Jaume Alonso Cuevillas (Barcelona, 1961) se ha convertido en los últimos meses en uno de los rostros imprescindibles de la política catalana como abogado de Carles Puigdemont, pese a que él insiste en que su trabajo se desarrolla exclusivamente en el plano judicial. Una defensa legal que ha llevado no sólo ante los tribunales, sino también en los medios de comunicación, secundando la campaña de presencia prácticamente constante de su defendido. Asegura que los delitos de rebelión y sedición imputados a los líderes del 1-O no tienen sentido en esta causa y defiende que su cliente no es un prófugo de la justicia española, aunque su principal crítica es a la falta de imparcialidad de la justicia en este caso, una imparcialidad que considera prácticamente imposible cuando se habla del proceso independentista. Cuevillas cuestiona además la situación de la justicia española -ya lo hacía antes de defender a Puigdemont, por la falta de medios materiales y la reforma siempre pendiente- y critica abiertamente la politización que a su juicio marca los órganos de gobierno del poder judicial.

Pregunta.- Usted insiste en que Carles Puigdemont no es prófugo de la justicia

Respuesta.- Puigdemont sale de España cuando todavía no es ni querellado, por tanto es una persona con plena libertad de movimientos. A partir del momento en que recibe la citación informa de que está en Bélgica y se ofrece a declarar por videoconferencia. La Audiencia Nacional no lo acepta y cursa la orden europea de detención y tan pronto como se cursa Puigdemont se presenta ante la policía belga. Por tanto no es una persona fugada, se ha puesto en todo momento a disposición de la justicia. De hecho hay todo un procedimiento ante la justicia belga a la que Puigdemont se ha sometido desde el minuto uno.

P.- ¿Eso le exime de volver a España y presentarse ante la justicia española?

R.- No se trata de que lo exima o no. Él es un ciudadano que está en estos momentos libremente en Bélgica. La justicia española lo persigue, lo tiene tan sencillo como enviar una euroorden a Bélgica.

P.- Ha sido muy crítico con los autos del juez Llarena, le atribuye unos condicionamientos políticos que no deberían contener autos jurídicos.

R.- No he dicho eso exactamente. Lo que sí he denunciado es el contrasentido de que se mantenga una imputación en España y no se mantenga la orden de búsqueda. Lo que sucede es que el juez Llarena lo retira porque si no corre el riesgo de que la justicia belga lo cercene. Esto merece una triple crítica. Cualquier juez europeo tiene que aceptar que formamos parte de un espacio jurídico europeo y dentro de él, si otro juez toma determinadas decisiones, esto afecta al resto de los jueces europeos; deberíamos aceptarlo y no tener un trasnochado concepto de soberanía nacional que lleve a no aceptar que resoluciones de otros jueces puedan condicionar a un juez español. Además, si teme que un juez europeo limite esta euroorden, quizá debería replantearse que los cargos por rebelión son absolutamente inapropiados. Por último, el magistrado está perdiendo su imparcialidad porque en los razonamientos de sus autos explicita que busca un aseguramiento del éxito de una eventual condena, y esto va más allá de la labor del instructor. Está tomando partido por la tesis incriminatoria, por tanto está perdiendo su imparcialidad.

Es obvio que Llarena entra en consideraciones políticas, pero es que seguramente es inevitable, porque es una causa de trasfondo político"

P.- ¿Cree que el juez Llarena ha entrado en consideraciones políticas, como se dijo a raíz del auto en el que rechazó la petición de euroorden de la Fiscalía?

R.- Es obvio que entra en consideraciones políticas, pero es que seguramente es inevitable, porque estamos en una causa de trasfondo político. Las resoluciones últimas de Llarena han ido más allá de la interpretación estrictamente jurídica. Dice: “Mientras usted siga siendo independentista, eso es legítimo pero no me da garantías de que no reiterará delictivamente”, son consideraciones que van más allá del derecho penal.

