los rigores de su permanencia en la cárcel frente "a alguien que ha dado la espalda a los catalanes y demuestra seguir en el frentismo", en alusión Puigdemont. En este sentido, apelan a la necesidad de un gesto de "valentía" de los dirigentes republicanos y del antiguo partido de Puigdemont, el PdeCat, para oponerse a los planes de éste desde Bruselas. En definitiva, "que se imponga ERC".

No es la primera vez que Moncloa pone todas sus esperanzas en Junqueras. El que fuera interlocutor privilegiado de Sáenz de Santamaría y del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, mantuvo durante meses la ficción de que el proceso independentista frenaría en el último momento para ir a una nueva convocatoria electoral, pero los hechos y la participación directa de Junqueras en los mismos, terminó por dinamitar la cuota de confianza puesta en él. Hasta ahora. No es que haya interlocución, cosa imposible con el líder de ERC en prisión, pero el Gobierno se aferra a una ERC que, salvo casos como el de Marta Rovira, da alguna señal de sensatez.

No se engañan respecto a que el independentismo acabará pactando para gobernar

No se engañan respecto a que el independentismo acabará pactando para sacar adelante un nuevo gobierno, les vale con que no inicie la escalada unilateral, identitaria e ilegal de la legislatura 2015-2017 y que, para colmo, ese gobierno esté dirigido desde Bruselas. En este sentido destacan la paradoja de defender un proyecto de independencia con el presidente "ejerciendo desde una capital extranjera". Las declaraciones del portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, respecto al "bien superior", abonan la tesis de que existe un resquicio para que no se cumplan los planes de Puigdemont al margen de los informes que tanto Moncloa como los servicios jurídicos del Parlament han emitido contra la investidura telemática.

Y es que Tardá señaló este jueves  que agudizarán "todo el ingenio" para buscar una fórmula que permita un nuevo gobierno independentista en Cataluña, pero preguntado en un par de ocasiones sobre si el cabeza de lista de JxC es la única opción para la investidura, se limitó a responder que "seguiremos trabajando para que haya gobierno", informa Efe. El Gobierno interpreta que los republicanos están por pulsar "el botón de pausa" de la carrera enloquecida en que se convirtió la anterior legislatura.

Moncloa trabaja en un triple frente: judicial, parlamentario y territorial

La vicepresidenta y su secretario de Estado de Administraciones Públicas, Roberto Bermúdez de Castro, trabajan mano a mano con la abogacía del Estado en un triple frente para frenar los planes de Puigdemont tanto con carácter preventivo como ante hechos consumados. "No nos van a coger por sorpresa. El Ejecutivo está trabajando para no tener la guardia baja", al tiempo que se mantiene informados a PSOE y Ciudadanos sobre los pasos a dar, afirman las fuentes gubernamentales consultadas.

La estrategia afecta al frente judicial, parlamentario y territorial. Del primero ya se ha conocido un informe de los servicios jurídicos del Gobierno respeto a la imposibilidad de investir a un president que no esté físicamente presente en la Cámara autonómica, salvo causas tasadas (maternidad o enfermedad, por ejemplo) que no se dan. Asimismo, están preparando los recursos preceptivos ante el Constitucional en caso de que el independentismo opte por retorcer el reglamento del Parlament para abrir la puerta a investiduras por plasma o "por poderes". En este punto, confían en que los Grupos de Ciudadanos y PSC, además de los diputados autonómicos del PP recurran también en amparo al alto tribunal por lesión de sus derechos parlamentarios.

Cesión a Coalición Canaria

En este sentido, lamentan haber cedido en su momento a la propuesta de Coalición Canaria de eliminar el derecho de veto presidencial sobre las decisiones del Parlament que iba en el proyecto original de aplicación del 155. De ese modo "nos hemos privado de una herramienta de control previo" que habría puesto punto y final al debate sobre la investidura a distancia de un prófugo de la Justicia.

Admiten que aceptaron tanto esa enmienda como la socialista, que afectaba a la intervención de TV3, "porque eran las dos cosas que más nos hubieran dificultado la homologación internacional" de la aplicación del 155. Se trataba de no dar "munición" al independentismo respeto a la vulneración de las garantías parlamentarias y de la libertad de información. Las consecuencias se están viendo ahora.