Guerrero, el alto cargo que sabía demasiado

"Un fondo de reptiles para crisis". Cuando Javier Guerrero prestó declaración como testigo ante la Policía Nacional en la víspera del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de 2010 no era consciente del valor simbólico que iban a tener sus palabras cuando parafraseó a Otto von Bismarck para describir la partida económica que la Junta de Andalucía destinaba año tras año al pago de jubilaciones y empresas en crisis. Sin saberlo, aquella expresión iba a marcar un procedimiento judicial que entonces aún no se había iniciado -por aquellas fechas se investigaba sólo el ERE de Mercasevilla, la empresa pública que explota el mercado central de Sevilla- y que siete años después lo ha sentado en el banquillo de los acusados junto a otros 21 ex altos cargos de la Administración autonómica, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Resueltas las cuestiones previas por el tribunal, el juicio de la rama principal del caso ERE -la relativa a la ideación, diseño, organización, establecimiento y mantenimiento del procedimiento específico con el que la Administración andaluza entregó el dinero para los citados fines entre los años 2000 y 2010- se retoma este lunes con la declaración de Javier Guerrero, que permaneció más de 300 días en prisión preventiva durante la fase de instrucción en dos periodos distintos (de marzo a octubre de 2012 y de marzo a junio de 2013).

Éste es uno de los principales procesados por su condición de director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, cargo que desempeñó desde el 26 de septiembre de 1999 al 29 de abril de 2008. Fue el departamento de la Consejería de Empleo que gestionó la partida presupuestaria 31.L, a la que se imputó durante una década los más de 741 millones de euros repartidos en ayudas -según la acusación- de forma arbitraria y eludiendo los controles. La Fiscalía Anticorrupción pide para él una pena de ocho años de prisión como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos y 30 años de inhabilitación por prevaricación.

Con seguridad, los procesados por su responsabilidad en el ámbito de Hacienda defenderán en la vista oral la legalidad del mecanismo presupuestario utilizado para el abono de las ayudas (las transferencias de financiación), situando el balón de la responsabilidad por las irregularidades puestas de manifiesto en la instrucción -inclusión de intrusos en los ERE, concesión de ayudas a empresas fantasmas, pago de sobrecomisiones...- en el tejado de los altos cargos de Empleo encausados. El avance del juicio irá haciendo visible las estrategias de defensa.

Ex alcalde socialista de la localidad sevillana de El Pedroso,  antiguo funcionario del INEM y con una natural habilidad para la negociación, Guerrero reconoció cuando declaró en marzo de 2012  ante la juez que inició la instrucción del procedimiento -Mercedes Alaya, hoy magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla- que sus superiores le transmitieron la indicación de que la Consejería de Empleo tenía que dotarse de un "sistema operativo" con sus propios medios para poder hacer frente de manera ágil a situaciones de crisis en empresas con elevado número de trabajadores, como había ocurrido con las jienenses Cárnicas Molina o Santana Motor. "Era una preocupación de la Junta de Andalucía el mantenimiento de la paz social", confesó.

Extracto del informe policial en el que Javier Guerrero describe la partida para los ERE como "fondo de reptiles para crisis".

Esa inquietud es la que había llevado en julio de 2001 a la firma del convenio marco -rubricado entre José Antonio Viera, entonces consejero de Empleo, y Antonio Fernández, presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en aquellas fechas- que consagró el procedimiento bajo sospecha: Empleo concedía las ayudas pero encargaba la materialización del pago al citado ente tras derivarle el dinero mediante el mecanismo presupuestario de las transferencias de financiación, un procedimiento abiertamente irregular según la tesis acusatoria. La Junta de Andalucía optó por esta suerte de "fondo de reptiles" y guardó en el cajón los borradores de órdenes y decreto para regular la concesión de ayudas a prejubilaciones que llegaron a analizarse en tres reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros (los conocidos consejillos).

