El ex consejero de OHL, Javier López Madrid, ha declarado este martes como imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ante quien ha negado haberse repartido presuntamente ‘mordidas’ con el ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, y su ex socio David Marjaliza.
Según informan fuentes jurídicas, el investigado ha aportado abundante documentación para tratar de desmontar la tesis del instructor del caso Púnica que sospecha que el yerno de Juan Miguel Villar Mir “participó” en el concierto de adjudicaciones de las obras del metro de Madrid cuando Francisco Granados estaba al frente de la Consejería de Transportes e Infraestructura de la Comunidad de Madrid.
En su auto de citación e imputación, el juez García Castellón acusó a López Madrid de recibir de David Marjaliza comisiones ilegales –en concreto, “la cuantía de dinero que le correspondía”- a través de la sociedad Vancouver Gestión S.L. Este martes el ex directivo del OHL ha señalado que esos pagos se corresponden con labores de asesoría que hizo para el constructor de Valdemoro en aquella localidad madrileña.
Asimismo, el condenado por las tarjetas black ha subrayado que esos movimientos de fondos se tratan de transacciones para la compra de bienes inmuebles en Alemania, según indican fuentes presentes en la declaración consultadas por El Independiente. López Madrid ha negado también haber pagado o recibido comisiones por adjudicaciones ni haber realizado ninguna donación desde OHL al PP de Madrid.
Villar Mir niega donaciones en B
Por su parte, su suegro, el empresario Juan Miguel Villar, también imputado en la operación Lezo y en los papeles de Bárcenas, ha negado este martes en la Audiencia Nacional haber pagado comisiones en B al Partido Popular de la Comunidad de Madrid a cambio de que OHL obtuviera la adjudicación de las obras de metro de Madrid en 2004, tal y como sostuvo el cabecilla de la trama Púnica, David Marjaliza.
Villar Mir ha rechazado haber cometido cualquier irregularidad en torno a las adjudicaciones que su compañía obtuvo por parte del Gobierno madrileño a la par que ha recalcado que su empresa apenas consiguió adjudicaciones en obra pública por parte del ejecutivo de Esperanza Aguirre.
Ambos empresarios se encuentran imputados por delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles y tráfico de influencias.
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