La UCO se refuerza con 15 agentes más para acabar de investigar 'Púnica' y 'Lezo' en 2018

La dirección de la Guardia Civil reforzará temporalmente la Unidad Central Operativa (UCO) con unos 15 agentes procedentes de otros destinos para tratar de acabar este año las investigaciones de algunos de los principales casos de corrupción en marcha, como Púnica y Lezo. La incorporación de estos funcionarios se prevé que se haga efectiva durante el mes de marzo.

Según ha podido conocer El Independiente, el Instituto Armado ha empezado ya a seleccionar a los nuevos agentes que desempeñarán su trabajo durante los próximos meses en el grupo de Delitos contra la Administración, uno de los tres que integran el departamento de Delincuencia Económica y Tecnológica de la UCO. Los investigadores permanecerán en comisión de servicio durante un plazo máximo de un año.

El refuerzo se produce a raíz de la petición que el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, formuló al Ministerio del Interior el pasado mes de diciembre. La fiscal asignada al caso Lezo, Ana Cuenca Ruiz, también aprovechó un escrito para solicitar más agentes a fin de agilizar las investigaciones de estas complejas causas de corrupción con múltiples ramificaciones y decenas de imputados.

El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional es uno de los órganos con mayor carga de trabajo por casos de corrupción. Desde octubre de 2014 investiga el caso Púnica, la trama encabezada por el ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y en el que ha aflorado la financiación irregular del PP madrileño. Un dato da una idea de la dimensión del procedimiento: ya han sido llamadas al procedimiento en calidad de imputados más de 170 personas, entre cargos públicos y empresarios.

Desde el pasado mes de abril, el juzgado del que es titular García-Castellón instruye también el caso Lezo, en el que se trata de desentrañar el presunto saqueo de fondos de la Comunidad de Madrid. Ésta es la causa en la que figura como principal investigado el ex presidente Ignacio González, en libertad provisional tras haber permanecido en prisión preventiva durante 202 días.

El refuerzo se produce tras la petición que el juez de la Audiencia Nacional García-Castellón hizo a la dirección de la Guardia Civil en diciembre

Con el avance de las pesquisas, lo que empezaron siendo dos sumarios se han ido desgajando en múltiples piezas separadas, acumulando ya 16 el caso Púnica y cinco Lezo. Sin embargo, los investigadores policiales no han aumentado, lo que justifica el refuerzo acordado ahora por la Dirección de la Guardia Civil para la UCO en un intento de que los procedimientos puedan recibir un impulso. El máximo responsable del Instituto Armado, José Manuel Holgado Merino, es magistrado en excedencia.

El elevado número de asuntos complejos en tramitación por parte de este juzgado de la Audiencia Nacional ya llevó a la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado 17 de agosto a acordar que el magistrado Diego de Egea -titular del Juzgado de Instrucción 43 de Madrid- se incorporara en labores de refuerzo. Esta comisión de servicio tenía de plazo inicialmente hasta el 31 de diciembre, si bien el máximo órgano de gobierno de los jueces acordó a principios de enero renovarla hasta el próximo 30 de junio.

El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional es al que también le ha correspondido la investigación por la que se encuentra actualmente en prisión el comisario ya jubilado José Manuel Villarejo, acusado de la posible comisión de delitos de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal. En este caso, las pesquisas policiales las dirige la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, dada la condición de agente encubierto que tenía el principal imputado y la presencia de otro policía implicado en la trama: el comisario Carlos Salamanca, también en la cárcel de forma preventiva.

'Taula', 'Hulla'...

Junto a Púnica y Lezo, la UCO es el cuerpo policial que auxilia a otros juzgados españoles en el esclarecimiento de otras causas de corrupción. Es el caso de Taula, en la que, dirigida por Instrucción 18 de Valencia, se investiga desde 2014 si el Gobierno de esa comunidad, la Diputación valenciana y ayuntamientos cobraron mordidas del 3 % a cambio de la adjudicación de contratos públicos. También se trata de determinar si el PP regional financió irregularmente campañas electorales.

La UCO también investiga al ugetista Fernández Villa y el caso ERE en Andalucía

En paralelo, el grupo de Delitos contra la Administración de la UCO investiga también el presunto desvío de fondos por parte de una trama liderada por el histórico dirigente José Ángel Fernández Villa, ex secretario general del Sindicato Obrero de la Minería Asturiana SOMA-Fitag-UGT. Se trata del conocido como caso Hulla, dirigido por el Juzgado de Instrucción 3 de Oviedo.

Esta unidad de la Guardia Civil también es la encargada de la investigación del caso ERE  y del fraude de los cursos de formación, si bien desde que se produjo el relevo al frente del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla -la magistrada María Núñez Bolaños sustituyó en junio de 2015 a Mercedes Alaya, después de que ésta lograra una plaza en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla- las peticiones por parte de la instructora para avanzar en las pesquisas han decaído ostensiblemente.