La decisión del Consejo de Estado de no avalar la interposición del recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno de Mariano Rajoy contra la decisión del presidente del Parlament de proponer a Carles Puigdemont a la investidura terminó siendo por unanimidad pero hubo diferencias. "Hubo discrepancias, pero no votos particulares", ha reconocido a El Independiente un miembro del máximo órgano consultivo del Ejecutivo.
Reunido de urgencia, el Consejo de Estado dictaminó en la tarde de este jueves que no ve fundamento en este momento para que se impugne el anuncio que hizo Roger Torrent el pasado lunes tras visitar a Puigdemont en Bruselas, donde permanece desde hace casi tres meses para eludir la acción de la Justicia española. No se ha difundido aún el informe, que el órgano que preside Romay Beccaría prevé colgar en su web esta tarde.
De momento, tan sólo ha trascendido la interpretación que ha hecho el gabinete de Rajoy tras conocer el informe, que es preceptivo pero no vinculante. Según Moncloa, el Consejo de Estado "avala" sus argumentos jurídicos pero "discrepa" del momento temporal para plantear la acción.
Ello no ha sido óbice para que el Gobierno, desoyendo el dictamen, haya decidido incluir este asunto en el orden del día del Consejo de Ministros que se celebra este viernes para facultar a Rajoy a que acuda al Tribunal Constitucional (TC) para recurrir el anuncio de Torrent. La decisión se adoptará sin que se sepa aún a ciencia cierta si Puigdemont comparecerá en el Parlamento catalán el próximo martes para asistir a la sesión de investidura tras las elecciones del pasado 21-D.
El Gobierno, adelante
En un giro inesperado, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió este jueves que el estatus jurídico del ex president es "incompatible" con una investidura presencial, ya que tiene una orden de detención que debe hacerse efectiva tan pronto como entre en territorio español. "Torrent no puede proponer como candidato a Puigdemont. Puede proponer a otro", mantuvo.
Bajo la presidencia de José Manuel Romay Beccaría, la decisión se adoptó en el seno de la comisión permanente del Consejo de Estado, órgano del que forman parte Landelino Lavilla, Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Fernando Ledesma, Alberto Aza, José Luis Manzanares Samaniego, María Teresa Fernández de la Vega y Enrique Alonso García. También estuvo presente la secretaria general, Guadalupe Hernández-Gil.
No fue el único dictamen emitido. El Consejo de Estado también analizó y discutió si un candidato que no está presente en la Cámara puede ser investido sin su presencia y si el hecho de que eso lo admitiera la Mesa del Parlament podría impugnarse por este mismo procedimiento ante el TC. El Gobierno también le pedía un pronunciamiento sobre la hipotética aceptación del voto delegado de los diputados que se encuentran fuera de territorio nacional.
La decisión la tendrá ahora el TC, que tendrá que decidir si admite a trámite el recurso que de forma inmediata interpondría el Ejecutivo de Rajoy. En caso de prosperar, ello tendría efectos suspensivos y quedaría anulado el pleno del próximo martes, teniendo el Constitucional posteriormente un plazo de cinco meses para ratificar o levantar la medida.
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