Granados implica en la financiación ilegal a Aguirre y Cifuentes sin aportar pruebas

El ex número dos del PP madrileño, Francisco Granados, ha declarado voluntariamente este lunes en la Audiencia Nacional para negar la mayor: él no participó en la presunta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid. El líder de la trama Púnica ha sostenido ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón, y las fiscales Anticorrupción que sí le consta que hubo una "campaña paralela" en los comicios de los años 2007 y 2011 cuando Esperanza Aguirre era la candidata.

En dichas citas electorales el PP de Madrid habría concurrido dopado a las urnas gracias a haberse nutrido de fondos de partidas de publicidad de la Comunidad de Madrid (CAM).  En esa práctica irregular habrían participado, siempre según la versión del investigado, el expresidente González, los ex consejeros Borja Sarasola e Ignacio Taboada y la ex directora de medios de la CAM, Isabel Gallego. Él se habría encargado de gestionar las campañas en A y el resto de los fondos en B.

El juez de Púnica sitúa a Francisco Granados como el presunto recaudador de fondos B con los que se nutría la formación madrileña

Tanto la Guardia Civil, como Anticorrupción y el instructor de Púnica, sitúan a Francisco Granados como el presunto recaudador de fondos B con los que se nutría la formación madrileña. Sin embargo, el ex secretario general de dicha formación ha tratado este lunes de demostrar que sí alguien se encargaba de controlar esos fondos opacos en su partido era el ex presidente Ignacio González.  El inconveniente es que Granados ha hecho esas duras acusaciones sin aportar prueba alguna de las mismas.

Según informan fuentes jurídicas consultadas por El Independiente, Granados ha situado en el centro de la trama al ex presidente madrileño Ignacio González, en relación a las citadas campañas electorales de los años 2007 y 2011. El ex consejero madrileño también ha arremetido contra la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a la que ha acusado de estar al tanto de esa financiación irregular por haber tenido una "relación sentimental" con González. Por su parte, Cifuentes ya anunciado una querella contra el imputado.

Fuentes presentes en la declaración explican que Granados ha asegurado que entre Aguirre y González "nombraban a todos los cargos" de Madrid y que "no había ningún asunto que no controlase" la expresidenta madrileña.

Yo he venido aquí a defenderme y a explicar cómo funcionaba el gobierno de Madrid', ha explicado Granados a los periodistas

Por otro lado, Francisco Granados ha respaldado en su declaración las tesis de los investigadores, que apuntan a que la financiación ilegal del PP madrileño se producía a través de empresas privadas y también públicas, como la fundación Fundescam y otros órganos de la Administración, que pagaban por servicios no prestados a empresas que después organizaban los actos de campaña del Partido Popular. Eso sí para desvincularse por completo de cualquier práctica irregular relacionada con una Caja B.

Es la misma tesis que ya sostuvo en sede judicial el empresario argentino Daniel Horacio Mercado, dueño de Over Marketing, que confesó haber cobrado y gestionado servicios en negro para el PP de Madrid.

Delegó la gestión de Arpegio

En cuanto a la empresa pública Arpegio, uno de los epicentros de corrupción en la Comunidad de Madrid, el ex consejero madrileño ha indicado que por orden de Aguirre delegó toda la responsabilidad en el entonces consejero delegado Eduardo Larraz - ex jefe de Gabinete de Celia Villalobos, también imputado en Púnica, al que se incautaron 146 lingotes de oro- y que, por dicha razón, él se desentendió del funcionamiento de esta empresa porque era lo que menos le importaba.

Por otro lado, durante su declaración, Granados ha vuelto a defender que el dinero que tenía en Suiza, 1,6 millones de euros, lo obtuvo de su actividad en la bolsa cuando trabaja en la entidad Société Générale y que cuando traspasó esta cantidad a su exsocio David Marjaliza, este le cobró una comisión de 200.000 euros por la operación.

Sobre el millón de euros que le fue incautado en casa de sus suegros, el imputado ha subrayado que la única persona que lo conocía era Marjaliza y porque en prisión este le pidió un préstamo de 150.000 euros para pagar a su abogado y entonces Granados le explicó que el único dinero del que disponía lo tenía en casa de los padres de su esposa Nieves Alarcón.

En cuanto a las adjudicaciones de obra pública en materia de infraestructuras, ha explicado que en las obras del metro, al principio, se contrataba a las grandes empresas porque eran las que disponían de tuneladoras, pero, más adelante, y en otras obras como tranvía o metro ligero, se empezó a contratar a constructoras medianas.

A este respecto, Marjaliza señaló en una de sus comparecencias que el exconsejero madrileño comentó en una cena que las licitaciones que se llevaban las grandes constructoras, él intentó dárselas a empresas medianas (Albi, San José, Teconsa), y que el empresario Florentino Pérez, molesto por ello, se habría encargado de lograr que su jefa, Esperanza Aguirre, le cesara como consejero.

Al término de su declaración, ante preguntas de los periodistas, Francisco Granados ha señalado lo siguiente: "Yo he venido aquí a defenderme y a explicar cómo funcionaba el gobierno". El imputado -ya condenado en una primera pieza separada de la trama Púnica- justificó la ausencia de documentación con la que ha asistido a declarar así: "Yo no me voy de la Administración llevándome papeles".

El interrogatorio del acusado continuará el próximo día 20 en la Audiencia Nacional.