El Gobierno se compromete a aprobar en 20 días la jubilación anticipada de los policías locales

El Gobierno se ha dado un nuevo plazo para dar vía libre el Real Decreto que abrirá la posibilidad de jubilarse antes de los 60 años a unos 70.000 policías locales. El compromiso que ha puesto sobre la mesa en las últimas horas es el de tener listo el texto con la aprobación del Ministerio de Hacienda en un plazo de 15 o 20 días para darle luz verde a la mayor brevedad en el Consejo de Ministros. Y aunque llueve sobre mojado –la promesa inicial era tenerlo aprobado el pasado verano, tras lo cual se han barajado nuevos plazos—este nuevo emplazamiento ha logrado enfriar los apoyos a las movilizaciones de las plataformas de policías municipales.

Tanto es así que los sindicatos mayoritarios, que habían apoyado la movilización de los policías locales a favor de la jubilación anticipada convocada para el próximo 15 de marzo, han dado un paso atrás y no acudirán a la cita. Las organizaciones de policías municipales insisten en que las centrales son una representación minoritaria del colectivo.

Sea como fuere, la situación parece haberse desbloqueado por fin al compás de la reanudación de las negociaciones para fijar subidas salariales para los empleados públicos y una mejora de sus condiciones de trabajo.

El escenario fue la reunión informal mantenida este miércoles por la Plataforma Nacional por el Anticipo de la Edad de Jubilación, integrada por los sindicatos CCOO, UGT, CSI-F, CSL y COP, y la Plataforma Social de Policías Locales (PSPL), que cuenta con el Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM), el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) y el Sindicato Profesional de Policía Municipal de Cataluña (SPPM-CAT), con diputados del PP y el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos.

El secretario de Estado de Seguridad Social adquirió el compromiso este miércoles

En un principio no estaba previsto que Burgos acudiera a la reunión, lo que a ojos de los sindicatos es una buena señal de que el compromiso del Gobierno es firme. Además, el secretario de Estado de Seguridad Social informó durante el encuentro de que esa misma mañana había mantenido una conversación con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien le había asegurado que los obstáculos existentes para aprobar la jubilación anticipada de los policías locales estarían solventados en un plazo de 15 o 20 días.

Lo que falta por concretar

Según concretan fuentes sindicales, solo hace falta ya que el Ministerio de Hacienda emita un informe favorable a la redacción del Real Decreto (al que le faltan por pulir algunas cuestiones) para su posterior remisión al Consejo de Estado, máximo órgano consultivo, y, después, al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.

Sin embargo, el proceso lleva meses estancado en este punto. Según habrían aclarado los responsables del Gobierno en la reunión, el retraso se debe a una serie de informes complementarios que Hacienda habría solicitado a la Seguridad Social.

Pero también estaba pendiente de remisión a la Seguridad Social un informe de la secretaría de la Función Pública con recomendaciones sobre la tasa de reposición que habría que acometer en el caso de abrir la puerta a las jubilaciones anticipadas en la Policía Municipal. Este último documento también habría sido remitido ya, según las mismas fuentes, aunque dichas recomendaciones se estudiarán supuestamente después de la aprobación del Real Decreto.

Con estos flecos acabando de rematarse, desde el Gobierno se ha transmitido a las partes afectadas que la aprobación del Real Decreto es cuestión de tiempo, y que este será breve.

¿Por qué ahora?

Más allá de las explicaciones ofrecidas por el Ejecutivo, la pregunta que surge ante el previsible desbloqueo de la ansiada norma es ¿por qué ahora y no antes?

Fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas apenas han aportado información sobre estas cuestiones. En cambio, los sindicatos creen que estos movimientos responden a las dinámicas de la negociación del marco general de las condiciones laborales de los empleados públicos.

En el mes de noviembre, mientras el estallido de la crisis independentista en Cataluña echaba por tierra en el corto plazo la posibilidad de aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, las negociaciones entre Hacienda y los sindicatos de la función pública para fijar, entre otras cosas, la subida salarial de los empleados públicos para 2018, se rompieron.

Eso, según explican desde los sindicatos, ha paralizado también otros ámbitos de negociación como es este de la jubilación anticipada de los policías locales, y, dentro de esa lógica, tras reanudarse las negociaciones con los funcionarios, también se ha reactivado este proceso.

