La Audiencia Provincial de Barcelona considera probada la financiación irregular de Convergencia Democrática (CDC) y condena a los principales acusados a prisión, exculpando a los dos altos cargos de Ferrovial imputados. El tribunal presidido por la magistrada Montserrat Comas ha condenado a Félix Millet a nueve años y siete meses de cárcel, siete años y seis meses a Jordi Montull, máximos responsables del Palau, y cuatro años al ex tesorero de CDC, Daniel Osácar. Gemma Montull, para la que el fiscal pidió dos años de prisión tras confesar la financiación irregular de CDC, es condenada finalmente a cuatro años de prisión, por lo que no podrá esquivar la cárcel.

El fallo ordena además el comiso de los beneficios obtenidos por CDC en la comisión de tráfico de influencias, que asciende a 6.676.105 euros según la sentencia. En el caso de Félix Millet, la Audiencia lo condena a los 9,8 años de prisión y al pago de 5,3 millones de euros de multa por blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Púbica. Además, deberá pagar de forma solidaria con Jordi Montull 3,5 millones de euros al Consorcio del Palau de la Música y 6,2 millones de euros a la Fundación Privada Orfeó Català. A la Asociación del Orfeó deben pagarle 7,6 millones de euros más por el expolio y la operación de venta del local de Sant Pere en el que debía construirse el fallido hotel del Palau y otros 6 millones de euros a la Fundación o a la Asociación por las cantidades apropiadas mediante la presentación de cheques al portador.

En su fallo, la Audiencia considera que "una de las acciones a través de las cuales Millet y Montull se enriquecieron fue su mediación para el establecimiento, mantenimiento y funcionamiento de un sistema por el cual Ferrovial-Agroman, mediante el pago de comisiones a CDC, obtenía la adjudicación de determinados concursos y licitación" de obras públicas en Cataluña.

Convergencia defiende que no se ha probado la financiación irregular del partido, sino tráfico de influencias del que solo se ha condenado a Osácar"

El abogado defensor de CDC, Francesc Sánchez, se ha apresurado a asegurar sin embargo que la sentencia no habla de financiación ilegal de Convergencia. "Se condena a Daniel Osácar por tráfico de influencias y blanqueo de capitales" ha añadido Sánchez, quien ha anunciado que presentarán recurso contra la sentencia y "defenderemos la inocencia de Osácar hasta el último momento".

La sentencia afirma que desde principios de 1999 y hasta julio de 2009 el total de comisiones satisfechas por Ferrovial a Convergencia ascendió, "como mínimo" a 6.676.105 € y señala a Millet y Montull como los responsables de entramado que "pactaron con el tesorero de Convergencia, Carles Torrent, sin excluir la participación de otras personas de esta formación que no han podido ser completamente identificadas".

Para ello, añade la Audiencia, "pusieron a disposición de los directivos de Ferrovial y los miembros de CDC toda la estructura económica del Palau de la Música, para que estos pudieran ocultar el pago y cobro, respectivamente, de las comisiones". Y concluye que "este acuerdo criminal" se mantuvo ininterrumpidamente desde 1999 hasta que los mossos entraron en el Palau de la Música en 2009.

El expolio del Palau: 23 millones de euros para Millet y Montull

En su sentencia, la Audiencia destaca además que el entramado creado por Millet y Montull para manejar las cuentas del Consorcio del Palau de la Música, la Fundación Orfeón Catalán y la Asociación del Orfeón Catalán les permitió desviar 23 millones de euros a finalidades privadas, desde obras en sus domicilios particulares a viajes en familia. Si olvidar "el total de fondos de la fundación indebidamente destinados a sufragar los ostentosos enlaces de las hijas de Félix Millet" que ascendió a 164.269 €.

De los 16 acusados la Fiscalía había centrado su petición de responsabilidades en Félix Millet y Jordi Montull, para los que pidió penas de 15 y 11 años de prisión respectivamente como máximos responsables de la entidad cultural, y 8 años de prisión para el ex tesorero de Convergencia Democrática, Daniel Osácar, además de 5 años para los dos directivos de Ferrovial acusados de haber vehiculado los pagos a CDC a cambio de concesiones de obra pública de la Generalitat, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga.

El Caso Palau arranca en julio de 2009, con el registro del Palau de la Música por una investigación instada por la Fiscalía por los delitos de malversación, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias y blanqueo de capitales contra los gestores de la entidad. Tras cinco años de investigación, condicionados por el cambio de inquilinos en el Palau de la Generalitat -la primera medida de Artur Mas como president, en 2010, fue sustituir al jefe de servicios jurídicos de la Generalitat y cambiar su postura en el Caso Palau- la instrucción finalizó en 2016 y al año siguiente se abrió juicio oral.

La causa presidida por Montserrat Comas en la sección 10 de la Audiencia Provincial de Barcelona quedó vista para sentencia el pasado 16 de julio, tras una cincuentena de sesiones.

Pagos de Ferrovial

La Audiencia de Barcelona cree probado que el Palau de la Música sirvió para "enmascarar" el pago de comisiones de hasta el 4 % de la constructora Ferrovial a CDC, a cambio de que "altos responsables del partido" no identificados le aseguraran la adjudicación de obras públicas.

La sentencia sostiene que los ex tesoreros de CDC Carles Torrent, fallecido en 2005, y Daniel Osàcar, condenado a cuatro años y cinco meses, se convirtieron en la "clave de bóveda en CDC que permitía el entramado de cobro de comisiones a cambio de obra pública".

Según la Audiencia, el "acuerdo criminal" para el pago de comisiones de Ferrovial a CDC "se mantuvo interrumpidamente desde los años 1999 hasta 2009" y requirió que los ex tesoreros, "por sí mismos o con el apoyo de otros altos responsables del partido no identificados", utilizaran su cargo para influir en políticos de la formación que estaban en "la posición administrativa decisoria (a nivel autonómico o local)" para adjudicar obras públicas.

Convergència recurrirá

El representante legal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Francesc Sánchez, ha anunciado que recurrirá la sentencia por el caso Palau y se ha mostrado convencido de que el ex tesorero del partido Daniel Osàcar no entrará en prisión.

En declaraciones a los periodistas tras conocer el fallo, Sánchez ha considerado que la juez "ha comprado la idea de Fiscalía", por lo que tanto él como Osàcar "no están de acuerdo" con la decisión y la recurrirán.

"Estamos seguros de que Daniel Osàcar no entrará en prisión", ha afirmado Sánchez, que ha remarcado que CDC ya ha pagado a nivel político la sentencia del caso Palau porque "ha desaparecido de la órbita de los partidos que se presentan a las elecciones".

Sánchez ha aseverado que la sentencia no acusa a CDC de haberse financiado irregularmente sino que ordena el decomiso de unos fondos obtenidos como consecuencia de un delito de tráfico de influencias.

Sobre eventuales responsabilidades para el PDeCAT, formación heredera de CDC, Sànchez ha zanjado que la formación demócrata no tiene ninguna relación con el anterior partido.

"Ningún partido ha actuado como CDC en esta materia", ha enfatizado, y se ha referido a Convergència como "un partido que está desapareciendo". Actualmente los ex convergentes hacen política bajo las siglas del PDeCAT y en el Parlament bajo el paraguas del grupo de Junts per Catalunya.