El Gobierno amaga con otro 155 "más duro y más largo"

A la espera de lo que decida este lunes el nuevo presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, respecto a la investidura a distancia de Carles Puigdemont, el Gobierno intenta tener todos los frentes cubiertos para evitar, sino preventivamente, sí a posteriori cualquier intento de volver a elegir al hoy prófugo en Bélgica. No es fácil. La casuística es tan amplia que, aún convencidos de que Puigdemont no podrá volver al gobierno de la Generalitat, se preparan ante el riesgo de que la persona que le sustituya tenga tentaciones de regresar a las andadas, por lo que amagan con un nuevo 155 "más duro y más largo" que el que se aprobó en octubre del año pasado.

De momento, el Gobierno dice tener el apoyo de PSOE y de Ciudadanos para actuar "con todas sus consecuencias", contra cualquier intento de investidura fraudulenta, respaldo que Moncloa cree extensible, llegado el caso, a una nueva intervención de la Generalitat. Pero, a diferencia de la anterior, y dados los resultados de la actual, "sería distinta, destinada a corregir deficiencias de la anterior", señalan fuentes gubernamentales.

El Gobierno dice tener el apoyo de PSOE y de Ciudadanos para actuar "con todas sus consecuencias"

Los dos grandes escollos que encontraron la abogacía del Estado y los servicios jurídicos del Ejecutivo fueron la intervención del Parlament y de la televisión autonómica. Entonces ambas dificultades se solucionaron con la convocatoria de elecciones catalanas.

De ese modo se disolvía la Cámara y TV3 quedaba, aparentemente, bajo control de la Junta Electoral Central. Entonces primaron los conceptos de "autonomía parlamentaria y de libertad de expresión" por entender que "eran los que más nos hubieran dificultado la homologación internacional" además de ser usados como "munición" para "el victimismo y demagogia" del independentismo.

Asimismo, por el afán de ampliar el consenso parlamentario del 155 no sólo a PSOE y Ciudadanos, sino también a otras fuerzas políticas, se aceptó eliminar de la propuesta inicial una suerte de derecho de veto sobre aquellas decisiones parlamentarias que no se ajustaran a la legalidad y que ahora hubieran cercenado cualquier debate sobre la investidura telemática de Puigdemont. Fue Coalición Canaria la que con su enmienda "nos ha privado de una herramienta de control previo" tan indispensable en estos momentos.

Moncloa lucharía de nuevo por el derecho de veto en el Parlament y la intervención de TV3

Ese sería, sin duda, un elemento a recuperar en un nuevo 155, pero no sólo. TV3 volvería a estar en el decálogo de objetivos a controlar en otra intervención de la Generalitat. El aparato propagandístico por excelencia del independentismo no ha dejado de funcionar en ningún momento como si continuara gobernando Junts pel Sí, la anterior coalición de convergentes y ERC.

En este caso fue el PSOE el que cuestionó que los medios de comunicación públicos catalanes, -con la televisión autonómica como mascarón de proa, a la que se añadían Cataluña Radio y la Agencia Catalana de Noticias-, quedasen bajo control de la nueva administración, esto es, del Gobierno central.  En el texto original que aprobó el Consejo de Ministros en su reunión extraordinaria de 21 de octubre se abogaba por dicha intervención para “garantizar la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también con el equilibrio territorial”, entre otros aspectos.

La educación, en el punto de mira

La educación también está en el punto de mira. Aunque en estos meses se ha intentado reforzar la inspección educativa en los centros escolares catalanes, las denuncias de adoctrinamiento han dejado de ser anécdota. Este era uno de los escenarios en los que el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, pedía actuar en profundidad, lo que justificaba, a su juicio, un 155 mantenido en el tiempo. No hay, de momento, un cálculo de cuánto podría durar otra intervención de la Generalitat, desde luego, no menos de seis meses hasta la celebración de unas nuevas elecciones, quizá hasta un año, para poder tomar decisiones que fueran más allá de una mera gestión de los asuntos ordinarios.

Lo dijo Albiol muy claro en entrevista con El Independiente al ser interrogado respecto a que pasaría si no se acaba con el proselitismo secesionista en la escuela: "Pues que en 15 años Cataluña será independiente. O los partidos constitucionales hacemos un pacto de Estado y tomamos conciencia de lo que está ocurriendo o muy probablemente en 15 o 20 años no habrá artículo 155 que pare la independencia (...) Esto requiere una reacción temprana por parte del Estado para intentar reconducirlo".

Efecto disuasorio del TC

Convencida Moncloa de que los cinco de Bruselas no pidieron el voto delegado en la sesión constitutiva del Parlament por la amenaza de un recurso ante el Tribunal Constitucional, -cosa que ahora sí han solicitado para la investidura-, cree en el efecto disuasorio de los tribunales. A eso atribuye que se haya elegido para la presidencia de la Cámara autonómica a alguien que no tiene cuentas pendientes con la justicia. Pero que hasta que el escenario se clarifique, Puigdemont y los suyos intentarán tensar la cuerda.

La diputada de la Cámara catalana y vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, reclamó este domingo a Puigdemont que "deje de aburrirnos con sus Erasmus por Europa, por Bruselas y Copenhague y vaya al Parlament, que es donde se le está pagando el sueldo. Basta ya de burlas a la democracia". Asegura que "no va a haber proceso parte II ni un seguimos con la independencia parte II porque mientras sigan con todo lo que nos ha llevado hasta aquí, el artículo 155 va a seguir en vigor y el gobierno de España aplicando la ley para que no se lleven a cabo todos los atropellos e ilegalidades que nos llevaron a la situación anterior". Pero si se vuelve a lo mismo, Moncloa quiere estar preparada.