La Junta de Andalucía no ha renovado al consejero del Consejo Consultivo que formuló voto particular contra el proyecto de decreto que permitirá a Susana Díaz nombrar a los peritos que auxilien a los juzgados cuando éstos reclamen esta asistencia. La norma se ha aprobado este martes por parte del Consejo de Gobierno después de casi cuatro años de tramitación.
Francisco Gutiérrez podía renovar su cargo de consejero en el Consultivo a propuesta del PP porque no había agotado mandato, pero el Gobierno andaluz ha quebrado una costumbre según la cual cada partido nombraba a sus representantes en este órgano en función de su representación parlamentaria. Era al Ejecutivo al que le corresponde los nombramientos por decreto, pero siempre había existido consenso entre las fuerzas políticas.
De forma sorpresiva, el Ejecutivo autonómico ha prescindido de Gutiérrez, que se encontraba en la misma situación que otra consejera -a propuesta del PSOE- que sí cotinuará: Begoña Álvarez, ex titular de la Consejería de Justicia.
La Junta dice que busca representantes de "acreditado prestigio": el consejero no renovado es doctor en Derecho, licenciado en Ciencias Políticas y profesor universitario
A preguntas de los periodistas, el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, ha explicado que el Ejecutivo ha trabajado "con intensidad" en los últimos meses para que la composición del Consultivo "responda a los criterios que se quieren para un órgano de esta trascendencia". Blanco ha dicho que se han buscado miembros de "reconocido prestigio", "sobrada solvencia", "experiencia" y "respetados" por toda la comunidad jurídica por su trayectoria profesional.
Francisco Gutiérrez es doctor en Derecho Público, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y ha sido profesor de Derecho Constitucional en las Universidades de Sevilla y Pablo de Olavide, a la que continúa vinculado como colaborador honorario. Tampoco le falta experiencia en el plano institucional: presidió la comisión jurídica del Consejo Audiovisual de Andalucía de 2005 a 2007 y ejerció como adjunto del Defensor del Pueblo Andaluz de 2007 a 2011, antes de incorporarse al Consejo Consultivo.
La destitución de este consejero se produce el mismo día que El Independiente ha adelantado que Susana Díaz ultimaba un decreto que le permitirá designar a los empleados de la Junta de Andalucía que actúen como peritos judiciales en auxilio de los tribunales, incluidos los procedimientos en los que la Administración sea parte o tenga interés.
Francisco Gutiérrez formuló voto particular contra el acuerdo adoptado por la comisión permanente al entender que la "independencia" de las periciales y la "imparcialidad" de los órganos judiciales pueden "quedar francamente en entredicho" con el sistema ideado por la Consejería de Justicia e Interior, por cuanto la Administración tendrá en su mano la posibilidad de nombrar a la persona que "más convenga" a sus intereses.
Otra ley clave, tumbada
"Será la Administración de la Junta de Andalucía la que realice, por ejemplo, con propio personal o mediante contratación externa, no sólo los informes periciales que quiera aportar motu proprio y en defensa de sus intereses como parte en el procedimiento, sino también aquellos otros con los que quiera contar el órgano judicial para fundamentar su sentencia", advertía Gutiérrez.
La no renovación de este consejero se produce semanas después de que el Consejo Consultivo emitiera un durísimo dictamen contra el anteproyecto de Ley de Formación Profesional de Andalucía, una de las leyes consideras clave por el Ejecutivo andaluz para esta legislatura y pactada con Ciudadanos en el acuerdo que permitió la investidura de Susana Díaz.
Una ex consejera de la Junta, recolocada
Según ha acordado este martes el Consejo de Gobierno, como miembros de la comisión permanente ejercerán durante los cinco próximos años las ex consejeras de la Junta Begoña Álvarez y Mar Moreno (ésta es recolocada); Ángel Rodríguez Vergara, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga; María Jesús Gallardo, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Jaén, y Juan Gorelli Hernández, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Huelva. Al puesto que ocupe el ex presidente de la Junta Rafael Escuredo no le alcanzaba esta renovación y, por tanto, continuará.
Sin exclusividad, han sido nombrados como consejeros electivos José Manuel Jareño Rodríguez-Sánchez, ex decano del Colegio de Abogados Cádiz y profesor de Derecho Penal en la Universidad de Cádiz; Soledad López, ex subsecretaria del Ministerio de Presidencia; Eva Blanco, funcionaria del cuerpo superior de administradores civiles del Estado; Joaquín Cifuentes, abogado y letrado de CCOO, y Fernando Yélamos, abogado desde 1974 en ejercicio y que ha asesorado a UGT.
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