Algo se está moviendo en el Congreso de los Diputados. Tras la victoria de Ciudadanos en las elecciones catalanas del 221-D, el partido de Albert Rivera, aliado parlamentario del Gobierno, está acentuando su labor de oposición para consolidarse como alternativa al PP. Ese giro político puede desbloquear la acción legislativa en la Cámara, que hasta ahora ha estado contenida por la alianza de PP y C's en la mayoría de las comisiones parlamentarias.
Ciudadanos está impulsando su imagen como partido de renovación. Ha iniciado el año liderando una reforma de la Ley Electoral en colaboración con Podemos a la que intenta arrastrar al PSOE. Resucita así el bloque de la 'nueva política' frente a un bipartidismo que intentó marginarlo en grandes acuerdos como la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.
Tras esa experiencia, el PSOE de Pedro Sánchez inició una colaboración más ambiciosa con el Gobierno para acordar la reforma de la financiación autonómica y la gestión del agua, entre otras cuestiones. Cansado de ese ninguneo y catapultado por su auge electoral en todas las encuestas, Ciudadanos también se está moviendo detrás del foco para desbloquear la acción legislativa en el Congreso y dejar sin protección parlamentaria al PP, que a partir de ahora tendrá que retratarse frente a propuestas de la oposición que llevan meses bloqueadas.
La alianza de PP y Ciudadanos en las comisiones parlamentarias han ido prorrogando de forma indefinida el plazo de enmiendas para proposiciones de ley que han sido aprobadas por el pleno. En este año y medio de legislatura, el Congreso tiene paralizada unas 40 proposiciones de ley como la desclasificación de secretos oficiales presentada por el PNV en noviembre de 2016; la reforma de la Ley del Indulto registrada por el PSOE en febrero del año pasado, la derogación dela Ley de Seguridad Ciudadana y la anulación de la reforma del Tribunal Constitucional, entre otras.
Este bloqueo de la tramitación de las leyes hizo que PNV, PSOE, Unidos Podemos, ERC y el Grupo Mixto enviaran un escrito a la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, en el que pedían una limitación de esas prórrogas. La presidenta está manteniendo encuentros informales con los portavoces para atender ese requerimiento.
La oposición pide a la presidenta del Congreso que limite los vetos del Gobierno
Paralelamente, el PSOE ha presentado este jueves un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el otro mecanismo de bloqueo de leyes puesto en marcha por el Gobierno: el veto a las proposiciones de ley que pueden afectar a los Presupuestos. Para denunciar un abuso de esta potestad del Ejecutivo, los socialistas han elegido la propuesta que realizaron en noviembre de 2017 sobre pensiones contributivas que habría evitado que dos hermanas de Soria que vivían en la misma residencia se tuvieran que separar para que una de ellas no tuviera que perder su pensión de 400 euros. Una de ellas murió poco después.
El recurso de amparo de los socialistas pide que el TC declare nulo el acuerdo de la Mesa que rechazó reconsiderar su propia decisión de no tramitar la iniciativa del PSOE por haberla vetado el Gobierno con el argumento de que suponía "un aumento de los créditos presupuestarios".
Según explicaron en rueda de prensa la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y la portavoz del grupo parlamentario, Margarita Robles, el recurso pretende frenar "lo que está pasando esta legislatura, con el PP y Cs vetando sistemáticamente las propuestas que hacen referencia a la agenda social y a las políticas sociales".
Ante esta ofensiva, Ciudadanos está desbloqueando la tramitación de algunas proposiciones de leyes en las comisiones parlamentarias, un giro que ha multiplicado los nervios en el seno del PP. De hecho, el Gobierno de Mariano Rajoy ha anunciado que impulsará su acción legislativa este periodo de sesiones. Asediado por el auge de Ciudadanos, el Consejo de Ministros debatirá este viernes cinco anteproyectos de ley, entre ellos, el que modificará el Código Penal para ampliar los casos en que se puede aplicar la prisión permanente revisable, una iniciativa que Ciudadanos no secunda y que se produce en plena indignación ciudadana por el caso de Diana Quer.
El acto de Rajoy el domingo pasado en Córdoba con algunos familiares de víctimas para presentar esa iniciativa provocó fuertes críticas de la oposición. El PSOE, que está a favor de la derogación de la prisión permanente revisable, acusó al PP de "utilizar a los muertos" en un momento de debilidad política. Por su parte, Ciudadanos se mantiene en la abstención a la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre la legalidad de la medida.
Si Albert Rivera sigue adelante y retira su protección sobre el PP en la Cámara, el partido de Rajoy se verá obligado a retratarse ante numerosas propuestas de la oposición en materia económica y social. La ruptura de ese bloque también puede provocar nuevas alianzas como la que están ensayando Unidos Podemos y Ciudadanos, que proporcionarían nuevas mayorías parlamentarias.
Tras un año y medio perdido, los nuevos partidos están comenzando a asumir que los vetos mutuos por cuestiones ideológicas perjudican principalmente a su acción de oposición, que se ve limitada a discursos y gestos. Si el pragmatismo parlamentario se impone y se pierden los escrúpulos a votar en el mismo sentido que un partido de las antípodas ideológicas mucho puede cambiar esta legislatura.
Aunque algunos auguran incluso que el Gobierno de Rajoy se vea abocado a adelantar elecciones, en Ciudadanos no tienen prisa por provocarlas. Su dirección cree que el crecimiento sostenido que señalan las encuestas es una tendencia que continuará y prefiere armarse en los territorios en las próximas municipales y autonómicas antes de acudir a otras generales. "Antes, si no aprobábamos los presupuestos y no cedíamos, Rajoy tenía el botón rojo de la convocatoria electoral porque subía en las encuestas. Eso se le ha acabado. Ahora es al PP al que no le interesa adelantar las elecciones", aseguran en la cúpula de C's.
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