El Supremo inhabilitará a Junqueras cuando sea procesado por rebelión en primavera

La carrera política del líder de ERC, Oriol Junqueras, del ex conseller Joaquim Forn y de los presidentes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, tiene los días contados. Según avanzan fuentes jurídicas a El Independiente, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del procés, tiene previsto concluir la investigación de esta causa la próxima primavera.

Los tiempos que el magistrado maneja le llevarían a dictar en los próximos meses el auto de procesamiento de Junqueras, los ‘Jordis’ y Forn por un delito de rebelión cometido presuntamente cuando el pasado mes de octubre llevaron a cabo acciones tendentes a proclamar la república en Cataluña.

Según informan las citadas fuentes, el procesamiento de dichos imputados conllevaría de forma automática su inhabilitación para cargo público de acuerdo a lo recogido en el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El citado artículo sostiene que “firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”.

La sentencia, en 2018

El Supremo interpretará que esa “suspensión automática” para función o cargo público conlleva la inhabilitación del investigado. Es decir, para ser inhabilitado por la Justicia se deben cumplir dos requisitos: haber sido procesado por un delito de rebelión y estar en situación de prisión preventiva. De momento, son tan sólo cuatro de los investigados por el ‘procés’ reúnen ambas condiciones: Junqueras, Sánchez, Cuixart y Forn.

El TS entiende que para ser inhabilitado por la Justicia se deben cumplir dos requisitos: haber sido procesado por un delito de rebelión y estar en situación de prisión preventiva.

Esta condición sería aplicada al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont en el caso de que regresase a España. Una vez que el huido pise suelo español hay una orden de detención que pesa contra él. Acto seguido, el líder independentista sería puesto a disposición judicial y el juez Llarena lo enviaría a prisión de forma incondicional. Sin embargo, de momento, Puigdemont sigue prófugo de la Justicia y, salvo sorpresa, todo apunta a que no va a volver a sabiendas de que sería enviado a la cárcel de forma preventiva.

Entre los planes del Tribunal Supremo está llevar a juicio antes de verano a los promotores de la declaración unilateral de independencia de Cataluña y que la sentencia esté lista antes de que finalice 2018.

Hasta el momento, el Alto Tribunal ha considerado que los líderes del procés, aunque no hayan participado ejecutando personalmente actos violentos concretos, han llevado a cabo la defensa pública de la independencia unilateral de Cataluña fuera de toda consideración y respeto a la ley incitando a los ciudadanos a desobedecer al Tribunal Constitucional y a movilizarse, “haciendo previsible, con alta probabilidad, que hubiera enfrentamientos en los que apareciera la violencia”.