Interior baraja mandar al jefe de la UCO a investigar casos de ETA sin resolver

El Ministerio del Interior baraja la posibilidad de remover al coronel Manuel Sánchez Corbí como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) -el área de la Guardia Civil que por su papel de Policía Judicial persigue los casos de corrupción, entre otras actividades delictivas- para situarlo al frente de un puesto de nueva creación con el que el Gobierno pretende potenciar la investigación de los casi 400 asesinatos de ETA que años después siguen sin resolverse.

Hijo y nieto de guardias civiles y veterano de la lucha antiterrorista en el País Vasco, Sánchez Corbí dirige la prestigiada unidad de la Guardia Civil desde noviembre de 2015, meses después de que Pedro Ángel Ortega Calahorro asumiera el Mando de Policía Judicial tras ascender a general de brigada. El oficial vallisoletano pasó a ocupar así la jefatura de una unidad que no le era en absoluto ajena, puesto que con anterioridad dirigió su departamento de Delincuencia Especializada y Drogas.

Según ha podido conocer El Independiente de fuentes gubernamentales, el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido pretende dar un impulso en lo que queda de legislatura a la resolución de atentados cometidos por ETA que aún siguen sin aclararse y estudia encomendarle la coordinación a este coronel aprovechando su experiencia de más de 25 años en la lucha contra el terrorismo etarra.

Sánchez Corbí es uno de los mayores expertos y conocedores de la historia de la banda asesina por su labor en grupos de Información, como ha dejado plasmado en su voluminoso trabajo Historia de un desafío. Cinco décadas de lucha sin cuartel de la Guardia Civil contra ETA -del que es coautor junto a Manuela Simón- y de Sangre, sudor y paz, firmado con el escritor Lorenzo Silva y el periodista Gonzalo Araluce.

Interior piensa en Sánchez Corbí para investigar los asesinatos sin resolver de ETA por sus 25 años en la lucha antiterrorista

El pasado 27 de enero, con motivo del homenaje al concejal del PP Gregorio Ordóñez en el 23 aniversario de su asesinato a manos de ETA, Zoido recalcó que el Gobierno de España seguirá trabajando hasta que se esclarezcan todos los crímenes cometidos por la banda terrorista que siguen sin aclararse y conseguir "que hasta el último de los etarras pida perdón y se arrepienta de lo que hicieron; que reconozcan que no tuvo razón de ser aquella violencia, aquella constante terrorista que tanta sangre y tanto dolor derramó en España".

El titular de Interior pronunciaba estas palabras meses después de que la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo anunciara su intención de solicitar a las autoridades españolas nuevas investigaciones para esclarecer los 379 asesinatos perpetrados por ETA que continúan impunes -el 44 % del total (860)- y que estudiaba la posibilidad de enviar una delegación a Madrid. La Eurocámara adoptaba esta decisión tras la iniciativa presentada por Dignidad y Justicia, la asociación que preside un hijo del fiscal asesinado por ETA Luis Portero.

Enormemente valorado por sus subordinados, la labor de la UCO en la investigación de algunos de los casos de corrupción que instruye la Audiencia Nacional ha sido sin embargo criticada por algunos dirigentes políticos e incluso representantes del estamento judicial. Esos reproches alimentan desde hace meses las especulaciones sobre un relevo en la jefatura de esta unidad y un cambio de destino para Sánchez Corbí, que acaba de cosechar un nuevo éxito profesional con la culminación de la compleja investigación por la desaparición de la joven madrileña Diana Quer al encontrarse su cuerpo en una fábrica de Rianxo (A Coruña) y detener al presunto homicida: José Enrique Abuín, El chicle.

El punto de arranque de esas críticas fue el atestado elaborado por los agentes de esta unidad que auxilian al juez que instruye el caso Lezo en el que se mencionaba el nombre de José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad. El oficio policial detallaba la reunión que el número dos del Ministerio del Interior mantuvo en su despacho oficial el pasado 8 de marzo con Pablo González, hermano del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y también detenido en aquella operación. Nieto ha defendido que en aquel encuentro no se habló de esta investigación porque ni su interlocutor se lo preguntó ni él estaba al tanto de que se estaba llevando a cabo, pero las explicaciones no fueron óbice para que fuera reprobado en el Congreso de los Diputados.

Dirigentes del PP han cuestionado el rigor de los informes de la UCO en los que se señalaba al 'número dos' de Interior y a Cristina Cifuentes

El contenido de aquel atestado trascendió públicamente en abril y, a finales de julio, se conoció que la Guardia Civil había puesto en conocimiento del juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Púnica correos y facturas que apuntarían a una supuesta financiación irregular del PP cordobés bajo la presidencia de Nieto. En concreto, los investigadores sospechaban que una filial de la constructora Prasa -concretamente Hitos Urbanos SA- pagó gastos de los populares cordobeses en las elecciones andaluzas de 2008 correspondientes a estudios sociológicos realizados por la agencia El Laboratorio de Almagro 36 SL. La formación conservadora enmarcó esas informaciones en una "campaña de desprestigio" contra Nieto.

