La Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal contra la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, tras recibir una denuncia presentada por el PP en la que se alerta del presunto fraccionamiento de contratos y pago de servicios sin adjudicación previa ocurridos en la consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, de la que es titular. Según adelanta El Mundo, la suma total de las operaciones denunciadas por el Partido Popular supera los 43 millones de euros.
Fuentes jurídicas citadas por este medio destacan que las diligencias se han abierto "como se hace siempre que se interpone una denuncia". Tras ello, la Fiscalía tiene seis meses para investigar los hechos correspondientes a una causa aún no judicializada. Este plazo de investigación podría ampliarse en seis meses más si es necesario para completar las pesquisas. Tras ello, procede el archivo del caso o su envío a un tribunal competente.
La denuncia acusa a la vicepresidenta de la Generalitat de fraccionar contratos para esquivar los límites que obligan al concurso público
En la denuncia, que alcanza a otros altos cargos de la consejería, se acusa a la líder de Compromís de fraccionar sistemáticamente contratos para dejar su valía por encajarlos dentro del límite que permite adjudicarlos por el procedimiento del contrato menor. Esta figura, prevista para contratos que no superen los 18.000 euros en los servicios y los 50.000 en las obras, concede a la Administración la posibilidad de adjudicar licitaciones públicas sin concurso. Sin embargo, es ilegal fraccionar deliberadamente un contrato de valía superior, para dividirlo en múltiples contratos que queden por debajo de esos límites.
Según la información de El Mundo, en la documentación aportada por los denunciantes se pondría de manifiesto "que la Vicepresidencia de la Generalitat recurre sistemáticamente a este mecanismo con la intención de eludir la concurrencia competitiva, resultando reiteradamente adjudicatarias las mismas empresas". La denuncia incluye también denuncias por enriquecimiento injusto, relativos a servicios prestados sin concurso previo.
Fraccionamiento, práctica extendida
La figura del fraccionamiento de contratos es habitual en los casos de corrupción denunciados en España. Y en el día a día del funcionamiento de la Administración. Hace un año, El Independiente publicaba una exhaustiva investigación que mostraba, tomando como fuente los datos publicados en la Plataforma de Contratación del Estado, la descarada acumulación de contratos públicos en el límite de los importes que permiten su acumulación sin concurso ni competencia.
Concretamente, se detectaron hasta 12.228 casos concretos de contratos acumulados en los últimos 1.000 euros de cada franja, y específicamente en el último euro posible de cada franja, en una operación no siempre legítima.
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