Los sindicatos asocian el desbloqueo a la reanudación de la negociación con funcionarios

De hecho, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo por el PSOE, Abel Caballero, ha instado al Gobierno a incluir el contenido del Real Decreto en el que se apruebe para revisar las condiciones de los funcionarios y establecer la oferta de empleo público para este año.

Sin embargo, otras fuentes apuntan al efecto producido por las presiones ejercidas por las plataformas de afectados y las propias centrales sindicales. Mientras que UGT invitó a remitir cartas y correos electrónicos de forma masiva al Ministerio de Hacienda pidiendo el desbloqueo de la situación –el sindicato calcula que Montoro ha recibido hasta 30.000 envíos-, la PSPL ha convocado para el próximo 15 de febrero una manifestación en las inmediaciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Inicialmente, los sindicatos se mostraron favorables a secundar esta acción, pero tras la reunión de esta miércoles han rehusado hacerlo para guardarse una bala en caso de que los 20 días prometidos por el Gobierno no se cumplan. “Después haremos los scratches que haya que hacer”, apuntan desde UGT.

Posibles cambios en el decreto

Pese al optimismo reinante, el documento que finalmente se apruebe podría introducir cambios de calado sobre la última redacción conocida.

Se mantienen a priori las condiciones que deben cumplir aquellos policías locales que quieran jubilarse antes de los 60 años. Así, no se podrán anticipar más de seis años a la edad legal de jubilación vigente en cada momento (actualmente es de 65 años y seis meses), siempre que se acrediten 37 años cotizados.

Como contrapartida, para mantener el equilibrio financiero de la Seguridad Social, la jubilación anticipada de los policías debe acompañarse de un incremento en la cotización “en los términos y condiciones que se establezcan legalmente”.

Salvo cambio de última hora, el tipo de adicional sobre las bases de cotización de los policías locales en activo será del 10,6%, del que el 8,84% será a cargo del empleador (los ayuntamientos), y el 1,76% restante, del trabajador.

Desde ese punto de vista, los sindicatos argumentan que la medida no costará ni un solo euro a los Presupuestos de la Seguridad Social y que, no solo eso, sino que en unos años, en tanto que se dará salida a salarios más altos para sustituirlos por personal más joven y con menores retribuciones, el resultado será un ahorro. Es por eso que el informe de Hacienda no debería suponer una pega ni un obstáculo.

Sin embargo, el Gobierno ha planteado que una jubilación masiva de policías locales en 2018 podría suponer un vacío en muchos ayuntamientos, que plantearían problemas de seguridad ciudadana, puesto que la apertura de un proceso selectivo y la formación de un nuevo policía implica un plazo de al menos un año y medio, según indican desde el sindicato CSI-F. Este problema no afectaría tanto a los grandes ayuntamientos, donde los policías de más edad se dedican a tareas de oficina. La cuestión sería más problemática en el caso de los pequeños consistorios.

En estos momentos, los sindicatos calculan que unos 3.600 policías locales podrían acogerse a la jubilación anticipada en 2018 --unos 800 en Madrid y 300 en Cataluña--, e incluso creen que deberían hacerlo antes de verse penalizados por la aplicación del factor de sostenibilidad incluido en la última reforma de la pensiones, a partir del 1 de enero de 2019.

Los sindicatos calculan que unos 3.600 policías se podrían jubilar ya en 2018

Por ello, la intención del Gobierno sería aplicar la medida de manera escalonada. Ya en el decreto elaborado en julio se preveía un régimen transitorio con escalones hasta 2027. De esta forma, será necesario tener 35 años y seis meses cotizados para poder acceder a la pensión en 2018 o 2019; 36 años si se produce entre 2020 y 2022; 36 años y seis meses para los años 2023 a 2016 y 37 años si el acceso a la cotización se produce en 2027.

Además, el Gobierno tiene que decidir sobre si establece o no otro cortafuegos. De acuerdo con la redacción actual, los policías locales que se quieran jubilar antes de los 60 años, tienen que tener cubierto el periodo de carencia de 15 años que se exige para el acceso a la prestación de jubilación y también 15 como policía municipal.

En este punto, los sindicatos quieren que se computen dentro de estos últimos 15 años también los periodos de desempeño en otros cuerpos y fuerzas de seguridad.