El PP mantendrá a Barreiro porque su supuesto delito "no es de corrupción"

El Partido Popular intenta salvar a la senadora Pilar Barreiro de cuya dimisión depende la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para este año. Barreiro declaró ante el Supremo en calidad de imputada por el caso Púnica y Albert Rivera condiciona su voto a las Cuentas de 2018 a que deje el escaño. Fuentes de la dirección del PP arguyen que, aún en el caso de que se confirme la imputación de la parlamentaria, "no estamos ante un caso de corrupción, sino de gestión. No ha habido ningún aprovechamiento ilícito y así lo demuestran distintos informes".

En todo caso, esperan que el Tribunal Supremo le levante la imputación con el recordatorio de que no es la primera vez que la parlamentaria se ve obligada a declarar como investigada y se le archiva la causa, "lo que ha pasado, como mínimo, en otras dos ocasiones anteriores", aducen. Uno de los ejemplos recurrentes para comparar la situación de la senadora es la del ex ministro José Blanco, investigado en su momento por la operación Campeón en Galicia, al que el PSOE mantuvo a la espera de resolución por parte del Supremo, que acabó levantándole la imputación.

La senadora ha dado explicaciones a su Grupo para asegurarle que "no hizo nada"

Barreiro defendió antes de las vacaciones de Navidad en la dirección del Grupo Popular en el Senado que "no hizo nada irregular" al contratar los servicios del "conseguidor" de la Púnica, Alejandro de Pedro. El objetivo era desarrollar en la red una campaña de imagen de su persona siendo alcaldesa de Cartagena (Murcia), que iba a ser pagada por el partido, aseguró, en la misma línea de lo declarado ante la juez del TS Ana María Ferrer el pasado lunes 15.

Unos argumentos que no han convencido a Ciudadanos, partido del que depende la aprobación de los Presupuestos junto al PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Su secretario general, José Manuel Villegas, anunció este domingo la congelación de las negociaciones con el Gobierno hasta que no dimita Barreiro. "No seguiremos adelante si el PP no aparta a la imputada que tiene en el Senado, a la señora Barreiro. Es importante que cumpla sus compromisos", dijo Villegas en alusión al acuerdo de investidura que rubricaron el 28 de agosto de 2016.

Los populares creen que "no se puede sostener" hacer depender los PGE de la dimisión de una senadora

El punto 93 de un acuerdo que contenía "150 compromisos para mejorar España" señalaba que PP y Cs "se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial. Asimismo, se comprometen a que las personas que se encuentren en dicha situación no puedan ser incorporadas en las candidaturas electorales ni ser nombrados para desempeñar cargos públicos". Y van más lejos cuando reprochan a los "naranjas" una actitud más laxa con el PSOE, al que apoyan en la Junta de Andalucía.

Con el argumento de que lo de Barreiro no es corrupción, el PP cree que es una sobreactuación vincular la aprobación de los Presupuestos "a la dimisión de una senadora. Es algo que no se puede sostener", agregan dejando patente el mal estado de las relaciones ante ambas fuerzas políticas, más deteriorado aún desde las elecciones catalanas del 21-D y la negativa de Rivera a "prestar" un diputado autonómico al PP para que pueda tener Grupo propio en el Parlament.

Barreiro puede seguir los mismos pasos que el ex presidente murciano Pedro Antonio Sánchez

En definitiva, los populares emplean los mismos argumentos que tan poco sirvieron en el caso del ex presidente de la Comunidad de Murcia Pedro Antonio Sánchez, cuya imputación confirmó el Tribunal  Superior de Justicia de esa autonomía y hubo de dimitir ante la amenaza de Ciudadanos de apoyar junto a PSOE y Podemos una moción de censura para descabalgarle del poder.

Entonces también se defendía que Sánchez no se había enriquecido por las obras del auditorio de Puerto Lumbreras, pero, al final, terminó doblemente imputado tanto por este caso como por negociar la supuesta contratación del "conseguidor" Alejandro de Pedro, de la trama Púnica, que es el mismo delito por el que se investiga a Barreiro. Sánchez, ya fuera de la política, ha acumulado una tercera imputación por el caso Pasarelas, unas obras que se realizaron en su ciudad siendo alcalde de la misma.

Un paso atrás voluntario

Y si no queda más remedio que, como Sánchez, Barreiro tenga que dar un paso atrás para desbloquear los Presupuestos , el PP volverá a utilizar la consabida vía de que sea la senadora la que tome la iniciativa sin necesidad de que se lo pida ni el partido ni el Grupo. En todo caso, el escaño es de ella, no de la fuerza política con la que concurrió a las elecciones, con lo que podría negarse a dejar el acta, momento en que Ciudadanos exigiría su expulsión del Grupo Popular para ir al Mixto.

Lo cierto es que la negociación económica de los Presupuestos Generales del Estado para este año está cerrada, al menos con Ciudadanos y con el PNV. Ahora todo depende de un criterio de oportunidad política. Rivera lo condiciona a la dimisión de Barreiro y los nacionalistas vascos a que termine la aplicación del artículo 155 con la formación del nuevo gobierno en Cataluña, si es que no se va a unas nuevas elecciones. Una posible prórroga presupuestaria acortaría, sin duda, la actual legislatura, de ahí que el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, alertara hace dos viernes de las posibles tentaciones de Cs de "bloquearla".