La petición de imputación de Cristina Cifuentes por la posible comisión de delitos continuados de cohecho y prevaricación por su intervención en la adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al grupo del empresario Arturo Fernández en 2009 fue también cuestionada públicamente por destacados dirigentes del PP e incluso por el anterior fiscal Anticorrupción, Manuel Moix. La hoy jefa del Ejecutivo madrileño ejerció como presidenta de la mesa de contratación por su cargo de vicepresidenta de la Cámara autonómica y formó parte del comité de expertos que valoró las ofertas presentadas.

La Guardia Civil relaciona el presunto trato de favor a Fernández -imputado en el caso Púnica- con donaciones realizadas al PP de Madrid a través de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid (Fundescam). En concreto, como reconoció en sede judicial, el empresario madrileño donó 160.000 euros a esta formación política, 100.000 euros desde la patronal que él presidió (CEIM) y el resto a través del Grupo Cantoblanco. Era "para quedar bien con el establishment", justificó ante el juez Eloy Velasco cuando le tomó declaración el pasado 8 de marzo.

Zoido acometió en julio una remodelación en la estructura operativa que le ha permitido situar a mandos de su confianza

La propia Cifuentes criticó el relato "sin fundamento jurídico" del informe de la Guardia Civil y que se le hubiera dado "pábulo", al tiempo que llamó la atención por la "indefensión" que le había causado la "filtración" de dicho atestado en vísperas de que el grupo de Podemos en la Asamblea de Madrid presentara una moción de censura contra ella que finalmente no prosperó.

A ese coro se sumó también la voz de Juan Ignacio Zoido, máximo responsable político de la Guardia Civil por su condición de ministro del Interior. "Sale el nombre de la señora Cifuentes, sinceramente creo que se ha causado sobre todo una situación de alerta, de alarma, y un daño a una persona y a un partido que creo hay que evitar, sea del partido que sea. Esas cosas no deben pasar, sobre todo cuando estamos hablando de una persona que ha combatido la corrupción cuando ha pasado por la puerta de su casa", manifestó el magistrado en excedencia en declaraciones a esRadio el pasado 24 de mayo.

Pese a las conclusiones incriminatorias detalladas por los investigadores policiales en sus informes, ni el entonces fiscal Anticorrupción -Manuel Moix- ni el anterior instructor del caso Púnica -Eloy Velasco, hoy en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional- vieron entonces motivos para elevar exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) -dada la condición de aforada de Cristina Cifuentes- con los hechos presuntamente delictivos de los que sería responsable la actual jefa del Ejecutivo madrileño.

Lejos de desacreditar aquellos informes, el actual titular del Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, retomó esta línea de investigación a finales del pasado mes de noviembre citando a declarar a antiguos responsables de la Asamblea de Madrid para dilucidar si hubo trato de favor en la adjudicación de la cafetería al grupo empresarial de Arturo Fernández. La eventual imputación de la presidenta de la Comunidad de Madrid -uno de los dirigentes a los que se augura hoy mayor recorrido en el PP- le obligaría a dimitir en virtud del acuerdo de investidura firmado con Ciudadanos.

"¿Acaso nos quieren callar?"

A finales de julio, Zoido acometió una remodelación integral de la estructura orgánica tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional que supuso la eliminación de la figura del Director Adjunto Operativo (DAO), instituida en la etapa del socialista Alfredo Pérez Rubalcaba al frente de Interior. Esa reestructuración permitió al ministro prescindir de Pablo Martín Alonso -al que él mismo había nombrado DAO meses antes en sustitución de Cándido Cardier- y ahormar una estructura formada por mandos de su confianza: el hombre fuerte hoy en la Guardia Civil a nivel operativo es el teniente general Laurentino Ceña, al frente del Mando de Operaciones Territoriales y general jefe en Andalucía en la etapa en la que Juan Ignacio Zoido fue alcalde de Sevilla (2011-2015).

La reforma del organigrama operativo generó una gran contestación entre las asociaciones profesionales, que la tacharon de "sorprendente, irreflexiva e irrespetuosa". "Crear cuatro subdirecciones por debajo del Director General, de igual rango y mando, solo puede perseguir una cosa: el divide y vencerás", criticó la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc). Y apostilló: "¿Por qué nos castigan cuando solo cumplimos con nuestras obligaciones? ¿Acaso nos quieren callar o hacer pagar por algo?".