El Gobierno no piensa dar su brazo a torcer ante Ciudadanos aunque de ello dependa la aprobación de los Presupuestos. Ambos partidos tenían ya acordadas una serie de medidas "naranjas" para sacar adelante las cuentas de este año con la única condición de que el PP destituyera a la senadora Pilar Barreiro, imputada en la trama Púnica. Pero los populares no piensan quitarle el cargo hasta que no haya una resolución del Supremo y, a falta de Presupuestos, el Ejecutivo mantiene su pulso ante su socio de investidura y plantea actualizar las cuentas mediante reales decretos. Pueden hacerlo, sí, pero "no es una manera excesivamente estable de gobernar", apuntan en la formación naranja: "Ni democrática".

La amenaza formulada este miércoles por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es una muestra más para Ciudadanos de lo que le cuesta al PP cumplir con sus compromisos en materia de corrupción y añade más tensión si cabe a la relación entre ambos partidos, que no hay día que no se lancen los trastos a la cabeza. "Lo lógico es aprobar los Presupuestos, ya había unas medidas acordadas, pero el Gobierno prefiere la parálisis de un país antes que cumplir con lo básico y proteger a los corruptos de su partido", denuncian las fuentes consultadas. Por ahora, el pacto también está congelado, como ha confirmado el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.

Hace solo unos meses, en septiembre, Rivera anunciaba con satisfacción un preacuerdo relativo a los Presupuestos

Hace tan solo unos meses, el pasado septiembre, cuando la relación entre ambos partidos gozaba todavía de salud, Albert Rivera anunciaba con satisfacción un preacuerdo con el Gobierno relativo los Presupuestos que incluía una batería de medidas destinadas a la conciliación familiar. Entre ellas, la ampliación del permiso de paternidad una semana más o un cheque para familias con niños de 0 a 3 años para compensar el pago de la guardería en caso de que los padres tengan que trabajar.

Además, Ciudadanos había conseguido el compromiso del Ejecutivo de rebajar el IRPF y la equiparación salarial entre los cuerpos policiales. Una serie de mejoras que este año ya no entrarán en vigor. "Habíamos negociado unas medidas de más de 8.000 millones que se sumaban a las aprobadas en 2017", lamentan.

Pero desde septiembre esta relación ha dado un giro de 180 grados a causa, principalmente, de la situación en Cataluña y el beneficio que ha obtenido Ciudadanos de ello a nivel nivel nacional. "Más que el socio de investidura se comportan como el principal partido de la oposición", ha denunciado en los últimos días el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo.

La guerra entre ambas formaciones se ha ido endureciendo tras la victoria de Inés Arrimadas en Cataluña, su negativa a ceder un escaño a los populares para crear grupo propio en el Parlament y se ha acrecentado a medida que el partido de gobierno ve cómo la que llamaban "su marca blanca" le va comiendo terreno. Todas las encuestas coinciden en el crecimiento de la formación naranja en unas hipotéticas elecciones generales y algunas incluso la sitúan como primera fuerza por delante de PP y PSOE.

Mientras los de Rivera se han envalentonado con los sondeos, los populares se sienten amenazados y su estrategia pasa ahora por desacreditarles a la mínima oportunidad. Ya han pedido la dimisión del líder naranja por el informe del Tribunal de Cuentas en el que no se da el visto bueno a la contabilidad del partido naranja de 2015 y en cada entrevista y cada intervención en el Congreso hay unas palabras dedicadas a Ciudadanos. Éstos, por su parte, exprimen cada interlocución que tenga que ver con Cataluña. En la sesión de control de la pasada semana, Rivera reprochaba a Rajoy que se hubiera destinado dinero del FLA al desafío independentista sin que el Gobierno se percatara. Y suma y sigue.

"Aprobarán leyes sin mucho criterio"

Además de las partidas acordadas con la formación naranja, muchas medidas de gran calado pueden verse afectadas sin unos Presupuestos. Si bien se pueden ir actualizando las cuentas, "tienen poco margen de maniobra", apuntan las fuentes consultadas.

A su juicio, gobernar por decreto no es la fórmula más "estable" ni "democrática" de hacerlo, pero aseguran que ellos van a mantener la exigencia de cumplir los pactos y esperan con expectación las propuestas del partido de Gobierno. "Irán aumentando las partidas que consideren necesarias, pero lo harán seguramente sin mucho criterio y pensando electoralmente", apuntan. Esta fórmula, añaden, no puede servir durante mucho tiempo.

Por el momento, el Ejecutivo tiene previsto aprobar las ofertas públicas de empleo de 2018, el reparto de 4.230 millones de euros a las comunidades autónomas, las mejoras salariales previstas para los funcionarios o la equiparación salarial de los cuerpos policiales. Lo que dure esta fórmula, está por ver.