Anticorrupción contradice al ex ministro del Interior: Villarejo hizo negocios sin permiso de la Policía

La Fiscalía Anticorrupción acusa al comisario ya jubilado José Manuel Villarejo de haber compaginado su labor policial con sus negocios privados sin haber solicitado la compatibilidad e incumpliendo la normativa que afecta a los funcionarios de este Cuerpo. Villarejo se encuentra en prisión preventiva desde principios del pasado mes de noviembre acusado de la comisión de delitos de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal por orden del juez.

Así lo sostiene el Ministerio Público en un informe que consta en las actuaciones secretas que dirige el magistrado de apoyo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, quien mantiene en el centro penitenciario de Estremera (Madrid) al polémico comisario al apreciar riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas.

En el informe de Anticorrupción, al que ha tenido acceso El Independiente, los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano consideran que el comisario retirado desarrolló trabajos privados "sin la previa solicitud de compatibilidad e infringiendo las prohibiciones legales establecidas en la normativa de incompatibilidades que afectan a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía".

En este sentido, el Ministerio Público recalca que José Villarejo no ha aportado ningún documento a la causa que acredite que "los servicios desarrollados en su ámbito empresarial" le hubieran sido "previamente encomendado por los servicios policiales ni por los servicios secretos del Estado y, sin embargo, las diligencias practicadas reflejan el cobro de esos servicios y la incorporación de esos fondos a su patrimonio mediante una compleja estructura societaria y de titularidades bancarias, tanto en España como en el extranjero".

Régimen de incompatibilidades

En su artículo 7, la Ley del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía tipifica como falta muy grave "el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad". La comisión de este tipo de faltas se sanciona con separación del servicio, suspensión de funciones en un periodo que puede ir desde los tres meses y un día a un máximo de seis años o el traslado forzoso.

En marzo de 2015, El País informó de que el controvertido comisario -jubilado en agosto de 2016 al cumplir los 65 años- estaba vinculado a una docena de sociedades que acumulaban un capital social de 16 millones de euros. Villarejo siempre ha negado que hubiera colisión entre su actividad como empresario y como policía. Así lo explicó a este periódico el pasado mes de junio: "En 1983 empecé una excedencia de diez años en la Policía y me impliqué en el despacho de abogados e incluso monté una empresa musical. En esos años me seguían pidiendo favores en la Policía porque mantenía buenas relaciones. En otra ocasión me pidieron que, como en Uruguay había una gran colonia de ETA, montara sociedades allí. En 1993, el ministro [José Luis] Corcuera me dijo que estaba trabajando divinamente pero que, como estaba fuera, a mis informes no podían darle la entidad debida y que querían darme la condición de activo para poder decir que quien informaba era un policía. Desde que volví en 1993 nunca fui un policía al uso: nunca tuve despacho, nunca tuve comisaría, nunca dependió de mí nadie y nunca tuve acceso a base de datos. Nadie sabía que yo era policía".

La tesis de Anticorrupción sobre la incompatibilidad entre la labor policial de Villarejo y su actividad en el ámbito privado desaira claramente la versión que mantuvo el Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz tras estallar la polémica. El titular del departamento ordenó la realización de una información reservada a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) -a cuyo frente se encontraba entonces Eugenio Pino, ya jubilado- que determinó que era acorde su trabajo como agente encubierto y su faceta como empresario, por lo que no se adoptó ninguna medida disciplinaria.

En la etapa de Fernández Díaz, Interior concluyó que era acorde que el comisario compaginara su trabajo policial con su faceta de empresario

"El informe de la Policía es el que nos debe acreditar efectivamente si todo, como yo presumo salvo que se demuestre lo contrario, se ha hecho en el marco de la estricta legalidad", había justificado Fernández Díaz cuando encargó que se hicieran las pesquisas. Como Villarejo había montado sus negocios hacía 30 años y habían pasado 10 ministros, el ex titular de Interior suponía que el mando policial había contado con la autorización de sus antecesores y directores de la Policía.

En contra de lo que es habitual, Eugenio Pino designó a un funcionario de menor rango que Villarejo para llevar a cabo dicha información reservada. Se trató de una persona de su máxima confianza: el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, su jefe de gabinete. Fuentes Gago, recompensado posteriormente con su nombramiento como agregado de Interior en la Embajada de España en La Haya (Holanda), fue el muñidor de las reuniones entre Jorge Fernández Díaz y Daniel de Alfonso, ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña.

Círculo familiar

José Manuel Villarejo fue detenido el pasado 3 de noviembre en el marco de la Operación Tándem, coordinada por la Fiscalía Anticorrupción bajo autorización del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, que dirige la juez Carmen Lamela. La redada se saldó con otros seis arrestos: su mujer, Gemma Alcalá Garcés; su hijo, José Manuel Villarejo Gil; el comisario Carlos Salamanca; un hijo de éste; Rafael Redondo, abogado y socio de Villarejo, y Juan Carlos Escribano, administrador solidario de la empresa malagueña Cenyt Salud SL.

Junto a Villarejo y Salamanca, la magistrada también decretó prisión incondicional para Rafael Redondo, socio del comisario. Los tres bajo la acusación de delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales, al que se suma otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en el caso de Salamanca. Éste, cuando fue detenido, estaba al frente de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal de la Policía Nacional, tras haber ocupado la comisaría del aeropuerto de Madrid-Barajas.