La senadora del PP y ex alcaldesa de Cartagena (Murcia) Pilar Barreiro ha negado este lunes ante la magistrada del Tribunal Supremo Ana María Ferrer haber cometido ninguna irregularidad en los conciertos que entabló con empresas de Alejandro de Pedro -considerado el conseguidor de la trama Púnica- para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y a la Consejería de Educación de la Región de Murcia. Sobre uno de los contratos, dirigido a mejorar su reputación en redes sociales y que no se llegó a firmar, ha dicho que estaba previsto que lo pagara el partido.

Así lo ha manifestado el abogado de Barreiro, José Pardo, al término de la casi hora y media de declaración de la senadora, que ha evitado hacer declaraciones a los periodistas que la esperaban a las puertas del alto tribunal.

"Se contrató una publicidad que se hizo y se pagó", ha explicado el abogado en relación con los anuncios pagados por Barreiro en un diario digital de De Pedro. Sobre el contrato para mejorar la reputación de la entonces alcaldesa de Cartagena y diputada "no llegó a terminarse y que iba a pagar el partido, por lo que no hay ningún delito en nada".

"No hubo pago con dinero público alguno", ha insistido el letrado, para añadir que su clienta no sabe nada del ex presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez -procesado también por contratos con el conseguidor de la Púnica-. "Yo de la UCO prefiero no hablar", ha añadido.

La prensa debe pedir perdón

Pardo ha señalado que su defendida se encuentra en la misma situación que hace dos años, cuando el Tribunal Supremo archivó la causa abierta contra ella por supuesta vulneración de la legislación medioambiental en la construcción de la urbanización Nova Carthago en Cartagena.

"A mi cliente la crucificaron los medios y al final el Tribunal Supremo con muy buen criterio archivó el tema, y ahora es exactamente lo mismo", ha dicho, para añadir que en ese caso la prensa debería "pedir perdón, porque la pobre lo está pasando muy mal".

Para el abogado, la petición de Ciudadanos de solicitar la dimisión de Barreiro como requisito para que este partido apoye los Presupuestos Generales del Estado es "una locura", y que lo mismo ocurrió con el caso de Nova Carthago y después "no dijeron nada".

Sobre las declaraciones de Barreiro de este lunes, el abogado ha señalado que su clienta ha explicado que su conducta "fue totalmente atípica, no hay delito alguno diga lo que diga la UCO" de la Guardia Civil.

"Hay una cosa que es la lógica aristotélica, y hay otra lógica que es la de Lewis Carrol, el de Alicia en el País de las Maravillas -ha añadido Pardo-. A mí gusta en derecho utilizar la lógica aristotélica, y las conclusiones de la UCO, como llegó el juez Velasco y luego el Supremo, porque es una correa de transmisión, son erróneas totalmente".

Barreiro ha sido interrogada por presuntos delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada en el marco de la trama de corrupción Púnica.

La Fiscalía se posicionó a favor de investigar a Barreiro en el Supremo después de que el ex juez de instrucción de la Audiencia Nacional Eloy Velasco -que estuvo investigando el caso Púnica hasta que fue ascendido a la nueva Sala de Apelaciones de este órgano judicial-, remitiese una exposición razonada al alto tribunal debido a la condición de aforada de Barreiro.

En su auto de apertura de la investigación, el Tribunal Supremo ya considera que los hechos atribuidos a Barreiro "son susceptibles de ser calificados como constitutivos" de cinco delitos.

Precisa que los hechos más relevantes investigados en la trama corrupta relacionados con la aforada es la existencia de supuestos conciertos con empresas de Alejandro de Pedro para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y a la Consejería de Educación de la Región de Murcia.

Uso irregular de dinero público

En la exposición razonada del entonces magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 se subrayaba también que la senadora del PP presuntamente sufragó con dinero público trabajos particulares como la limpieza y cuidado de su reputación en redes sociales y la creación de un diario digital que emitiese informaciones favorables.

Así, entre junio y septiembre de 2014 los trabajos se facturaron como "campaña de publicidad Turismo Cartagena" por 4.840 euros -que se pagaron de forma fraccionada para eludir los controles de la Intervención-. Posteriormente, De Pedro valoró realizar esta labor de forma conjunta con la que tenía previsto hacer para el ex presidente murciano Pedro Antonio Sánchez, también imputado en este caso.

El juez Velasco afirmó en su exposición que la ex alcaldesa conservadora participó directamente en el diseño del plan que ocasionaría un perjuicio económico a la Administración autonómica contando con el consentimiento de su personal de confianza en el Ayuntamiento, Francisco Ferreño y María del Mar Conesa, quienes pese a no haber compartido alguna de las decisiones personales de Barreiro, la apoyaron y encubrieron "enmascarando" el procedimiento para la obtención de fondos del presupuesto de Educación.