Balón de oxígeno para la formación de Mariano Rajoy. La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid, dirigido por la magistrada Rosa María Freire, en el que reitera que no se ha acreditado el delito de daños informáticos ni el de encubrimiento en el caso de los discos duros de Bárcenas tal y como sostienen las acusaciones populares representadas por Observatori de Drets Humans, Izquierda Unida (IU) y Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade)
En consecuencia, el fiscal excluye de responsabilidad penal al Partido Popular sobre el borrado de los ordenadores del que fuera su tesorero Luis Bárcenas y pide que los populares sean absueltos en el juicio por la destrucción de los ordenadores del ex gerente.
Lo cierto es que el Ministerio Público siempre ha defendido que no hay indicios de delito tras la actuación de la formación política en esta causa. Para la Fiscalía no ha quedado acreditado cuál era la información que contenía los ordenadores de Luis Bárcenes ni que dicha información fuera “relevante” para los hechos que se investigaban en la causa abierta por la financiación ilegal del PP.
Aplicar la doctrina Botín
En el escrito remitido a los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid), el fiscal entiende que dado que Bárcenas desistió de ejercer la acción penal por este hecho, lo que conlleva la pérdida de su condición de acusación particular, las acusaciones populares carecen de legitimación para pedir la apertura de juicio oral por un delito de daños informáticos, en el que no concurre interés general que proteger. Es decir, el Ministerio Público pide a la Audiencia de Madrid que aplique la doctrina Botín a los populares y los libre de sentarse en el banquillo de los acusados.
Además, sobre el delito de encubrimiento, la Fiscalía sostiene que este tipo penal no es aplicable a una persona jurídica, en este caso, el Partido Popular, sino que la ley sólo prevé que sea aplicable a una persona física, es decir, a la ex tesorera del partido Carmen Navarro, al representante legal Alberto Durán y al jefe de sistemas José Manuel Moreno.
En su escrito de conclusiones absolutorias, al que ha tenido acceso El Independiente, la fiscal Carmen Luciáñez sostiene que "no ha quedado acreditado que la tesorera Carmen Navarro haya tenido intervención alguna con los mecionados ordenadores.
Además, el Ministerio Público recuerda que en la etapa de Bárcenas como tesorero del PP se le adjudicó un despacho en la sede de dicha formación política para su utilización “exclusiva” y “personal” donde guardaba diferentes objetos, entre ellos dos ordenadores personales, cuya propiedad no se ha podido acreditar. Ni su forma concreta de adquisición.
Además, el fiscal considera que tampoco se ha acreditado que el borrado ni formateo de dichosdiscos duros de los citados ordenadores haya causado daño grave a Luis Bárcenas o a ninguna investigación judicial, en referencia a la causa donde se investiga la Caja B del PP.
Será en las cuestiones previas del juicio, cuando el Ministerio Fiscal solicite ante el tribunal que deba juzgar a la formación de Rajoy que se le aplique la doctrina Botín y se le exima de sentarse como persona jurídica en el banquillo de los acusados.
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