Era la letra pequeña que faltaba por conocer. El PNV la ha presentado hoy en el Parlamento Vasco donde se han reanudado los trabajos de la Ponencia de Autogobierno que debe acordar una actualización del Estatuto de Gernika de 1979. La formación nacionalista quiere dar un gran salto. El futuro nuevo estatuto vasco no se debe limitar, según el PNV, a una actualización de competencias sino a fijar una nueva relación con España. El objetivo último que marca la formación de Andoni Ortuzar es constituirse en un Estado Autónomo Vasco con una relación “confederal” con España.

En realidad sólo es una de las cuatro denominaciones propuestas. También contempla que la entidad que nazca del documento que debería aprobar el Parlamento Vasco sea un “Estado foral”, o una “Comunidad Nacional Vasca” o una “Comunidad Foral vasca”. En todos los casos la gran aspiración es modificar la relación actual con el Estado que considera de “subordinación” y que a partir de la entrada en vigor del futuro nuevo “estatus vasco” debería ser de “interdependencia y colaboración”.

El futuro Estado Autónomo Vasco debería contar, propone el PNV no sólo con más competencias que las actuales sino con una Justicia propia, sobre la que tendría capacidad plena para organizarla. Fija, por ejemplo, que Euskadi debería poder determinar las atribuciones del Tribunal Superior de Justicia del País vasco, donde residiría la culminación “ordinaria” de los asuntos. Deja abierta la “preeminencia” que continuaría teniendo el Tribunal Supremo.

Esa futura Comunidad Foral Vasca confederada a España tendría además un sistema propio de relaciones laborales y de Seguridad Social, sobre la que tendría capacidad legislativa plena. En el documento el PNV puntualiza que ello no supondría desentenderse del sistema en España ya que pervivirían “los mecanismos de cooperación y solidaridad con los sistemas asentados en el Estado español”. El futuro estatuto vasco debería recoger además que sería Euskadi la única titular de los recursos naturales que se encuentren en su ámbito territorial, además de todas las infraestructuras que existan en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. La propuesta también establece que se amplíe la capacidad del Concierto Económico, que pasaría de permitir recaudar sólo los tributos concertados a hacerlo también sobre los tributos de competencia estatal, “sean convenidos o no”.

Derechos históricos y Constitución

Este nuevo estatus tendría que entrar en vigor plenamente sólo tres meses después de su hipotética aprobación, señala el PNV. Su activación requeriría además una transferencia “en bloque” de todas las nuevas materias que en él se establecen. Una aprobación que se antoja complicada dada no sólo la diversidad de propuestas que hoy se han presentado en el Parlamento Vasco, una por cada uno de los cinco partidos, sino por la inclusión que en ella se hace del derecho a decidir.

El PNV considera que la inclusión del derecho a decidir en el futro estatuto vasco no debería ser ningún problema de legalidad. Afirma que la propia Constitución puede dar anclaje a la propuesta. Recuerda que el documento que hoy ha presentado en ningún caso contempla la “ruptura” con España ni la vulneración de la legalidad. El PNV quiere que se aborde una ampliación de los llamados “derechos históricos” que vienen reconocidos en la Constitución española. De este modo defiende poder ejercer el derecho a decidir de forma “pactada” y legal con el Estado para establecer una relación “confederal” con él.

La fórmula por la que se llevaría a cabo la denomina “concierto político”, en referencia al que ya funciona en el ámbito financiero, el Concierto Económico y que permite una relación en términos de bilateralidad e igualdad “basada en el pacto y el reconocimiento de la realidad nacional de ambas partes”. Para ello se constituiría una comisión mixta política entre Euskadi y España.

Identidad nacional diferenciada

El PNV reivindica la “identidad nacional del Pueblo vasco o Euskal Herria”. Una identidad que sustenta en cuestiones como una lengua propia y una cultura propia “que han forjado una identidad nacional diferenciada”. Añade que el pueblo vasco es una nación “porque cumple con todos los parámetros establecidos en el derecho comparado”. Señala que el pueblo vasco será el “sujeto político” que debería reconocerse y por tanto otorgarle su derecho a decidir las estructuras políticas y sociales de las que quiera dotarse.

También plantea en su propuesta que según el nuevo estatuto el País Vasco tendrá derecho a establecer vínculos políticos y de cooperación con Navarra y con los territorios del País Vasco-francés “sin más limitación que la voluntad de la ciudadanía y las decisiones de las instituciones representativas”.