P.- ¿Esas consideraciones contaminan la instrucción de la causa?

R.- En toda la causa, desde la instrucción que inició la juez Lamela y ahora el juez Llarena, se han producido múltiples vulneraciones de derechos fundamentales, que hemos ido denunciando. Todo esto se va a llevar a Europa ante las instancias correspondientes.

P.- ¿Por qué afirma que no se le deja representar a Puigdemont?

R.- En un determinado momento se me dice: usted ya no puede actuar mientras su cliente no se ponga a disposición. Esto jurídicamente no tiene base, la Lecrim no condiciona el derecho de defensa a que esté presente o no el imputado. Todos estos preceptos se tienen que interpretar a la luz de la Constitución, que prima el derecho de defensa y los múltiples convenios internacionales. Lo tengo recurrido, pero al recurso no le han dado ni trámite.

P.- Cuando apelan a la inmunidad y la inviolabilidad parlamentaria para defender que Puigdemont no puede ser detenido, ¿qué distingue eso de la impunidad?

R.- La impunidad es otra cosa, la impunidad la tiene el Rey, porque es inimputable. Los parlamentarios tienen inmunidad -protección absoluta respecto a sus opiniones como parlamentarios- e inviolabilidad, que significa que sólo pueden ser detenidos en flagrante delito. En otro caso se necesita el permiso de la cámara, el suplicatorio.

Si Puigdemont cree que es conveniente venir y hacerse detener para que se visualice la situación, es muy capaz"

P.- ¿Podemos descartar que Puigdemont vuelva a España?

R.- No podemos dar por descartado nada. Lo que he hablado muchas veces con él son las consecuencias de que venga. Si viene, aún con la orden de detención entiendo que la inviolabilidad impediría que pueda ser detenido, pero tengo el temor más que fundado de que no sería respetada su inviolabilidad y sería detenido. Ley en mano, si una persona encarcelada obtiene el acta de diputado debería ser excarcelado. Puigdemont es perfectamente consciente de que si viene aquí probablemente será, de forma ilegal, detenido y probablemente será, de forma ilegal, ingresado en prisión. Él sabe esto, conoce las consecuencias jurídicas, pero él acabará decidiendo no solo en consideración a las consecuencias jurídicas sino sobre todo a las políticas y personales. Si cree que es conveniente venir y hacerse detener para que se visualice la situación, es muy capaz.

P.- Según esa tesis Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Quim Forn están detenidos ilegalmente.

R.- Deberían haber sido inmediatamente excarcelados en el momento en que fueron elegidos diputados.

P.- La defensa de Jordi Sánchez recrimina al Tribunal Supremo que no está respetando su libertad de expresión. ¿Comparte ese criterio?

R.- No he leído con detalle los recursos y por tanto no voy a opinar sobre ellos. Sí he leído los autos y es evidente que el pensamiento de los presos se está tomando en consideración para mantener las situaciones de prisión.

P.- Ha participado en reuniones de JxCat.

R.- No.

P.- ¿Y cual era su papel durante los encuentros del grupo en el Parlament?

R.- No he participado en reuniones del Grupo, estoy en contacto con diputados y en nombre del Grupo de JxCat he presentado alegaciones al Constitucional, cosa que les expliqué.

P.- ¿Esos contactos tienen como objetivo salvaguardar los intereses legales de Puigdemont en las decisiones de JxCat?

R.- No.

P.- Cuando Puigdemont insiste en la restitución del Govern, ¿está dificultando la situación legal de los encarcelados?

R.- Es un plano político sobre el que no opino. No participo en las decisiones políticas sobre la investidura, no forma parte de mi campo. Pero sí tengo claro que lo que haga o deje de hacer Puigdemont o el grupo parlamentario no puede ni debe influir para nada en la situación de los que están en prisión.

P.- C’s ha propuesto inhabilitar a los políticos prófugos

R.- Eso es política, no voy a opinar.

Es muy difícil que podamos encontrar ni en el Supremo ni en el Constitucional jueces que tengan la imparcialidad necesaria, esto es un conflicto político, en España prácticamente nadie es imparcial"

P.- Sánchez ha recusado a un magistrado del TS por la contundencia de las opiniones de la Asociación Profesional de la Magistratura, de la que es miembro destacado. ¿Esas expresiones están fuera de lugar?

R.- Forma parte de las bases del derecho procesal el que el juez debe ser imparcial. El problema es que esto es un conflicto político, en España prácticamente nadie es imparcial, y los jueces que lo están juzgando no son imparciales. Objetivamente, además del TS, toda la cúpula de la carrera judicial adolece de falta de imparcialidad, lo ha denunciado el Consejo de Europa. España no cumple porque los jueces son nombrados por un órgano político como es el CGPJ. Ese es el primer defecto, pero consta además que muchos magistrados, el propio Llarena, son miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura que se ha posicionado pública y contundente en determinado posicionamiento político sobre este conflicto. Por tanto es muy difícil que podamos encontrar ni en el Supremo ni en el Constitucional jueces que tengan esa imparcialidad necesaria. No tiene solución en la configuración actual del sistema jurídico español, la solución pasaría por otorgar este juicio a jueces extranjeros que no tuvieran un posicionamiento ideológico previo.

El procés ha tensionado tanto las costuras del estado de derecho que ha evidenciado cosas que ya existían"

P.- ¿El procés ha acabado con la división de poderes?

R.- En España hay más de cinco mil jueces, que en su inmensa mayoría hacen un trabajo encomiable. Lo hacen con una sobrecarga de trabajo y falta de medios, ha habido un abandono total por parte de los poderes políticos. El problema está en la cúpula de la justicia, que está politizada. Si vamos a casos concretos, estos días constan llamadas del presidente del Gobierno o la vicepresidenta al TC. Esto en un estado de derecho es inadmisible. Sale el ministro de justicia posicionándose sobre un asunto subjudice, esto en cualquier otro país de la UE es impensable. Luego tenemos un grave problema con la Fiscalía. El fiscal general es nombrado por el gobierno y puede dar ordenes concretas. La separación de poderes existe formalmente, pero tiene demasiadas grietas, y esto no viene del procés. El procés ha tensionado tanto las costuras del estado de derecho que ha evidenciado cosas que ya existían.

P.- ¿Su esperanza es llevar el proceso a instancias europeas?

R.- Mi esperanza es que se imponga el sentido común y en España se proceda conforme a derecho. Los cargos de rebelión y sedición no hay por donde cogerlos. Entiendo que investiguen la malversación, pero no consta que se haya destinado un solo euro de dinero público al referéndum. También entiendo el debate sobre la desobediencia y la prevaricación, lo entendería si nos moviéramos en el marco en el que nos movíamos en el TSJC, cuando a mi me encargaron la defensa por una querella por desobediencia, malversación y prevaricación. Mi esperanza es que se imponga el sentido común y se retiren estos cargos de rebelión y sedición que requieren alzamiento. ¿Qué alzamiento se ha producido? Un alzamiento es entrar en el Congreso pistola en mano, en Cataluña hubo una votación pacífica en un parlamento.

P.- ¿Le preocupa la extensión de la causa a nuevos investigados como Marta Pascal o Marta Rovira?

R.- Todo es un sinsentido. No tiene sentido una causa por rebelión y sedición, a partir de aquí no caben agravantes. Esto produce otra vulneración de derechos fundamentales, porque tenemos una atomización de la causa entre el TS, la Audiencia Nacional, otra en el Juzgado Instrucción 13 y otra en el Superior de Justicia de Cataluña. Lo grave es que el Juzgado 13 decretó el secreto de sumario, ha ido practicando diligencias que luego administran elementos incriminatorios a otras causas.