El magistrado del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que investiga la organización y logística del 1-O y el procés, sostiene que la Generalitat pagó los gastos asociados al desafío independentista con dinero procedente del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), el mecanismo de inyección económica empleado por el Estado, a través de préstamos, para que las Comunidades Autónomas puedan hacer frente a su deuda. El magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer sostiene de esta manera el posible delito de malversación en el que habrían incurrido los responsables del procés.

En un auto adelantado este miércoles por El Confidencial, el juez asegura que "parte de los pagos" o incluso la totalidad de ellos se efectuaron con dinero procedente de esta vía, ya que es una de las principales fuentes de ingresos de la Generalitat. Sunyer recuerda que la Generalitat lleva ingresando estas partidas desde 2012 y que los hechos investigados se remontan a la consulta del 9-N de 2014. "Resulta evidente que el importe destinado a la celebración de la consulta debe atribuirse, en parte, al crédito obtenido del FLA", argumenta el magistrado.

Cataluña recibió por esta vía 6.665 millones en 2012, 10.051 en 2013, 7.913 en 2014, 11.134 en 2015, 10.090 en 2016 y 7.757 en 2017. "Ante la imposibilidad de atribuir un gasto concreto a una determinada partida de ingreso, cualquier gasto debe imputarse, por lo menos y en la proporción que corresponda, al importe del FLA percibido ese año", añade el magistrado en el auto.

El titular del juzgado de instrucción 13 dice que los indicios del delito de malversación resultan "evidentes" y, aunque no da cifras concretas, sí coloca el dinero presuntamente malversado por encima de los 250.000 euros. Además, apunta a la posibilidad de que éstos gastos se efectuaran a través de personas o partidas interpuestas, con el objetivo de ser disimulados.

La justicia también investiga, desde hace semanas, facturas emitidas por la delegación de la Generalitat en Bruselas. Y sospecha, concretamente, que gastara cerca de 120.000 euros en financiar a la misión de observadores internacionales presuntamente neutrales que llegaron a Cataluña para monitorizar la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre.