Guerrero se ratificó en 2012 ante la juez en la declaración policial que ahora no reconoce

Javier Guerrero, el alto cargo de la Junta de Andalucía que gestionó el 'fondo de reptiles' y uno de los principales procesados en el caso ERE, no ha ratificado las declaraciones que en calidad de imputado prestó ante la Policía Nacional y la Guardia Civil antes de comparecer por primera vez antes de la juez Mercedes Alaya. Para justificarlo, Guerrero ha dicho que sufrió una gran "presión mediática y de la Policía" para que declarara y que las actas de las comparecencias no recogen exactamente lo que él afirmó.

La estrategia de defensa que desarrolla el ex director general de Trabajo y Seguridad Social le ha llevado a desdecirse de manifestaciones anteriores. Cuando declaró el 7 de marzo de 2012 ante la entonces titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla aseguró que se ratificaba en todo lo que había dicho en las declaraciones ante la Guardia Civil el 26 de enero y el 21 de febrero de 2012 y que ahora no reconoce.

Acta de la declaración de Javier Guerrero ante la juez Alaya el 7 de marzo de 2012, cuando se ratificó de sus declaraciones en sede policial.

Como puede comprobarse en el acta de aquella comparecencia, que se reproduce sobre estas líneas y que no había sido cuestionada desde entonces, la juez Alaya comenzó el interrogatorio con la siguiente pregunta: "¿Se ratifica V. [usted] en la declaración que le tomó la Guardia Civil el 26 de enero y el 21 de febrero de 2012?". La transcripción literal de la secretaria judicial fue: "Que se ratifica en su declaración". La instructora insistió: "¿Se ratifica también en las dos declaraciones policiales previas que Vd. prestó [el 21 de diciembre de 2010 y el 11 de marzo de 2011]?" La respuesta fue idéntica: "Que igualmente se ratifica en estas declaraciones".

Javier Guerrero es el primero de los 22 encausados en declarar ante el tribunal que enjuicia la causa en la que se dirime la responsabilidad política por el diseño, establecimiento y mantenimiento del procedimiento específico con el que la Junta de Andalucía concedió ayudas por más de 855 millones de euros entre los años 2000 y 2010. La vista oral se ha retomado este lunes una vez que se han resuelto las cuestiones previas.

Acogiéndose a su derecho constitucional, Javier Guerrero ha señalado al inicio de la comparecencia que no iba a responder las preguntas de acusaciones ni resto de las defensas. Ante la negativa del procesado a contestar, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se dé lectura a las declaraciones que Guerrero hizo durante la fase de instrucción, a lo que ha accedido el presidente del tribunal -el magistrado Juan Antonio Calle- ante la protesta de uno de los abogados de las defensas.

De esta forma, el secretario judicial ha comenzado leyendo el acta de su declaración en calidad de imputado ante la Policía Nacional el 11 de marzo de 2011, semanas después de que la juez Mercedes Alaya abriera el caso ERE. Era la segunda vez que comparecía ante los investigadores policiales, que le habían llamado como testigo el 21 de diciembre de 2010 y en la que el ex alto cargo describió como "fondo de reptiles para crisis" la partida con la que la Administración andaluza sufragaba las pólizas de prejubilaciones y concedía ayudas a empresas en situación de crisis.

Casi siete años después, y en contra de lo que manifestó ante Alaya, Guerrero no se ve reflejado en las palabras que pronunció entonces ante el inspector de la Policía Nacional que llevó a cabo la investigación durante el primer año y no ha ratifica aquella declaración. La primera abogada del ex alto cargo ya denunció en un escrito presentado en el juzgado que su representado había sufrido presión policial para que declarara y que éste lo hizo en contra de su criterio. En su escrito, la letrada reveló que el inspector de Policía le espetó a Guerrero al comienzo de la comparecencia. "Como quedamos ayer, vas a declarar sobre los puntos que te dije", detalló. Y añadió: "El inspector, enfurecido, arremetió verbalmente contra esta letrada y me dice que abandone de inmediato el despacho. Ante mi negativa, comienza a proferir todo tipo de gritos llegando a amenazarme con ordenar mi detención".

El ex alto cargo tampoco ha corroborado el contenido de sus declaraciones ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el 26 de enero de 2012, después de que Alaya encargara la investigación a este Cuerpo. "Por los mismos motivos que antes no la ratifico", ha respondido Guerrero a su abogado, Fernando de Pablo.

El ex director general de Trabajo andaluz no ratifica sus declaraciones en sede policial: dice ahora que sufrió "presión mediática y de la Policía"

Aquel día, el ex director general del Trabajo defendió que la adjudicación de ayudas "debía de ser conocida" en el Consejo de Gobierno puesto que era un asunto que se trataba "de manera frecuente" en el consejo de dirección de la Consejería de Empleo, al tiempo que denunció que le habían llegado noticias de la destrucción de documentos "a partir de que surge el escándalo de los ERE fraudulentos en Mercasevilla".

Guerrero y el resto de los presentes en la sala han tenido que escuchar también la lectura de la declaración que, durante cuatro horas y media, Javier Guerrero prestó como imputado ante la UCO en la tarde del 21 de febrero de 2012. Aquel día, el interrogatorio estuvo centrado en gran medida en los motivos que llevaron a la Junta para regar con fondos públicos a empresas de la Sierra Norte, comarca sevillana de 30.000 habitantes que recibió el 70 % de las ayudas a empresas en crisis (50 de 95 millones de euros).

Ya fuera de la Administración autonómica, Guerrero colocó el foco en aquella comparecencia sobre el ex consejero José Antonio Viera, del que dijo que tenía una "relación de simpatía" con empresarios de la zona y que fue éste quien le dio instrucciones para que se apoyara al grupo empresarial controlado por los ex concejales socialistas de El Pedroso (Sevilla) José Enrique Rosendo y José María Sayago. Éstos, que contrataron como empleada a una hija de Viera, llegaron a recibir 16,8 millones en subvenciones y funcionaban como un "trust", según puso de manifiesto la Guardia Civil en un informe.

El alto cargo que gestionó el 'fondo de reptiles', el primero de los 22 procesados en declarar, rechaza responder a acusaciones y defensas

En aquel interrogatorio, los agentes de la Guardia Civil también se interesaron por el conocimiento de las ayudas concedidas con cargo a la partida presupuestaria 31.L o fondo de reptiles que tenía Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía durante la mayor parte del periodo investigado y uno de los 22 personas que se sientan ahora en el banquillo de los acusados por la posible comisión de un delito de prevaricación. Guerrero reconoció que había recibido instrucciones del equipo de Chaves para que se solucionara el conflicto en la empresa cordobesa Bilore, puesto que el presidente iba a acudir a la localidad cordobesa donde aquélla tiene su sede -Lucena- y quería desactivar las eventuales protestas de los trabajadores.

Al filo de las 15 horas, el presidente del tribunal ha suspendido la sesión hasta mañana, cuando continuará la lectura del acta de la extensa declaración que Javier Guerrero prestó ante la primera juez instructora entre el 7 y el 9 de marzo de 2012. Cuando terminó de interrogarle, la magistrada -hoy magistrada en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla- lo mandó a prisión sin fianza, estando privado de libertad durante más de siete meses. Un año después volvió a ser encarcelado.

El tribunal rechaza la suspensión del juicio como había pedido la defensa de uno de los acusados por no contar con toda la documentación admitida

Cuando se termine de leer la declaración de aquella comparecencia judicial se hará lo propio probablemente con la que prestó el 20 de marzo de 2013, momento en el que tendrá el turno su abogado defensor para interrogarle. Salvo cambio súbito de opinión, serán las únicas preguntas que responda.

La sesión de este lunes se había iniciado con las defensas formulando doble protesta ante el tribunal por aceptar algunas de las cuestiones previas planteadas por el Ministerio Público y la acusación popular que ejerce el PP y por denegar otras pruebas planteadas por ellas. El tribunal ha rechazado la suspensión del juicio, como había pedido el abogado del ex director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Jacinto Cañete hasta no disponer de la "completa y profusa" documental probatoria que ha sido admitida y disponer de un "prudencial plazo" para poder estudiarla.

El PP y la responsabilidad civil

En un auto fechado el pasado 9 de febrero, los magistrados se oponen de plano a que se suspendiera la continuación de la vista oral recordando que ni en la doctrina del Tribunal Supremo ni en la Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene acomodo tal posibilidad. "Las defensas tuvieron conocimiento de las pruebas propuestas por las acusaciones en las sesiones del juicio dedicadas a las cuestiones previas, por lo que la prueba contradictoria que pudiera rebatir o refutar a la propuesta por las acusaciones debería haberse propuesto en el citado trámite de cuestiones previas, bien al plantear las cuestiones previas por las defensas (pues ya conocían las pruebas propuestas por las acusaciones), bien al rebatir las cuestiones previas planteadas por las acusaciones. No podemos olvidar que todas las partes pidieron un aplazamiento de la vista para preparar el trámite de réplica a las cuestiones previas planteadas de contrario, aplazamiento que fue concedido. Por lo que tuvieron tiempo más que suficiente para que en el citado trámite de réplica poder proponer lo que a su derecho conviniera para rebatir o refutar las propuestas por las acusaciones. O haber solicitado, en su caso, un mayor aplazamiento del trámite de réplica para proponer pruebas a fin de rebatir las propuestas por las acusaciones", razona.

En paralelo, en una providencia fechada también el pasado viernes, el tribunal también ha rechazado la petición de la acusación popular que ejerce el PP de solicitar 741 millones de euros en concepto de responsabilidad civil para los acusados, a la que había desistido en su escrito de acusación. "No ha lugar a lo solicitado, dado que la acusación popular no está legitimada para solicitar responsabilidad civil, que sólo puede ser reclamada por el ofendido o perjudicado y por el Ministerio Fiscal", ha resuelto.