Resueltas las cuestiones previas por el tribunal, el juicio de la rama principal del 'caso ERE' se retoma con la declaración del ex alto cargo que gestionó el 'fondo de reptiles'

En aquella comparecencia ante Alaya, el ex alto cargo indicó que los únicos que le podían imponer a quién debía conceder las ayudas eran sus inmediatos superiores en Empleo, pero que había otros cargos del Gobierno andaluz que "le daban la lata". "Cada consejero, al ser de una provincia determinada, se interesaban por los temas de su provincia. Por ejemplo, [Isaías Pérez] Saldaña se interesaba por el tema de la Faja Pirítica; [Gaspar] Zarrías por el tema de Santana, el Parque de Proveedores, Cerámica Syre y Gres Vilches, y Viera se interesaba por el tema de la Sierra Norte y TGA Aeronáutica. Incluso los parlamentarios se interesaban por los temas de su provincia", mantuvo Guerrero en aquel extenso interrogatorio al que lo sometió la instructora, que llegó a formularle 145 preguntas. Aquella mañana del 7 de marzo de 2012, también reconoció que en cierta ocasión recibió un fax del "Gabinete de Chaves" en el que le instaba a solucionar "inmediatamente" la crisis en la empresa cordobesa Bilore, "pues el Presidente tenía que acudir a la localidad donde estaba ubicada" la citada compañía.

La vista oral que se retoma esta semana determinará la responsabilidad de Guerrero en el mantenimiento del procedimiento específico por el que la Junta de Andalucía repartió discrecionalmente el dinero durante una década, sin entrar en el detalle de las ayudas individuales. Éstas se dilucidarán en decenas de piezas separadas, como acordó la magistrada María Núñez Bolaños -titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla tras la marcha de Alaya a la Audiencia de Sevilla- cuando accedió a trocear la macrocausa para agilizar la investigación y el eventual enjuiciamiento.

En principio, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social está imputado en otras piezas incoadas, como en la que se ha investigado la concesión de ayudas por casi 1,5 millones de euros a empresas 'fantasma' de su antiguo chófer (Juan Francisco Trujillo Blanco) y que ya se ha elevado a la Audiencia de Sevilla para su enjuiciamiento. El conductor reconoció en sede judicial haber gastado entre 20.000 y 25.000 euros al mes en la compra de cocaína para consumo propio y de su jefe con el dinero concedido a sus sociedades con cargo al fondo de reptiles para proyectos que nunca vieron la luz.

Cuando declaró ante la instructora, Guerrero dijo que sus superiores le transmitieron la "preocupación" de la Junta de Andalucía por el "mantenimiento de la paz social"

Guerrero siempre negó esa acusación de su antiguo chófer, que atribuyó a una "revancha" de éste por haber pedido que lo apartaran como conductor por "incumplimiento reiterado en el trabajo" y por la forma en que "últimamente acudía vestido". El ex alto cargo declaró a Alaya que "un cocainómano no tendría" ni su "capacidad mental" ni su "memoria", que "no sabe donde se compra" la droga y que "nunca había consumido".  "Lo único que me gusta es el Marlboro y una copa de gin-tonic con Beefeater que me tomo de postre", aclaró.

Con seguridad, ésa y otras imputaciones adicionales terminarán decayendo una vez que la Audiencia de Sevilla resuelva su recurso, toda vez que el citado órgano judicial ya ha establecido que a los altos cargos que se sientan en el banquillo de los acusados por la rama política del caso no se le podrán formular reproches penales en otras piezas en aplicación del principio non bis in idem (un mismo hecho no puede ser sancionado más de una vez) al haber incluido la Fiscalía Anticorrupción la malversación de caudales públicos en el escrito de acusación correspondiente al procedimiento objeto ahora de enjuiciamiento.

La suegra, intrusa en un ERE

No han sido las únicas irregularidades por las que ha sido investigado Javier Guerrero en esta macrocausa, cuya instrucción arrancó en enero de 2011. Las pesquisas policiales y la instrucción judicial le acusó de haber incluido como falsos trabajadores a cinco personas de su entorno en expedientes de regulación de empleo incentivados por la Junta de Andalucía. Una fue su suegra, que cobró 119.699 euros como beneficiaria de una póliza de prejubilaciones en el ERE de una empresa -SOS Cuétara- en la que nunca había trabajado.

Cuando se le preguntó en sede judicial por la presencia de intrusos, el ex director general de Trabajo lo justificó de la siguiente manera: "Estas personas estaban en la misma situación que los colectivos de los trabajadores prejubilables en las empresas a los que se ayudaron y entendía que cumplían los requisitos del artículo 28 de la Ley General de Subvenciones, de forma que si llegaba a la Dirección General de Trabajo una persona con dificultades económicas y difícil reinserción social se les ayudaba".

Años después, y tras haber pasado por la cárcel, su futuro se dilucidará durante los próximos meses en una sala de vistas de la Audiencia de Sevilla. El tribunal deberá determinar la legalidad del procedimiento instaurado por la Junta de Andalucía y que permitió a ésta garantizarse durante años la "paz social", como Javier Guerrero le reconoció a la juez Alaya en aquella mañana de marzo de 2012.