El tribunal calcula que el juicio del 'caso ERE' durará al menos hasta el 31 de octubre

El tribunal que enjuicia la primera pieza del caso ERE ha fijado sesiones hasta el próximo 31 de octubre, lo que aleja la posibilidad de que la sentencia que determinará la responsabilidad de los ex altos cargos de la Junta de Andalucía en el diseño y puesta en marcha del procedimiento específico con el que se repartieron al menos 741 millones de euros durante una década pueda dictarse este año. Ello anticipa también que la Audiencia de Sevilla rechazará las cuestiones previas de mayor relevancia presentadas por las partes, entre ellas la nulidad de la instrucción por supuesta vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley.

En una providencia notificada este martes, a la que ha tenido acceso El Independiente, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla da a conocer a las partes el calendario que se seguirá a partir de que el próximo día 12 se inicien las declaraciones de los 22 procesados -entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- una vez resueltas las cuestiones previas.

A fin de que los abogados personados puedan reservar fechas y evitar eventuales solapamientos con otros señalamientos, el tribunal ha fijado 92 días para el desarrollo de la vista oral entre el 12 de febrero y el citado 31 de octubre, con sesiones de mañana y tarde en 27 de esos días. Sólo se interrumpirán las sesiones en agosto, pero no en Semana Santa ni en la semana en la que se celebrará la próxima edición de la Feria de Abril.

"Todo ello sin perjuicio de que si las declaraciones de los acusados, testigos y peritos, prueba documental, e informes de las partes se alargaran más de lo previsto, se añadan más sesiones de juicio", expone el tribunal. De ello puede deducirse que las cuestiones previas tan sólo determinarán los días de declaración de acusados, testigos y peritos, pero no las peticiones que podrían tener mayor trascendencia.

El ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, uno de los 22 encausados en esta pieza, pidió el pasado 18 de enero a la Audiencia de Sevilla que facilitara el calendario, con el fin de evitar que alguna de las sesiones del juicio pueda coincidir con otro señalamiento que tiene pendiente en la Audiencia de Cádiz. El tribunal dice que no ha podido darlo a conocer antes antes dado que las dos magistradas que han sido asignadas en comisión de servicio no se han incorporado hasta mediados de enero.

Al dar a conocer el calendario del juicio, el tribunal anticipa que rechazará la nulidad de la instrucción planteada por el abogado de Griñán

Más allá de conocerse los días exactos en que tendrán lugar las sesiones del juicio, la decisión del tribunal de facilitar el calendario a las sesiones anticipa que no atenderá la petición de nulidad de actuaciones que ha planteado el abogado del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán. El letrado José María Mohedano entendió que se había producido una violación del derecho fundamental al juez predeterminado por la ley consagrado en la Constitución tras confiársele la instrucción de esta pieza al magistrado de refuerzo -Álvaro Martín- en lugar de que siguiera conociendo los hechos la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños.

Se trata de una de las cuestiones previas más relevantes que han planteado las partes, dado que, de atenderse, supondría la suspensión del juicio y retrotraer las actuaciones a enero de 2016, fecha en que el magistrado Álvaro Martín inició la instrucción de la pieza que ha terminado sentando en el banquillo de los acusados a Griñán y a Manuel Chaves.

El abogado ya presentó un incidente de nulidad en mayo de 2016, al entender que se había conculcado el derecho fundamental al juez predeterminado por la ley consagrado en la Constitución. Aquel intento no prosperó y Mohedano ha vuelto a plantear la cuestión en el trámite de las cuestiones previas, logrando la adhesión de otros procesados: Manuel Chaves y los ex consejeros Gaspar Zarrías y Carmen Martínez Aguayo.

El tribunal también tiene que aclarar si el juicio por el diseño del sistema de concesión incluye la concesión de las 270 ayudas investigadas

El conocimiento del calendario del juicio también tiene una derivada política: la fecha en que pueda conocerse la sentencia podría ser una de las variables que baraje Susana Díaz a la hora de tomar la decisión de disolver la legislatura y convocar las próximas elecciones andaluzas, a celebrar inicialmente el próximo mes de marzo pero que podrían adelantarse al próximo otoño. En principio, a falta de comprobar cómo evolucionan las sesiones, se calcula que las declaraciones de Chaves y Griñán tendrán lugar el próximo mes de marzo.

Aparte de la petición de nulidad de actuaciones, otra de las cuestiones previas de mayor calado que tiene que resolver el tribunal es la petición de la Fiscalía Anticorrupción de delimitación del objeto del enjuiciamiento, a fin de que deje claro si en la vista oral también se analizará la responsabilidad de los altos cargos en relación con las 270 ayudas concedidas con cargo a la partida presupuestaria 31.L o fondo de reptiles. o tan sólo la responsabilidad de los encausados en el diseño del sistema empleado para el reparto arbitrario y sin control de fondos públicos a prejubilados y empresas en crisis.

El Ministerio Público daba este paso después de que la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla haya resuelto que los procesados en la pieza del procedimiento específico no podrán ser juzgados en ninguna otra pieza en virtud del principio non bis in idem (nadie puede ser enjuiciado dos veces por los mismos hechos). Las acusaciones populares -ejercidas por el PP andaluz y el colectivo de funcionarios Manos Limpias- han respaldado esta petición de la Fiscalía.

Acusación 'desbordada'

En un auto fechado el pasado 19 de enero, la Sección Séptima reiteró su criterio y responsabilizó a las acusaciones de que se haya desbordado el objeto inicial de la causa concebido cuando la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla -"el diseño y puesta en marcha del denominado procedimiento específico con todas sus variantes", lo que podría suponer un delito de prevaricación- al incluir también en sus escritos el delito de malversación por el uso de dicho sistema.

"La delimitación objetiva está siendo el centro de todos los debates. Sin embargo, como escribió Conan Doyle, los pequeños detalles son, con mucho, lo más importante. Y aquí el esencial detalle radica, como denunciaron algunas defensas y nosotros apoyamos, en que el juez predeterminado por la ley mutó temporalmente en el juez predeterminado por la jueza, error que debiera arrastrar la nulidad de lo actuado por el (mal) designado y, con esta retrocesión, casual y mágicamente, resolveríamos también la cuestión de la delimitación objetiva y hasta la de la nueva prueba interesada en el plenario. Un segundo viaje a la instrucción y una segunda oportunidad para todos y para todo. Pocas veces un error pudo ser más atinado", defiende el abogado de Manos Limpias, Rafael Prieto Tenor.